En términos del artículo 42, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (“LFPRH”), el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”) deberá enviar al Congreso de la Unión a más tardar el 1° de abril, un documento que contenga: (i) los principales objetivos para la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del año siguiente; (ii) escenarios sobre las principales variables macroeconómicas para el siguiente año como lo son la inflación, tasa de interés, entre otros; (iii) escenarios sobre el monto total del Presupuesto de Egresos y su déficit o superávit; y (iv) la enumeración de los programas prioritarios y sus montos.
Para el caso que nos ocupa, el pasado 27 de marzo del año en curso, la SHCP presentó ante el Congreso un proyecto conocido como los “Pre-Criterios 2025” que contienen aspectos relevantes en relación con la macroeconomía y objetivos principales de las finanzas públicas para lo que resta del 2024 y el ejercicio fiscal 2025, los cuales cobran especial importancia para México por las elecciones que se avecinan. Lo cierto es que dicho documento, además de ser por demás sobrio y sin entrar en detalles, presenta un escenario poco optimista en comparación con ejercicios anteriores, pese a los intentos del Gobierno Federal por hacer caso omiso a los problemas domésticos que ocurren a diario como la inseguridad que se vive en casi todas las entidades federativas o la falta de un estado de derecho sólido.
Para finales del 2024 se prevé un crecimiento del PIB que oscila entre el 2.5 y 3.5% anual, mientras que para el ejercicio fiscal 2025 se estima un desaceleramiento del crecimiento económico que rondará entre el 2.0 y 3.0%. Por otro lado, la inflación se ubicará dentro del 3.8% para lo que resta del 2024 y en un 3.3% para el 2025. Asimismo, se estima que al cierre del 2024 y durante el 2025 el tipo de cambio se ubique entre 17.8 y 18.0 pesos por dólar, mientras que se estima que las tasas de interés sean del 9.5% para el cierre del 2024 y 7.0% en 2025, es decir, por encima del crecimiento económico del país.
Lo anterior podría parecer a primera vista como un futuro “favorable” para el país; sin embargo, el tema más relevante y preocupante contenido en los “Pre-Criterios 2025” es el aumento del gasto programable de 165 mil millones de pesos y la restricción del gasto para conseguir un superávit primario de 0.9% del PIB para el 2025, es decir, aquél que excluye del pago de la deuda. Y se dice que esto provocará problemas para México por lo siguiente: si el Gobierno Mexicano gasta menos de lo que recauda, se restringe la inversión y el consumo porque puede contrarrestar menos el déficit de comercio exterior como un ingreso. Resulta obvio que el aumento del gasto público está íntimamente relacionado con las elecciones del 2024. Otro aspecto que deja dudas dentro de los “Pre-Criterios 2025” son los ingresos no tributarios sobre los cuales no se especifica cuál será el origen de dichos recursos. Lo conveniente sería, en todo caso, aumentar los ingresos públicos mediante el incremento de ingresos tributarios derivados de una reforma fiscal -sin dejar de lado el principio de justicia tributaria-.
“A lo largo de los años, la SHCP ha mantenido una constante preocupación por obtener evaluaciones favorables por parte de las agencias calificadoras internacionales, misma que se ve reflejada en las estimaciones relativas al crecimiento del PIB y que es evidente incluso en los “Pre-Criterios 2025”. Lo anterior es traducido en la indiferencia por crear una política económica fuerte, pues no puede bajar las tasas de interés ni tampoco incrementar el gasto público. Es así como el problema radica en la deficiente valoración de los programas sociales en detrimento de aspectos fundamentales como la salud, protección al medio ambiente, infraestructura, e incluso, la escasez de agua, mismos que constituyen complicaciones de relevancia significativa”. – Emilio Villarreal Porras.
Por lo anterior, se ha demostrado que en los últimos años el documento que envía la SCHP al Congreso de la Unión en términos de la fracción I del artículo 42 de la LFPRH se ha convertido en un mero trámite para dar cumplimiento a dicho ordenamiento, pues no resuelve cuestiones importantes de la política económica, no ahonda en temas relevantes ni entra en detalle sobre los planteamientos que en éste se hacen.
“El lema del gobierno actual mexicano ha sido siempre primero los pobres y se ha mantenido con esa misma línea de pensamiento, lo cual se ve reflejado en la tendencia por darle prioridad a los programas sociales y que el gasto público vaya encaminado a ello. Sin embargo, la pobreza y la brecha entre clases sociales únicamente ha aumentado, por lo cual se pone en tela de juicio que la visión del Ejecutivo Federal haya sido bien ejecutada en lo que va del sexenio, lo cual se contradice con la apuesta por grandes proyectos que sólo han representado pérdidas para el pueblo mexicano como son el Tren Maya o la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA). El problema va más allá de meras buenas intenciones, sino que hace falta una política económica que impulse el comercio exterior, cuestión con la que arrastrará la siguiente administración”. – Mauricio Iturralde Punzo.
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Equipo Fiscal de Acedo Santamarina, S.C.
