Noticias

Reforma Fiscal 2021

El pasado 8 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación (el “Decreto”), mismo que entró en vigor el 1º de enero de 2021.

Por medio del Decreto, se llevaron a cabo diversas modificaciones y adiciones al Código Fiscal de la Federación (“CFF”), la Ley del Impuesto sobre la Renta (“LISR”) y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (“LIVA”). Dentro de los principales cambios, se encuentran los siguientes:

I. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y Certificados de Sellos Digitales

1.- Requisitos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. A través del Decreto se prevén diversas modificaciones al CFF en materia de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (“CFDI”) y Certificado de Sello Digital (“CSD”).

El artículo 29-A del CFF establece que, en caso de no contar con la clave del Registro Federal de Contribuyentes (“R.F.C.”), de la persona en cuyo favor se expide el CFDI, los contribuyentes pueden emitirlo utilizando una clave genérica, como si la operación se hubiera celebrado con el público en general.

También se establece que deberán usarse los catálogos que manifiesta el Servicio de Administración Tributaria (“SAT” o la “autoridad fiscal”), a efecto de incluir en el CFDI los datos correspondientes a cantidad, unidad de medida y clase de bienes, mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.

Finalmente, para los pagos que se realicen en una o varias exhibiciones, pero de forma diferida, se aclara que debe emitirse un CFDI por la totalidad de la operación, al momento de realizarla y, posteriormente, se deben emitir un CFDI por cada pago que se reciba.

2.- Pagos considerados como diferidos por CFDI simplificado. Para efectos del artículo 14 del CFF, se establece que cuando los contribuyentes emitan un CFDI simplificado, se entenderá que la operación se está llevando a cabo a plazo, con pagos diferidos o en parcialidades. Lo anterior, inclusive, es aplicable a aquellas operaciones que se realicen con el público en general y se difiera más del 35% del precio total, para después del sexto (6º) mes y el plazo que esté pactado exceda de doce (12) meses.

3.- Nuevos supuestos de cancelación o bloqueo del CSD. A través del Decreto se adicionan dos (2) supuestos en el artículo 17-H del CFF en los que se establece que se cancelará el CSD: (i) cuando se detecte que quien emitió el CFDI no desvirtuó la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas dichos comprobantes, ubicándose listado de forma definitiva conforme a lo dispuesto en el artículo 69-B del CFF y, (ii) cuando se detecte que se está ante un contribuyente que no desvirtuó la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales, encontrándose, por ende, listado conforme a lo dispuesto por el noveno párrafo del artículo 69-B del CFF.

Del mismo artículo 17-H, se amplía el plazo de tres (3) a diez (10) días para que la autoridad fiscal dé respuesta a la solicitud para obtener un nuevo CSD, una vez que se hayan subsanado las irregularidades identificadas por el SAT. Dicho plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a aquél en el que se reciba la solicitud correspondiente.

Por otra parte, el artículo 17-H Bis del CFF, que prevé las causales de bloqueo de los CSD, elimina las fracciones IV y X, que corresponden a los dos (2) supuestos adicionados a las causales de cancelación de los CSD, previamente mencionados. Al respecto, se señala un plazo límite de cuarenta (40) días hábiles para que los contribuyentes a los que les fue bloqueado el CSD puedan solicitar una aclaración y subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar las causas que motivaron la medida.

En caso de que se exceda del plazo de cuarenta (40) días hábiles sin haber presentado la solicitud correspondiente, el SAT podrá cancelar los CSD que correspondan.

II. Devolución de contribuciones

Tratándose del procedimiento de solicitud de devolución de contribuciones previsto en el artículo 22 del CFF, la mecánica para devolver se llevará a cabo de la misma forma en la que ha venido funcionando, con la diferencia de que las autoridades fiscales podrán tener por no presentada la solicitud de devolución en los casos siguientes: (i) cuando el contribuyente se encuentre como no localizado en el R.F.C., o (ii) cuando el domicilio del contribuyente se encuentre como no localizado ante el R.F.C.

En dicho caso, el Decreto establece que el plazo de cinco (5) años con que se cuenta para solicitar la devolución del saldo a favor seguirá corriendo, sin que la solicitud que se tuvo por no presentada interrumpa la prescripción de dicho derecho del contribuyente.

De igual forma, el artículo 22-D del CFF aclara que, de existir varias solicitudes de devolución por parte del mismo contribuyente, respecto de una misma contribución, la autoridad fiscal puede ejercer facultades de comprobación por cada una o la totalidad de solicitudes, posibilitándolo para emitir una sola resolución por todos los procedimientos.

Para la emisión de la resolución correspondiente, se amplía de diez (10) a veinte (20) días hábiles, posterior al término del plazo del ejercicio de facultades de comprobación.

