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Iniciativa de reforma en materia de subcontratación en México presentada por el Ejecutivo Federal.

Por: Daniela Cervantes Escamilla.

El pasado 12 de noviembre de 2020, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer la Iniciativa con Proyecto de Decreto que busca modificar el ordenamiento jurídico mexicano en materia de subcontratación y que será presentada para su discusión ante la Cámara de Diputados (en adelante la “Iniciativa”).

Esta Iniciativa implica diversas modificaciones en disposiciones de 6 (seis) leyes con la finalidad de armonizar la legislación con los cambios propuestos, las cuales son: (i) Ley Federal del Trabajo (en adelante “LFT”), (ii) Ley del Seguro Social (en adelante “LSS”), (iii) Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (en adelante “LINFONAVIT”), (iv) Código Fiscal de la Federación, (v) Ley del Impuesto sobre la Renta, y (vi) Ley del Impuesto al Valor Agregado. A continuación, se señalan las modificaciones más relevantes:

En materia de la LFT, la Iniciativa prevé la prohibición expresa de la subcontratación de personal como estaba estipulada en el artículo 13. Ahora, conforme a la Iniciativa, el contratista solo podrá prestar servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica del beneficiario.

Lo anterior implicará también la celebración de un contrato de prestación de servicios entre el contratista y el beneficiario (en adelante el “Contrato”), cuyo contenido se convierte en objeto de verificación por parte de las autoridades laborales y la obligación a cargo del contratista de informarlo trimestralmente. Adicionalmente, el contratista deberá solicitar un trámite administrativo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (en adelante “STPS”) mediante el cual, será autorizado para darse de alta en un Padrón de Prestadoras de Servicios Especializados (en adelante el “Padrón”), acreditando el carácter especializado de los servicios que otorgan o las obras que ejecuta.

Un segundo efecto del Padrón permitirá mantener al corriente la situación del contratista respecto al cumplimiento de sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social puesto que se requerirá renovar la autorización cada 3 (tres) años. Con esta información, se busca facultar a la STPS para celebrar convenios de coordinación con diversas autoridades (por ejemplo, con el Instituto Mexicano del Seguro Social o con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) con la intención de realizar un intercambio de información que permita la correcta continuidad de las diligencias y el ejercicio pleno de los actos de autoridad.

Adicionalmente, se propone modificar la figura de intermediario, entendiendo a éste como la persona física o moral que intervenga en la contratación de personal, pudiendo incluir los procesos de reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros aspectos. No obstante y en todo momento, el beneficiario de los servicios será considerado patrón del personal contratado, por lo que en ningún caso el intermediario podrá ser considerado como tal.

Una última modificación a la LFT es en materia de substitución laboral, mediante la cual se pretende establecer que al llevarse a cabo una substitución y para que ésta surta sus efectos, se deberán transmitir los bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. Adicionalmente en la LINFONAVIT se establece una responsabilidad solidaria en dicho supuesto, de forma tal que el patrón sustituido sea responsable junto con el patrón sustituto respecto de las obligaciones nacidas en el periodo comprendido previo a la fecha de la sustitución y hasta 6 (seis) meses siguientes a la sustitución.

En materia de la LSS y la LINFONAVIT la Iniciativa busca propiciar un entorno empresarial competitivo mediante el cual se salvaguarden los derechos en seguridad social y de vivienda de los trabajadores tanto en el presente como en el futuro (tratándose de pensiones y/o acceso al financiamiento para la vivienda), erradicando la evasión del pago de cuotas y eliminando las malas prácticas por la utilización de la subcontratación.

Asimismo, se pretende establecer una responsabilidad solidaria entre el contratista y el beneficiario de los servicios especializados o la ejecución de obra especializada respecto a las obligaciones previstas en dichos ordenamientos con relación a las personas utilizadas para ejecutar dichas contrataciones.