III. Aviso de personas morales para informar al R.F.C su estructura corporativa

En relación con el aviso que deben dar las personas morales de su estructura accionaria/societaria, contemplado en el artículo 27, apartado B, fracción VI del CFF, inicialmente se solicitaba que el informe debía contener el nombre y R.F.C. de los socios o accionistas, a efecto de que el SAT contara con información en tiempo real de la estructura accionaria de las personas morales.

Por medio del Decreto se aclara que dicho aviso debe hacerse cada vez que se realice alguna modificación o incorporación, debiendo incluir no sólo a socios o accionistas, sino también a asociados o cualquier otra persona que forme parte de la estructura orgánica de la persona moral y ostenten dicho carácter conforme a los estatutos o legislación aplicable en el lugar de su constitución.

IV. Sanciones y multas de concesionarios de redes públicas de telecomunicación y retenciones por prestación de servicios digitales

1.- Sanciones y multas de concesionarios de redes públicas de telecomunicación. Tratándose de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero que no cuenten con un establecimiento permanente (“EP”) en México, se adicionan diversos artículos en la LIVA y la LISR para facultar al SAT para bloquear el acceso a los servicios digitales de los prestadores, en caso de incumplimiento con las obligaciones señaladas en las leyes, así como por su omisión en el pago del o los impuestos correspondientes.

En congruencia con lo anterior, los artículos 18-H QUÁTER y 18-H QUINTUS de la LIVA establecen que los bloqueos o desbloqueos se ordenarán por la autoridad fiscal y deberán llevarse a cabo por los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones en México, siempre a través de una resolución debidamente fundada y motivada por el SAT. Por su parte, el artículo 113-D de la LISR establece que lo mismo, respecto del incumplimiento de retención y entero del impuesto sobre la renta (“ISR”) que les corresponda.

Para ello, se concede un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para que el concesionario lleve a cabo el bloqueo o desbloqueo respectivo. En caso de exceder de dicho plazo, el CFF adicionó un artículo 90-A, que establece multas a los concesionarios, que van de $500,000.00 (Quinientos mil pesos, 00/100 M.N.) a $1,000,000.00 (Un millón de pesos, 00/100 M.N.). La multa correspondiente será aplicable por cada mes de calendario que transcurra sin que se cumpla con las acciones ordenadas.

2.- Retenciones por prestación de servicios digitales. Tratándose de servicios o bienes que sean prestados a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, se llevan a cabo diversas modificaciones en la LISR y LIVA para establecer la forma y porcentajes de retención que deberán realizarse.

Con base en el artículo 113-A de la LISR para el caso de las personas físicas que lleven tributen bajo el capítulo de actividades empresariales y enajenen bienes o presten servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, relativos a la intermediación entre terceros oferentes de bienes o servicios y sus clientes/consumidores, se modifican las tasas de retención correspondientes.

La retención se realiza sobre el total de los ingresos efectivamente percibidos por las personas físicas por conducto de los medios previamente mencionados, teniendo en cuenta que se considerarán como pagos provisionales del impuesto:

a) Por la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, se aplicará una retención del 2.1%.

b) Por la prestación de servicios de hospedaje, se aplicará una retención del 4%.

c) Por la enajenación de bienes y prestación de servicios en general, la retención será del 1%.

Por su parte, se realizó una modificación importante en la LIVA, que elimina un párrafo que no consideraba como parte de los servicios digitales de intermediación, gravados, a la enajenación de bienes inmuebles. Por ende, dichos servicios ahora serán gravados conforme a la LIVA.

V. Modificaciones para las personas morales con fines no lucrativos, autorizadas para recibir donativos deducibles del ISR

Dentro de las principales modificaciones realizadas por el Decreto, se incluye en el Título III del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos de la LISR a los organismos cooperativos de integración y representación como Federaciones y Confederaciones, a los que hace referencia la Ley General de Sociedades Cooperativas.

También se prevé una modificación que entrará en vigor hasta el próximo 1º de julio de 2021, consistente en que únicamente se considerarán como personas morales sin fines de lucro (“donatarias autorizadas”) y, por ende, no contribuyentes del ISR, a las personas morales siguientes, siempre que sean constituidas sin fines de lucro y cuenten con autorización para fungir como donatarias autorizadas:

a) Sociedades o asociaciones civiles (“S.C.” o “A.C.”, respectivamente) que tengan por objeto la investigación científica o tecnológica, que estén inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas.

b) Asociaciones o sociedades civiles que otorguen becas.

c) S.C. o A.C. que tengan por objeto exclusivo la realización de actividades de preservación de flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, dentro de las áreas geográficas definidas en el Anexo 13 de la Resolución Miscelánea Fiscal, así como las que tengan por objeto exclusivo el promover entre la población la prevención y control de la contaminación del agua, aire y suelo, protección del ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico.

d) S.C. o A.C. que tengan por objeto exclusivo la reproducción de especies en protección y peligro de extinción y a la conservación de su hábitat. Para este tipo de personas morales, es necesario que exista autorización previa por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De no cumplir con dichas condiciones antes del 1º de julio de 2021, se considerará que las personas morales antes mencionadas, tributarán bajo el Título II de la LISR, “De las Personas Morales”, mismas que serán consideradas como contribuyentes para efectos del ISR. No obstante, con base en el artículo segundo transitorio de las disposiciones de la LISR del Decreto, se establece que dichas personas morales deben determinar el remanente distribuible que hayan generado al 31 de diciembre de 2020, conforme al Título III de la LISR, vigente hasta esa última fecha y sus socios e integrantes deben acumular dicho remanente que les sea entregado en efectivo o en bienes.

1.- Ingresos no relacionados con actividades de las donatarias autorizadas. Se modifica el artículo 80 de la LISR para establecer un límite del 50% a los ingresos que pueden percibir las donatarias autorizadas, no relacionados con su objeto o actividades autorizadas para recibir donativos. De exceder dicho porcentaje, la consecuencia prevista será la pérdida de la autorización para fungir como donataria autorizada.

Si se da el supuesto en el que se perdió la autorización de donataria autorizada por violación a lo dispuesto en el párrafo anterior, la LISR prevé un plazo de doce (12) meses siguientes a su pérdida para obtenerla nuevamente y, en caso contrario, la entidad que corresponda deberá destinar el 100% de su patrimonio a cualquier otra donataria autorizada, dentro de los seis (6) meses siguientes. Se establece que el CFDI que expida la donataria que reciba dicho patrimonio, no será deducible para efectos del ISR.

Lo señalado en el párrafo previo también se aplicará a aquellas personas morales que voluntariamente cancelen su autorización.

Finalmente, se establece que aquellas donatarias a las que no se les haya renovado la autorización para recibir donativos derivado del incumplimiento de la obligación de poner a disposición del público en general la información del destino de sus recursos, tendrán un (1) mes para cumplir con dicha obligación, posterior a que se les notificó la revocación. El cumplimiento de dicha obligación, les facultará a volver a solicitar una nueva autorización.

VI. Ingresos asimilables a salarios

Por medio del Decreto, se llevó a cabo una adición al artículo 94 de la LISR para establecer una limitante de $75,000,000.00 (Setenta y cinco millones de pesos, 00/100 M.N.) a los montos por ingresos que reciban las personas físicas en el ejercicio por los siguientes conceptos: (i) honorarios por servicios prestados preponderantemente a un prestatario, siempre que no se lleven a cabo en las instalaciones de este último, (ii) honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales a las que presten servicios personales independientes, y (iii) los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresarial por las actividades empresariales que realicen.

En caso de que se exceda de dicho monto en el ejercicio, no se aplicarán las disposiciones relativas al Capítulo I “De los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado”, del Título IV “Personas Físicas” de la LISR, sino que deberá tributar conforme al capítulo que le corresponda, a partir del mes siguiente a la fecha en que los ingresos excedan del monto señalado.

VII. Otras disposiciones relevantes

1.- Servicios médicos para efectos del impuesto al valor agregado. Conforme al texto del Decreto, se establece que no deberá pagarse el impuesto al valor agregado por la prestación de servicios profesionales de medicina, siempre que para su ejercicio se requiera título médico y éstos sean prestados a través de instituciones de asistencia o beneficencia privada.

2.- Modificación de la regla anti-abuso. La mencionada regla, contemplada en el artículo 5-A del CFF, fue modificada para establecer que todo efecto que dé el SAT a los actos jurídicos de los contribuyentes, con motivo de la regla anti-abuso, deberán estar limitados a la determinación de contribuciones, accesorios y multas que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad o investigaciones criminales que se den por virtud del CFF.

3.- Enajenación por escisión de sociedades y responsabilidad. En los casos en los que una sociedad se escinda, se modifica el artículo 14-B del CFF para establecer que, en caso de que derivado de dicha operación aparezca en el capital contable de la sociedad escindente, escindida o escindidas, un concepto o partida, cualquiera que sea la forma de denominarlo que no haya estado previamente registrado o reconocido en cualquiera de las cuentas del capital contable del estado de posición financiera que se presentó ante la asamblea general de socios o accionistas, se considerará que hubo una enajenación para efectos fiscales.

4.- Nuevos supuestos de responsabilidad solidaria. Dentro del artículo 26 del CFF, se adiciona un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria aplicable a las empresas residentes en México o residentes en el extranjero con EP en México, que realicen operaciones con partes relacionadas que residan en el extranjero y con los que se tenga control efectivo o que sean controladas efectivamente por dichas partes relacionadas. En caso de incurrir en incumplimiento, la responsabilidad no podrá exceder de las contribuciones que hubiera causado el residente en el extranjero, por las operaciones que efectivamente realizó con la mexicana o dicho EP.