Por otro lado, la Iniciativa prevé diversas modificaciones a las disposiciones fiscales, entre las cuales se encuentran (i) la prohibición de dar efectos fiscales (como deducibilidad y acreditamiento para el impuesto al valor agregado) a los pagos por subcontratación de personal; y (ii) la calificativa en la comisión del delito de defraudación fiscal por la utilización de esquemas simulados de prestación de servicios o la ejecución de obras especializadas.

El incumplimiento o no observancia a las disposiciones que se prevén en la Iniciativa, darán lugar a las sanciones establecidas, como la imposición de multas o la comisión de delito.

Finalmente, de conformidad con los artículos transitorios de la Iniciativa, el Decreto prevé dos periodos de entrada en vigor, siendo (i) al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y con la excepción de que (ii) a partir del 1 de enero de 2021 entrarán en vigor las reformas a las disposiciones fiscales. No obstante, también se ordenan diversos plazos para que se dé cumplimiento a las disposiciones establecidas:

Dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes a la entrada en vigor del Decreto:

a) La STPS deberá expedir las disposiciones de carácter general para establecer los procedimientos relativos a la autorización para prestar servicios especializados o ejecutar obras especializadas.

A partir de esta publicación y, dentro de los 6 (seis) meses siguientes, los contratistas que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas deberán obtener la autorización de la STPS para dichos efectos e inscribirse en el Padrón.

b) El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores deberá expedir las reglas que establezcan los procedimientos para que los contratistas proporcionen cuatrimestralmente la información requerida en el artículo 29 Bis de la LINFONAVIT, como del Contrato.

Dentro de los 6 (seis) meses siguientes a la entrada en vigor del Decreto:

a) Los contratistas que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas deberán empezar a proporcionar la información respecto a la autorización de la STPS y los Contratos celebrados para la prestación de dichos servicios.

Advertimos que el espíritu de la Iniciativa mantiene la necesidad de salvaguardar los derechos de las personas que se han visto afectados, principalmente en el ámbito laboral. No obstante, el sector empresarial busca dialogar junto con el Congreso para que se tome en cuenta el panorama completo de la Iniciativa y se consideren los intereses de todas las partes que intervienen en las relaciones laborales.

Continuaremos informando del proceso legislativo de la presente Iniciativa y sobre cualquier modificación que se presente.

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Nota Informativa – Cambios en la estructura orgánica de la SCT.

El pasado 2 de noviembre de 2020, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, publicó en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, “DOF”) el Acuerdo delegatorio de facultades en materia de comunicaciones y desarrollo tecnológico, así como en materia de desarrollo ferroviario y multimodal competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en adelante, el “Acuerdo”) mediante el cual delegó a los titulares de la Subsecretaría de Transporte y de la Subsecretaría de Infraestructura, las facultades que le correspondían al ex-titular de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico.

Lo anterior responde al decreto presidencial publicado en el DOF el pasado 23 de abril de 2020, mediante el cual se establecieron las medidas de austeridad que deben observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y se instruyó la cancelación de diez subsecretarías de Estado (en adelante, el “Decreto”).

Como resultado del Decreto, el pasado 10 de agosto de 2020, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en adelante, la “Secretaría” o “SCT”) emitió el COMUNICADO-181-2020 mediante el cual informó la restructuración administrativa para desaparecer a la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico que se encontraba a cargo de la Ing. Salma Jalife Villalón. Esta medida preveía la permanencia de la ex-subsecretaria dentro de la SCT para que continuara con los proyectos que llevaba a cabo. No obstante, a inicios de septiembre del presente año, diversos medios de comunicación anunciaron la renuncia de la Ing. Jalife a la Secretaría; información que a la fecha no ha sido confirmada oficialmente por la SCT.