5.- Plazo para solicitar la adopción de un Acuerdo Conclusivo. En caso de que se los contribuyentes pretendan adoptar un Acuerdo Conclusivo ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente por actuaciones de las autoridades fiscales, el artículo 69-C del CFF establece que la solicitud de adopción deberá hacerse en cualquier momento, a partir del inicio del ejercicio de facultades de comprobación del SAT y hasta dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación del acta final, del oficio de observaciones o resolución provisional.

Previo a la reforma, no existía el plazo de los veinte (20) días, sino que se daba la posibilidad de presentar el Acuerdo Conclusivo hasta antes de la emisión de la resolución determinante de créditos fiscales.

Esperamos que la presente sea de utilidad. La publicación completa puede encontrarse a través de la liga siguiente: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5606951&fecha=08/12/2020

En caso de tener alguna duda o comentario, estamos a sus órdenes en los siguientes correos:

Rafael Tena Castro rtena@acsan.mx
Luis Kanchi Gómez lkanchi@acsan.mx

READ MORE
Noticias

El PJF confirma en definitiva la legalidad y constitucionalidad del concurso para la Red Compartida de Telecomunicaciones

Autores: Rafael Tena y Alfonso Pagaza

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada en junio de 2013, estableció la obligación para el ejecutivo federal de instalar una red pública compartida mayorista.

Acedo Santamarina, S.C. fue contratado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para brindarle asesoría para la adjudicación del contrato, por medio del cual se asignaría el proyecto a través de un esquema de asociación público privada.

Tras más de tres años de litigio, el pasado 28 de junio de 2020 se notificó la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, a través de la cual se confirma en definitiva la legalidad y constitucionalidad del concurso.

Los magistrados resolvieron, por unanimidad de votos, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes actuó de manera legal y constitucional durante el concurso de asociación público privada en el cual resultó ganador Altán Redes.

Cabe señalar que dentro del mismo asunto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había negado el amparo en contra de los artículos 51, 52 y 53 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, así como del 84, fracción I de su Reglamento.

READ MORE
Noticias

COFECE interpone controversia constitucional

Autores: Rafael Tena Castro y Rosario Melgar Fernández

El pasado 22 de junio de 2020 la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”) emitió un comunicado informando que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”), una controversia constitucional en contra del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, expedido por la Secretaría de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020 (“Acuerdo SENER”).

Lo anterior, por considerar que violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que afecta su mandato constitucional e invade su esfera competencial.

La COFECE considera que la política mencionada es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad. Asimismo, la COFECE expresamente señala:

“El instrumento publicado en el DOF afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector. Ello porque la Política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista; asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica.”

Queda esperar que la SCJN se pronuncie respecto de la controversia constitucional interpuesta por la COFECE. Particularmente, por lo que hace a los alcances del ACUERDO SENER, emitido por esa dependencia gubernamental, al parecer, en exceso de sus facultades e invadiendo las facultades de la propia COFECE, en perjuicio de los consumidores.

Se aclara que, desde el punto de vista legal, una controversia constitucional es un mecanismo de control de constitucionalidad, en forma de juicio, para dirimir controversias. En este caso, entre un órgano constitucional autónomo y el Poder Ejecutivo de la Unión, surtiendo efectos la resolución que emita la SCJN únicamente entre la SENER y la COFECE.

READ MORE
Noticias

Aviso de personas morales para informar al RFC su estructura accionaria

En términos de lo dispuesto en el artículo 27, apartado B, fracción VI del Código Fiscal de la Federación (“CFF”), las personas morales deberán presentar un aviso en el Registro Federal de Contribuyentes (“RFC”), a través del cual informen el nombre y la clave en el RFC de los socios o accionistas, cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respectos a estos, en términos de lo que establezca el Reglamento del Código Fiscal de la Federación (“RCFF”).

Lo anterior busca que el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) se allegue de información para conocer en tiempo real la estructura accionaria de las personas morales, con los datos de sus socios o accionistas.  Principalmente, si están dados de alta en el RFC y, posteriormente, conocer las modificaciones e incorporaciones de los mismos, de forma que tenga actualizada dicha información.

Toda vez que el RCFF no se ha modificado, el SAT incluyó en la Resolución Miscelánea Fiscal (“RMF”) para 2020 la regla 2.4.19., la cual establece que el aviso deberá realizarse conforme a la ficha de trámite 295/CFF “Aviso de actualización de socios o accionistas”, contenida en el Anexo 1-A, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a aquél en que se realice el supuesto correspondiente ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente.