El Acuerdo busca materializar la restructura planteada por la SCT delegando el ejercicio de las facultades previstas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones administrativas aplicables en las materias de comunicaciones y desarrollo tecnológico al Titular de la Subsecretaría de Transporte. Igualmente se delega al Titular de la Subsecretaría de Infraestructura las facultades previstas en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, el Reglamento del Servicio Ferroviario y demás disposiciones administrativas aplicables.

Asimismo, en su intento de ordenar el ámbito jurídico aplicable a la Secretaría, el pasado 27 de agosto de 2020, se presentó ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria el Anteproyecto del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En términos generales, la propuesta presentada consiste en aprobar una nueva regulación que defina la competencia de los servidores públicos, unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y coordinaciones con la nueva estructura orgánica, sin crear nuevas obligaciones ni sanciones ni restringir derechos para los particulares.

Sin embargo, aún y cuando el Reglamento fue aprobado por el Comisionado Nacional en septiembre del presente año para que la SCT continúe con las formalidades necesarias para su publicación, éste no ha sido publicado en el DOF.

Continuaremos informando respecto de la publicación del Reglamento y cualquier modificación que derive de estos cambios.

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Acedo Santamarina ha sido reconocido una vez más por Chambers and Partners (Latin America 2021)

Acedo Santamarina ha sido reconocido una vez más por Chambers and Partners (Latin America 2021) como una de las mejores firmas en México en las siguientes áreas: TMT (Telecommunications Media and Technology), Corporate/M&A y Tax.

Felicitamos también a nuestros socios, Andrés Acedo y Rafael Tena, quienes fueron reconocidos individualmente como Leading Lawyers en dichas áreas de práctica.

Más información aquí:
https://chambers.com/law-firm/acedo-santamarina-sc-latin-america-9:222193

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Propuesta de Reforma en materia de arrendamiento inmobiliario para la vivienda

A petición de asociaciones y activistas en derecho a la vivienda, con fecha 8 de julio de 2020, dos diputadas del Grupo Parlamentario de MORENA presentaron al Congreso de la Ciudad de México, la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas Disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, en Materia de Arrendamiento para Garantizar el Derecho a la Vivienda frente a la Pandemia” (la “Iniciativa”).

La Iniciativa, de acuerdo con su Exposición de Motivos, se sustenta en lo siguiente:

  • La crisis sanitaria derivada del virus COVID-19 ha ocasionado que los arrendatarios de vivienda incumplan con la obligación de pago de rentas, al presentarse dificultades económicas y sociales tales como pérdida de empleo, reducción de salarios e inactividad comercial.
  • El incumplimiento al pago de rentas puede ocasionar desplazamiento de familias con arraigo en barrios, pueblos y colonias, desalojos y dejar a diversas personas en situación de calle.
  • La legislación civil en materia de arrendamiento inmobiliario en la Ciudad de México no otorga a los arrendatarios de vivienda, las garantías judiciales debidas, pues contraviene los principios de asequibilidad, gastos soportables y seguridad jurídica de la tenencia, todos componentes del derecho humano a la vivienda.
  • Resulta necesario equilibrar la relación entre las partes de un arrendamiento para garantizar el derecho a la vivienda adecuada, el cual está reconocido en los artículos 4º de la Constitución Federal[1] y 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México[2].

Se destaca que en la Exposición de Motivos de la Iniciativa se citan los lineamientos emitidos durante el mes de abril de 2020 por la entonces Relatora Especial sobre una vivienda adecuada de la Organización de las Naciones Unidas, en los que se menciona la necesidad de tomar medidas para garantizar el derecho a la vivienda de las personas, tales como: (i) la condonación, reducción y/o aplazamiento de pagos, y (ii) la implementación de apoyos y créditos blandos para los propietarios de la vivienda.

Por otra parte, la Iniciativa destaca la figura de la mediación prevista en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, como un recurso efectivo para resolver conflictos derivados de arrendamiento de vivienda.