De conformidad con el artículo transitorio cuadragésimo sexto de la RMF para 2020, las personas morales que no tengan actualizada la información de sus socios o accionistas ante el RFC, deberán presentar el aviso con la información correspondiente a la estructura con la que se encuentren en ese momento.  El aviso deberá presentarse, por única ocasión, a más tardar el martes 30 de junio de 2020.

En caso de no presentar el aviso al RFC o hacerlo extemporáneamente, la persona moral podría cometer las infracciones relacionadas con el RFC previstas en el CFF, así como tener consecuencias en materia de Certificados de Sello Digital.

READ MORE
Noticias

SENER emite Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional

Autores: Rafael Tena y Rosario Melgar

El pasado 29 de abril de 2020, el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”), emitió el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (“Acuerdo”), con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-COv2 (COVID-19).

Como consecuencia de lo anterior, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”), mediante sesión de fecha 6 de mayo de 2020, emitió la opinión número OPN-006-2020, cuyo análisis y recomendaciones se dieron a conocer a través de este medio.

En seguimiento a lo anterior, se dio a conocer el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, expedido por la Secretaría de Energía, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020 (“Acuerdo SENER”).  De los considerandos, se resalta lo siguiente:

“Que la presente política contempla de manera más ordenada la penetración de Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, fotovoltaicas y eólicas, previendo que los Estados Operativos de Alerta y Emergencia se reduzcan a un mínimo de acuerdo a las experiencias internacionales, disminuyendo en lo posible las salidas forzadas asociadas a la generación particularmente peligrosas en las rampas de salida y puesta del sol, así como en las horas críticas del Sistema Eléctrico Nacional y que exponen a daños financieros al Sistema Eléctrico Nacional, así como a los Usuarios finales. Dicho fortalecimiento se realizará a través de la optimización de los elementos que conforman el Sistema Eléctrico -Nacional en su conjunto, y

El artículo Tercero Transitorio del Acuerdo SENER, por su parte, establece:

“Tercero.- Con arreglo en la presente política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, en el ámbito de sus facultades y competencias, deberán llevar a cabo las adecuaciones correspondientes a las Reglas de Mercado y a las “Disposiciones Administrativas de Carácter General que contienen los Criterios de eficiencia, Calidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional; Código Red, conforme lo dispone el artículo 12, fracción XXXVII de la Ley de la Industria Eléctrica” y las que resulten necesarias en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, seguridad y sustentabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

En tanto no se realicen las adecuaciones señaladas en el párrafo anterior para la aplicación de la Política de Confiablidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, serán aplicables las vigentes antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, en tanto no se opongan a lo previsto en la presente Política, quedando a cargo de la Secretaría de Energía resolver sobre cualquier duda respecto de la disposición aplicable que se suscite en caso de conflicto.”

Por su parte, el Capítulo V de Disposiciones Generales del Acuerdo SENER, en el rubro 2. Alcance, punto 2.2., establece lo siguiente:

“2.2 Las Bases del Mercado Eléctrico y Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) y demás regulaciones emitidas por la CRE; las Disposiciones Operativas del Mercado que rigen al MEM que emite el CENACE; así como la regulación para la incorporación de la Generación Distribuida al SEN y las demás operaciones realizadas por los Transportistas o Distribuidores; que estén relacionadas con actividades que se deriven de esta Política, deberán cumplir con los principios, lineamientos y disposiciones de este instrumento.”

El capítulo VI de Dimensiones de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en Sistema Eléctrico Nacional, en el rubro 6 de Suficiencia, punto 6.2 Regulación Primaria, punto 6.2.3, indica:

“6.2.3. Todas las unidades de Centrales Eléctricas conectadas y entregando potencia activa al SEN deben operar participando en la Regulación Primaria (en modo libre). Las unidades de Centrales Eléctricas, participando en la Regulación primaria, deben ajustar su producción siguiendo los cambios de frecuencia del Sistema y en los tiempos de actuación establecidos por el CENACE. Para aquellas Centrales Eléctricas Eólicas, Fotovoltaicas y Cogeneración Eficiente con fecha de entrada en operación, que tengan contrato de Interconexión sin estar en operación y con estudio de Instalaciones entregado previo a la publicación del Código Red del 08 de abril de 2016 en el DOF, les aplicará después de 18 meses de publicada la presente Política.”

En el mismo Capítulo VI., rubro 7 de Seguridad de Despacho, punto 7.1.2, el Acuerdo SENER señala que el CENACE determinará los actos necesarios para mantener la Seguridad de Despacho en cumplimiento de los objetivos de Seguridad, Calidad y Continuidad de la Política y las disposiciones que en la materia emita la CRE, señalando al efecto algunas de ellas.

Por otra parte, el punto 8 del Acuerdo SENER, relativo a Nuevos Servicios Conexos, establece nuevos servicios vinculados a la operación del SEN, tales como la Cobertura de la Variabilidad de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, fotovoltaica y eólicas y Centros de Carga Especiales.  Asimismo, indica que la CRE expedirá la regulación y tarifas aplicables a los Servicios Conexos.

El punto 10 del Acuerdo SENER, relativo a la Incorporación de Energías Limpias Intermitentes, señala:

“10.1 La integración de Capacidad Instalada de Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente en el SEN se mantendrá para todas las Centrales Eléctricas que hayan alcanzado el Contrato de Interconexión un día antes de la publicación de esta Política en el DOF. Si para alguna Central Eléctrica con Energía Limpia Intermitente, eólica o fotovoltaica, se cancela si Contrato de Interconexión o Permiso de Generación, el CENACE evaluará las solicitudes para que, en función de la posición de ingreso y avance en su plataforma denominada “SIASIC”, del punto de Interconexión de la Solicitud y de la capacidad de alojamiento regional de Generación Limpia Intermitente considerando la Confiabilidad del Sistema se determinará la viabilidad de aceptar la solicitud de Estudio y continuar el proceso de éste.

10.8 Respecto del Mercado en el Balance de Potencia, las Centrales con fuentes de Energía Limpia intermitente no proveen una cantidad firme Potencia, por tanto, no aportan a la Confiabilidad del Sistema Eléctrico.”

En el Capítulo VII, Disposiciones Finales del Acuerdo SENER, el punto 13.1, establece lo siguiente:

“13. La interpretación que el CENACE y la CRE realicen, en el ámbito de sus facultades y competencias, deberá efectuarse con arreglo a la presente Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, por lo que, en caso de conflicto por las Reglas de Mercado y la presente Política, se deberá interpretar conforme a ésta última.”

READ MORE
Noticias

Primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2020

Autores: Rafael Tena y Alfonso Pagaza.

Con fecha 12 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.

La mayoría de las reglas no sufrieron modificaciones respecto a las que se dieron a conocer en versiones anticipadas publicadas en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Se resaltan las siguientes reglas:

Declaración anual de personas físicas

Como habíamos adelantado en comunicaciones previas, la regla 13.2. concede a los contribuyentes personas físicas la posibilidad de presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a más tardar el 30 de junio de 2020.

Para los contribuyentes que deban presentar declaración anual del impuesto sobre la renta y les resulte impuesto a cargo, la regla 3.17.4. establece que podrán efectuar el pago hasta en seis parcialidades , mensuales y sucesivas, siempre que dicha declaración se presente a más tardar el 30 de junio de 2020 y el pago de la primera parcialidad se realice dentro de dicho plazo.

Plataformas tecnológicas

La regla 12.2.6. establece que los contribuyentes obligados a retener y enterar el impuesto sobre la renta a contribuyentes que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, podrán optar por calcular las retenciones del impuesto sobre la renta de cada contribuyente por períodos diarios.

Por su parte, la regla 12.2.9. detalla la forma en que se cumplirá con ciertas obligaciones formales respecto a los contribuyentes que presten servicios digitales de intermediación entre terceros. Realizarán el entero de las retenciones del impuesto al valor agregado a través de la “Declaración de pago de las retenciones del IVA para plataformas tecnológicas”, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél en el que se hubiera efectuado la retención.

Suspensión de plazos y términos legales

Como hicimos de su conocimiento, la regla 13.3. suspende el cómputo de los plazos y términos legales de ciertos actos y procedimientos que deban realizarse por y ante el Servicio de Administración Tributaria. Remitimos al lector al comunicado que publicamos sobre el particular, a efecto de no caer en repeticiones.

El documento completo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación se puede encontrar utilizando la siguiente liga: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593149&fecha=12/05/2020.

READ MORE
Noticias

CENACE emite el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional

Autores: Rafael Tena, Rosario Melgar y Alfonso Pagaza.

El pasado 29 de abril de 2020, el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”), emitió el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (“Acuerdo”), con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-COv2 (COVID-19).

Los Considerandos del Anexo Técnico del Acuerdo establecen, entre otros, que la generación intermitente de las Centrales Eléctricas eólicas y fotovoltaicas afecta la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (“SEN”) en suficiencia, calidad y continuidad en el suministro eléctrico, así como que las mismas no contribuyen en la regulación primaria del control de la calidad de la frecuencia, privilegiando el despacho de energías provenientes de fuentes convencionales, sin el debido soporte técnico y legal.

En virtud de lo anterior, el Acuerdo -en principio- es discriminatorio y perjudica los intereses de los generadores de energías limpias de naturaleza eólica y fotovoltaica, en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción IV de la Ley de la Industria Eléctrica, el cual textualmente señala:

“Art. 108.- El CENACE está facultado para:

IV. Operar el Mercado Eléctrico Mayorista en condiciones que promuevan la competencia, eficiencia y no indebida discriminación;
…”

Como consecuencia de lo anterior, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”), mediante sesión de fecha 6 de mayo de 2020, emitió la Opinión No. OPN-006-2020, de cuyo análisis conviene resaltar los siguientes puntos:

1.- El Acuerdo no especifica las razones por las cuales la caída en el consumo de energía crea inestabilidad en el SEN, y tampoco especifica los criterios o parámetros bajo los cuales ya no sería necesario aplicar las medidas anunciadas.