En específico, la Iniciativa propone modificar el Código Civil para la Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente:

  • Reforma al artículo 2398.
  1. Se define al contrato de arrendamiento de vivienda como “aquel que coadyuva al cumplimiento del derecho humano a la vivienda de la parte arrendataria a cambio de un precio cierto a favor de la parte arrendadora”.
  2. Dicho contrato deberá sujetarse a un plazo forzoso de tres años, salvo lo que disponga el arrendatario.
  • Adición de dos párrafos al artículo 2406.
  1. El juicio de desocupación resultará improcedente en caso de que el arrendador no presente un contrato de arrendamiento de vivienda por escrito, aún y cuando dicho juicio se sustente en el incumplimiento en el pago de rentas.
  2. El arrendador perderá el derecho a conservar el depósito en caso de rescisión del contrato de arrendamiento de vivienda, o de una cantidad equivalente en el supuesto de “término temporal” de dicho acuerdo de voluntades.
  • Adición de los artículos 2406 BIS, 2425 BIS y 2431 BIS.
  1. A falta de un contrato por escrito, se presumirá que existe arrendamiento de vivienda en caso de probarse la ocupación consentida de un inmueble propio por parte de un tercero, a cambio del pago de un precio cierto.
  2. Para ejercitar alguna acción derivada del incumplimiento a las cláusulas esenciales del acuerdo de voluntades, bastará una manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de que existe una relación de arrendamiento, debiendo las partes demostrar sus afirmaciones en juicio.
  • Se establecen como derechos del arrendatario de vivienda: a) no solicitar más de un mes de anticipo, (b) no exigir fianza o alguna garantía inmobiliaria, (c) no ser sujetos de “desocupaciones arbitrarias, ilegales y/o forzosas”, (d) notificar la orden judicial de desocupación con una anticipación de dos meses a la fecha de la diligencia, (e) presencia en la diligencia de desocupación de personal de instituciones especializadas con la finalidad de que brinden asistencia a personas vulnerables tales como niños, mujeres víctimas de violencia, indígenas, inmigrantes, etc., (f) acceder a las medidas disponibles para evitar dejar a las personas en situación de calle, tales como refugios temporales e incorporación a programas de vivienda, y (g) de presentarse casos fortuitos, recurrir a los medios alternativos de solución de controversias para modificar las condiciones del contrato.
  1. En casos de emergencia nacional, desastres naturales, declaratorias de emergencia ambiental, natural o sanitaria, o cualquier otras situaciones de fuerza mayor que paralicen las actividades económicas e impidan al arrendatario cumplir con el contrato, el arrendatario podrá solicitar la renegociación transitoria o definitiva del contrato de arrendamiento, en términos de lo establecido en el artículo 1796 del Código Civil.

La Iniciativa ha recibido fuertes críticas por considerar que, de aprobarse en sus términos, se atentaría contra la libertad contractual, se permitiría a los arrendatarios de vivienda dejar de pagar rentas, y se vulnerarían los derechos de los arrendadores, como el derecho a la propiedad, desalentando de esa manera la inversión en el sector inmobiliario. Por su parte, los activistas que participaron en la redacción de la Iniciativa, destacaron la necesidad de incentivar que los contratos de arrendamiento se hagan constar por escrito para así dotar de certeza jurídica a los inquilinos.

Esperamos que la discusión de la Iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, se lleve a cabo a través de un debate profundo y mesurado, y sin sesgos. Además, que contemple la participación de litigantes e impartidores de justicia y de otros sectores, a fin de evitar deficiencias que pudieran repercutir negativamente en el ámbito práctico. Asimismo, proponemos se incorpore a la discusión la viabilidad de implementar apoyos como los referidos por la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas, tanto a las propietarios de vivienda como a los inquilinos.