2.- Los Considerandos del Anexo Técnico del Acuerdo detallan una serie de fallas en la red. Sin embargo, el Acuerdo no especifica de qué manera dichas fallas son resultado de la operación de las plantas de generación con base en fuentes renovables, por lo que no queda claro por qué para solucionar dichos problemas, es necesario adoptar medidas para el SEN en general y no acciones puntuales.

3.- El Acuerdo podría implicar el despacho de centrales convencionales que son principalmente propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) sobre otras más eficientes, lo que podría abrir espacio para un trato discriminatorio.

4.- El Acuerdo no es claro en cuanto a cómo el CENACE aplicará las medidas en él contempladas, ni en cuanto al período de su aplicación.

5.- La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, por lo que el Acuerdo tiene dos (2) efectos contrarios a la competencia y a la libre concurrencia en el mercado de generación: (i) por una parte impide, por tiempo indefinido, la posibilidad de concurrir al mercado a través de nuevas centrales eólicas y fotovoltaicas, y (ii) por la otra, genera incertidumbre sobre las centrales de este tipo que ya operan en el mercado y habilita posibles medidas discriminatorias en contra de éstas.

6.- Cancelar la posibilidad de la entrada al mercado de nuevas Centrales Eléctricas, implica privar a los usuarios de contar con tarifas eléctricas más baratas en mediano plazo.

7.- El Acuerdo genera incertidumbre para futuras inversiones, desincentivando la creación de nuevos proyectos de generación, lo cual puede impactar negativamente en la capacidad de generación eléctrica del país.

8.- Las energías limpias representan una fuente de electricidad más barata y ecológica.

9.- La intermitencia de este tipo de fuentes se debe a su propia naturaleza, y debido a la limitada capacidad de almacenarse, su capacidad tiene que ser complementada con la de las plantas de generación convencionales.

10.- Quienes podrían beneficiarse de esta medida son aquellas empresas que cuentan con Centrales Eléctricas convencionales, que actualmente tienen capacidad disponible ociosa, como podría ser CFE.

Con base en lo anterior, la COFECE emitió las siguientes recomendaciones:

1.- Que las medidas que adopte el CENACE a propósito de las Centrales Eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en operación, estén basadas en estrictos criterios técnicos directamente vinculados a aspectos de confiabilidad, continuidad y estabilidad en el SEN, y que esos criterios se hagan del conocimiento público.

2.- No otorgar un trato discriminatorio a ciertas Centrales Eléctricas y garantizar, conforme al marco jurídico aplicable, el despacho económico de las plantas conforme a sus costos, de menor a mayor, sin comprometer la estabilidad del SEN.

3.- Definir y hacer públicos los criterios bajo los cuales se suspenderá la implementación de las medidas tomadas en el Acuerdo, por medio de parámetros claros, transparentes y medibles por terceros, sobre todo para la reanudación de las pruebas preoperativas para las centrales eólicas y fotovoltaicas.

4.- Aplicar las intervenciones tomadas en el Acuerdo, únicamente en la medida que sean estrictamente necesarias para asegurar la estabilidad del SEN, con motivo de la epidemia COVID-19, siempre y cuando no existan alternativas que resulten menos restrictivas a la competencia.

5.- Emprender el análisis de las acciones o regulaciones requeridas, en conjunto con todos los jugadores del sector, para en el corto plazo atender las afectaciones identificadas en el SEN y en la operación de CFE como generador de electricidad para el servicio básico, y de “última instancia”; y para crear en el mediano plazo un sistema estable y coherente con las necesidades energéticas y la capacidad productiva del país, de manera que se reduzcan los costos sociales de la generación de electricidad.

Convienen aclarar que la opinión de la COFECE arriba mencionada tiene el carácter de no vinculante en términos del artículo 12, fracción XII de la Ley Federal de Competencia Económica, por lo que habrá que esperar la respuesta por parte del CENACE a dicha opinión. Lo anterior, sin perjuicio de que la COFECE pudiera iniciar una investigación de oficio sobre este tema, y también los competidores afectados pudieran acudir ante la misma a presentar, en su caso, la denuncia correspondiente.

READ MORE
Noticias

Amparo personal médico del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS

Con fecha 4 de mayo de 2020 Acedo Santamarina, S.C., en colaboración con Fundación Barra Mexicana, A.C., promovió juicio de amparo en representación de treinta y tres médicos especialistas y residentes en el área de oftalmología adscritos a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se reclamó de distintas autoridades, como el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, la omisión de dotar al personal médico que atiende pacientes infectados de COVID-19 de equipo de seguridad sanitaria adecuado para evitar contagio, así como la omisión de prestar la capacitación profesional y técnica necesaria para la atención de pacientes con COVID-19.