[1] Artículo 4º. (…)

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

[2] Artículo 9. (…)

  1. Derecho a la vivienda
  2. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades.
  3. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil.
  4. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda.
  5. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda.
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El PJF confirma en definitiva la legalidad y constitucionalidad del concurso para la Red Compartida de Telecomunicaciones

Autores: Rafael Tena y Alfonso Pagaza

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada en junio de 2013, estableció la obligación para el ejecutivo federal de instalar una red pública compartida mayorista.

Acedo Santamarina, S.C. fue contratado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para brindarle asesoría para la adjudicación del contrato, por medio del cual se asignaría el proyecto a través de un esquema de asociación público privada.

Tras más de tres años de litigio, el pasado 28 de junio de 2020 se notificó la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, a través de la cual se confirma en definitiva la legalidad y constitucionalidad del concurso.

Los magistrados resolvieron, por unanimidad de votos, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes actuó de manera legal y constitucional durante el concurso de asociación público privada en el cual resultó ganador Altán Redes.

Cabe señalar que dentro del mismo asunto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había negado el amparo en contra de los artículos 51, 52 y 53 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, así como del 84, fracción I de su Reglamento.

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COFECE interpone controversia constitucional

Autores: Rafael Tena Castro y Rosario Melgar Fernández

El pasado 22 de junio de 2020 la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”) emitió un comunicado informando que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”), una controversia constitucional en contra del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, expedido por la Secretaría de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020 (“Acuerdo SENER”).

Lo anterior, por considerar que violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que afecta su mandato constitucional e invade su esfera competencial.

La COFECE considera que la política mencionada es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad. Asimismo, la COFECE expresamente señala:

“El instrumento publicado en el DOF afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector. Ello porque la Política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista; asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica.”

Queda esperar que la SCJN se pronuncie respecto de la controversia constitucional interpuesta por la COFECE. Particularmente, por lo que hace a los alcances del ACUERDO SENER, emitido por esa dependencia gubernamental, al parecer, en exceso de sus facultades e invadiendo las facultades de la propia COFECE, en perjuicio de los consumidores.

Se aclara que, desde el punto de vista legal, una controversia constitucional es un mecanismo de control de constitucionalidad, en forma de juicio, para dirimir controversias. En este caso, entre un órgano constitucional autónomo y el Poder Ejecutivo de la Unión, surtiendo efectos la resolución que emita la SCJN únicamente entre la SENER y la COFECE.

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Aviso de personas morales para informar al RFC su estructura accionaria

En términos de lo dispuesto en el artículo 27, apartado B, fracción VI del Código Fiscal de la Federación (“CFF”), las personas morales deberán presentar un aviso en el Registro Federal de Contribuyentes (“RFC”), a través del cual informen el nombre y la clave en el RFC de los socios o accionistas, cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respectos a estos, en términos de lo que establezca el Reglamento del Código Fiscal de la Federación (“RCFF”).

Lo anterior busca que el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) se allegue de información para conocer en tiempo real la estructura accionaria de las personas morales, con los datos de sus socios o accionistas.  Principalmente, si están dados de alta en el RFC y, posteriormente, conocer las modificaciones e incorporaciones de los mismos, de forma que tenga actualizada dicha información.

Toda vez que el RCFF no se ha modificado, el SAT incluyó en la Resolución Miscelánea Fiscal (“RMF”) para 2020 la regla 2.4.19., la cual establece que el aviso deberá realizarse conforme a la ficha de trámite 295/CFF “Aviso de actualización de socios o accionistas”, contenida en el Anexo 1-A, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a aquél en que se realice el supuesto correspondiente ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente.

De conformidad con el artículo transitorio cuadragésimo sexto de la RMF para 2020, las personas morales que no tengan actualizada la información de sus socios o accionistas ante el RFC, deberán presentar el aviso con la información correspondiente a la estructura con la que se encuentren en ese momento.  El aviso deberá presentarse, por única ocasión, a más tardar el martes 30 de junio de 2020.

En caso de no presentar el aviso al RFC o hacerlo extemporáneamente, la persona moral podría cometer las infracciones relacionadas con el RFC previstas en el CFF, así como tener consecuencias en materia de Certificados de Sello Digital.

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Iniciativa de Ley para crear el INMECOB

Por: Mauricio Arciniega

El pasado miércoles 10 de junio del año presente, el senador Ricardo Monreal, integrante y líder del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con dicha iniciativa se propone crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar “INMECOB”, como un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica, autonomía técnica, operativa y de gestión. La iniciativa expone como motivos el reducir el gasto público.

Con el nacimiento del INMECOB, se extinguirían el Instituto Federal de Telecomunicaciones (“IFT”), la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”) y la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”), con el propósito de integrar dichos órganos reguladores y así establecer el único en materia de Competencia Económica y en los sectores de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Energético, sin pasar a formar parte del INMECOB las facultades de la CRE en materia de hidrocarburos.

Empero, el Senador Monreal mencionó el pasado domingo en redes sociales que pospondrá el proceso legislativo de dicha iniciativa a efecto de iniciar un proceso de valorización y discusión de esta. Es importante apuntar que, de ser aprobada la iniciativa en los términos actuales, existiría un recorte presupuestario y de personal, afectando las funciones técnicas y especializadas que desarrollan el IFT, la COFECE y la CRE, monopolios naturales indispensables para la economía. Además, no sería conforme al requisito del Capítulo 18 previsto en el T-MEC, que es contar con un organismo regulador de telecomunicaciones independiente, por lo que, entre otros motivos se podría esperar que la iniciativa tuviere un impacto directo en la inversión en nuestro país.

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Medidas anunciadas por la SCJN para el periodo del 1º al 30 de junio

Autores: Roberto Altamirano Fuentes y Eduardo Reyes.

De acuerdo con los Acuerdos Generales 3/2020, 6/2020 y 7/2020 emitidos durante los meses de marzo y abril de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”) decidió decretar ciertas medidas con la finalidad de mitigar los riesgos asociados a la enfermedad del COVID-19, entre las que se encuentran, declarar como inhábiles los días comprendidos del 18 de marzo al 31 de mayo de 2020.

Con fecha 26 de mayo de 2020, el Pleno de la SCJN emitió el Acuerdo General 10/2020 en el que se prorroga el plazo de suspensión de actividades jurisdiccionales hasta el 30 de junio de 2020, en el entendido que durante el citado periodo no correrán términos, sin embargo, se habilitarán los días y horas necesarios para el desarrollo de actividades a través de medios electrónicos o a distancia, que tengan por objeto lo siguiente:

a) Proveer sobre la suspensión solicitada en las controversias constitucionales urgentes, y las actuaciones judiciales que sean necesarias para la eficacia de dicha medida.

b) Se presenten únicamente por vía electrónica los escritos iniciales de los asuntos de la competencia de la SCJN, mediante el uso de la FIREL o e.firma, debiéndose generar los expedientes electrónicos que corresponda.

c) Continuar con el trámite por vía electrónica de asuntos regulados en la Ley de Amparo, de controversias constitucionales, de acciones de inconstitucionalidad en las que se hayan impugnado leyes de vigencia anual o en contra de normas en materia electoral, y de los recursos de reclamación interpuestos en dichos medios de control constitucional radicados en la SCJN, o de los que se interpongan en contra de las controversias constitucionales urgentes presentadas a partir del 18 de marzo de 2020, que trasciendan a la materia de suspensión, por medio de la FIREL o e.firma.

d) Digitalizar las constancias y formar expedientes electrónicos en los asuntos mencionados en el inciso c) anterior, con el fin de que éstos continúen su tramitación vía electrónica.

e) Proveer por medios electrónicos los asuntos mencionados en los incisos b) al d), y se realicen las notificaciones por oficio, lista o rotulón electrónico, según corresponda, así como electrónicamente.