Mediante acuerdo de fecha 4 de mayo de 2020 el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió la suspensión de plano para el efecto de que proveer a los quejosos los insumos médicos y el equipo de protección personal que resulte racional y apropiado para prevenir riesgos de contagio, así como para que se les capacite de manera adecuada a fin de protegerlos eficazmente.

Se especificó que “mientras no se les proporcionen los insumos referidos, las autoridades responsables deberán abstenerse de obligar a los quejosos a desempeñar actividades de atención sanitaria al público, ni habrán de aplicar sanciones administrativas o de índole laboral por la falta de tales servicios”.

Con el otorgamiento de esta medida cautelar se protege el derecho humano a la salud reconocido en el cuarto párrafo del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto de los médicos especialistas y residentes como de los pacientes infectados con COVID-19.

El juicio de amparo y el trabajo pro bono se presentan como herramientas eficaces contra las omisiones de nuestras autoridades, obligándolos a través de la vía judicial a que suministren al personal médico del equipo y capacitación adecuada. Es una forma de asegurarnos que se cumpla la ley y, en consecuencia, se salven vidas.

READ MORE
Noticias

SAT suspende plazos y términos legales

El 4 de mayo de 2020 se publicó en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) la sexta versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.

Se adicionaron diversas reglas, entre ellas, la 13.3. en la que se contempla la suspensión de plazos y términos legales de actos y procedimientos que deban realizarse por y ante el SAT, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.

Indica que se suspenderá el cómputo de plazos y términos legales que deban realizarse por y ante el SAT, incluyendo las autoridades fiscales de las entidades federativas en términos de los convenios de colaboración. Sin embargo, la referida suspensión se encuentra limitada a que dichos actos o procedimientos no se puedan desarrollar por medios electrónicos, destacando los siguientes:

I. Presentación y resolución del recurso de revocación o de inconformidad.

II. Desahogo y conclusión de ciertos procedimientos a los que se refiere la Ley Aduanera.

III. Inicio o conclusión del ejercicio de las facultades de comprobación, actos de verificación, así como el levantamiento de las actas que deban emitirse dentro de los mismos.

IV. Presentación o resolución de solicitudes de permiso, autorización, concesión, inscripción o registro; así como el inicio o resolución de los procedimientos de suspensión, cancelación o revocación de los mismos.

Es importante destacar que la referida regla señala que no se encuentran suspendidos, al ser una actividad esencial del Estado, entre otros, los siguientes actos y procedimientos:

I. La presentación de declaraciones, avisos e informes.

II. El pago de contribuciones, productos o aprovechamientos.

III. La devolución de contribuciones.

IV. Los actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución.

V. Los actos relativos a la importación y exportación de mercancías, así como de los medios en que se transportan o conducen, incluyendo las referentes al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias.

La suspensión a que se refiere la presente regla comprenderá del 4 al 29 de mayo de 2020. Tratándose de los plazos que se computen en meses o en años, al cómputo de los mismos se adicionarán 26 días naturales, al término de los cuales vencerá el plazo de que se trate.

En caso de que alguno de los actos o procedimientos cuyo plazo se suspende conforme a la presente regla se realice durante el período de suspensión previsto en la misma, dicho acto se entenderá efectuado el primer día hábil del mes de junio de 2020.

Se resalta que estas modificaciones siguen pendientes de publicarse en el Diario Oficial de la Federación. El texto completo que publicó el SAT puede encontrarse en la siguiente liga: https://www.sat.gob.mx/normatividad/58905/versiones-anticipadas-de-las-rmf

El análisis que se haga para determinar si el cómputo de los plazos y términos legales de un determinado acto o procedimiento que deba realizarse por y ante el SAT, desde nuestro punto de vista, debe ser a profundidad y atendiendo al caso concreto.

READ MORE
Noticias

Prórroga para la presentación de la declaración anual

En términos de lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas físicas que obtengan ingresos en un año calendario, a excepción de los exentos y de aquéllos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar el impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente.

No obstante, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) diversos organismos empresariales, colegios de profesionistas y la comunidad internacional han solicitado medidas para mitigar los efectos financieros de la pandemia.

Por lo anterior, con fecha 22 de abril de 2020 el SAT publicó en su página de Internet la cuarta versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal, en la que se incorpora la regla 13.2., facultando a las personas físicas para que presenten su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a más tardar el día 30 de junio de 2020.

Esta medida busca facilitar la recaudación e incentivar que este tipo de trámites se realicen desde casa. Al momento de eleboración de este comunicado no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación.

READ MORE
  • 1
  • 2