f) Se notifiquen personalmente los emplazamientos en los juicios promovidos electrónicamente a partir del 1º de junio de 2020, y por oficio a las respectivas autoridades los proveídos que admitan amparos en revisión o directos en revisión, interpuestos con anterioridad o posterioridad a la citada fecha.

g) Se celebren audiencias y comparecencias a distancia.

h) Se provea sobre los asuntos listados o que puedan listarse para las sesiones del Pleno y las Salas de la SCJN celebradas a distancia, se notifiquen las sentencias emitidas en dichas sesiones por lista o por rotulón electrónico, y se firmen los engroses y votos correspondientes electrónicamente, y se pongan los proyectos de resolución a disposición de las Secretarías de Acuerdos y Ponencias a través de medios electrónicos.

i) Se notifiquen a los órganos legislativos los puntos resolutivos de las sentencias dictadas por el Pleno de la SCJN, en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales en la que los efectos de declaración de invalidez estén sujetas a dicha notificación.

j) Se concluya el engrose de los asuntos resueltos por el Pleno y las Salas de la SCJN, previo al 18 de marzo de 2020, debiéndose firmar electrónicamente y notificar por medio de lista o rotulón electrónico.

Los plazos para desahogar requerimientos ordenados en los proveídos dictados durante el mes de junio de 2020, o interponer recursos por vía electrónica en su contra, reiniciarán o comenzarán únicamente para la parte que promueva por vía electrónica. En el caso de los acuerdos en que se admita a trámite un amparo en revisión o directo en revisión, el plazo para su impugnación iniciará a partir del surtimiento de efectos de la respectiva notificación por oficio o lista electrónica.

Con las medidas anunciadas se pretende que durante el mes de junio la SCJN realice sus actividades con las precauciones necesarias ante la pandemia del virus SARS CoV-2 (COVID-19).

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SENER emite Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional

Autores: Rafael Tena y Rosario Melgar

El pasado 29 de abril de 2020, el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”), emitió el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (“Acuerdo”), con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-COv2 (COVID-19).

Como consecuencia de lo anterior, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”), mediante sesión de fecha 6 de mayo de 2020, emitió la opinión número OPN-006-2020, cuyo análisis y recomendaciones se dieron a conocer a través de este medio.

En seguimiento a lo anterior, se dio a conocer el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, expedido por la Secretaría de Energía, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020 (“Acuerdo SENER”).  De los considerandos, se resalta lo siguiente:

“Que la presente política contempla de manera más ordenada la penetración de Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, fotovoltaicas y eólicas, previendo que los Estados Operativos de Alerta y Emergencia se reduzcan a un mínimo de acuerdo a las experiencias internacionales, disminuyendo en lo posible las salidas forzadas asociadas a la generación particularmente peligrosas en las rampas de salida y puesta del sol, así como en las horas críticas del Sistema Eléctrico Nacional y que exponen a daños financieros al Sistema Eléctrico Nacional, así como a los Usuarios finales. Dicho fortalecimiento se realizará a través de la optimización de los elementos que conforman el Sistema Eléctrico -Nacional en su conjunto, y

El artículo Tercero Transitorio del Acuerdo SENER, por su parte, establece:

“Tercero.- Con arreglo en la presente política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, en el ámbito de sus facultades y competencias, deberán llevar a cabo las adecuaciones correspondientes a las Reglas de Mercado y a las “Disposiciones Administrativas de Carácter General que contienen los Criterios de eficiencia, Calidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional; Código Red, conforme lo dispone el artículo 12, fracción XXXVII de la Ley de la Industria Eléctrica” y las que resulten necesarias en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, seguridad y sustentabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

En tanto no se realicen las adecuaciones señaladas en el párrafo anterior para la aplicación de la Política de Confiablidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, serán aplicables las vigentes antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, en tanto no se opongan a lo previsto en la presente Política, quedando a cargo de la Secretaría de Energía resolver sobre cualquier duda respecto de la disposición aplicable que se suscite en caso de conflicto.”

Por su parte, el Capítulo V de Disposiciones Generales del Acuerdo SENER, en el rubro 2. Alcance, punto 2.2., establece lo siguiente:

“2.2 Las Bases del Mercado Eléctrico y Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) y demás regulaciones emitidas por la CRE; las Disposiciones Operativas del Mercado que rigen al MEM que emite el CENACE; así como la regulación para la incorporación de la Generación Distribuida al SEN y las demás operaciones realizadas por los Transportistas o Distribuidores; que estén relacionadas con actividades que se deriven de esta Política, deberán cumplir con los principios, lineamientos y disposiciones de este instrumento.”

El capítulo VI de Dimensiones de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en Sistema Eléctrico Nacional, en el rubro 6 de Suficiencia, punto 6.2 Regulación Primaria, punto 6.2.3, indica:

“6.2.3. Todas las unidades de Centrales Eléctricas conectadas y entregando potencia activa al SEN deben operar participando en la Regulación Primaria (en modo libre). Las unidades de Centrales Eléctricas, participando en la Regulación primaria, deben ajustar su producción siguiendo los cambios de frecuencia del Sistema y en los tiempos de actuación establecidos por el CENACE. Para aquellas Centrales Eléctricas Eólicas, Fotovoltaicas y Cogeneración Eficiente con fecha de entrada en operación, que tengan contrato de Interconexión sin estar en operación y con estudio de Instalaciones entregado previo a la publicación del Código Red del 08 de abril de 2016 en el DOF, les aplicará después de 18 meses de publicada la presente Política.”

En el mismo Capítulo VI., rubro 7 de Seguridad de Despacho, punto 7.1.2, el Acuerdo SENER señala que el CENACE determinará los actos necesarios para mantener la Seguridad de Despacho en cumplimiento de los objetivos de Seguridad, Calidad y Continuidad de la Política y las disposiciones que en la materia emita la CRE, señalando al efecto algunas de ellas.

Por otra parte, el punto 8 del Acuerdo SENER, relativo a Nuevos Servicios Conexos, establece nuevos servicios vinculados a la operación del SEN, tales como la Cobertura de la Variabilidad de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, fotovoltaica y eólicas y Centros de Carga Especiales.  Asimismo, indica que la CRE expedirá la regulación y tarifas aplicables a los Servicios Conexos.

El punto 10 del Acuerdo SENER, relativo a la Incorporación de Energías Limpias Intermitentes, señala:

“10.1 La integración de Capacidad Instalada de Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente en el SEN se mantendrá para todas las Centrales Eléctricas que hayan alcanzado el Contrato de Interconexión un día antes de la publicación de esta Política en el DOF. Si para alguna Central Eléctrica con Energía Limpia Intermitente, eólica o fotovoltaica, se cancela si Contrato de Interconexión o Permiso de Generación, el CENACE evaluará las solicitudes para que, en función de la posición de ingreso y avance en su plataforma denominada “SIASIC”, del punto de Interconexión de la Solicitud y de la capacidad de alojamiento regional de Generación Limpia Intermitente considerando la Confiabilidad del Sistema se determinará la viabilidad de aceptar la solicitud de Estudio y continuar el proceso de éste.

10.8 Respecto del Mercado en el Balance de Potencia, las Centrales con fuentes de Energía Limpia intermitente no proveen una cantidad firme Potencia, por tanto, no aportan a la Confiabilidad del Sistema Eléctrico.”

En el Capítulo VII, Disposiciones Finales del Acuerdo SENER, el punto 13.1, establece lo siguiente:

“13. La interpretación que el CENACE y la CRE realicen, en el ámbito de sus facultades y competencias, deberá efectuarse con arreglo a la presente Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, por lo que, en caso de conflicto por las Reglas de Mercado y la presente Política, se deberá interpretar conforme a ésta última.”

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