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Competencia para resolver una controversia derivada de contratos bancarios de adhesión

Prácticamente todas las relaciones jurídicas existentes entre los proveedores de servicios bancarios y sus clientes, se rigen por lo establecido en contratos de adhesión, mismos que la Ley Federal de Protección al Consumidor define como los formatos en los que un proveedor determina unilateralmente los términos y condiciones que deberán aplicarse a la prestación de un servicio, es decir, los clientes o usuarios adquieren ciertos derechos y obligaciones frente a las instituciones de crédito, sin que puedan llegar a negociar los términos y condiciones aplicables, pues simplemente se adhieren a los que ya se encuentran preestablecidos.

Las instituciones de crédito incluyen en los contratos bancarios de adhesión, una cláusula en la que se indican los tribunales que serán competentes para resolver las controversias que surjan entre las partes con motivo de dichos contratos. Generalmente, en dichos contratos bancarios de adhesión se establece que los tribunales competentes serán los del lugar donde se encuentre ubicada su matriz, lo que se ajusta a los requisitos establecidos en el Código de Comercio para que una de las partes se entienda sometida expresamente a la competencia de un determinado órgano jurisdiccional: (i) domicilio de cualquiera de las partes, (ii) lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, y/o (iii) ubicación de la cosa.

No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que tratándose de contratos bancarios de adhesión, el sometimiento expreso por parte de un cliente o usuario de servicios bancarios, a la competencia de un determinado órgano jurisdiccional, puede no surtir efectos, a fin de garantizar el derecho humano a un acceso efectivo a la justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicho sometimiento puede ser inequitativo en el sentido de que los clientes o usuarios se vean obligados a desplazarse a un lugar alejado de su domicilio –en los que la institución de crédito puede tener sucursales o contar con representación– e incurrir en gastos adicionales de forma injustificada.

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Se crea el Sistema Nacional de Información de Infraestructura

El pasado 28 de octubre de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la entrega, inscripción y consulta de información para la conformación del Sistema Nacional de Información de Infraestructura (el “SNII”), los cuales fueron previamente aprobados por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (los “Lineamientos”).

El Instituto Federal de Telecomunicaciones además de tener a su cargo la regulación, promoción y control del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, también lo tiene sobre el acceso a infraestructura activa, pasiva y demás maquinaria esencial. En virtud de lo anterior, a partir de la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusíon ya se encontraba previsto en el artículo 181 de la misma el SNII, como una base de datos nacional geo-referenciada que contendría la información de los registros de infraestructura activa y medios de transmisión, de infraestructura pasiva y derechos de vía y de sitios públicos y privados .

El SNII fue pensado en vista de que existen barreras económicas, administrativas y operativas por parte de los concesionarios o autorizados en sus intenciones para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones o radiodifusión; los costos de instalación de infraestructura, disponibilidad de espacios, tramitación de permisos y derechos de vía, entre otras causas, dificulta el despliegue y progreso eficiente de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

A consecuencia de lo anterior, se crea el SNII como una herramienta que contenga una base de datos nacional geo-referenciada que permita la visualización de los registros de infraestructura activa y medios de transmisión, de infraestructura pasiva y derechos de vía y sitios públicos, así como su identificación e información, ubicación, características, aprovechamiento y capacidad de la misma. Con una correcta implementación y gestión del SNII, éste creará circunstancias para una mayor promoción a la compartición de infraestructura, lo que permite a los operadores de la industria reducir costos para el despliegue y desarrollo de sus redes a través de la compartición de infreaestructura, lo que deriva en el uso eficiente de los mismos y desencadenando mejores condiciones para la competencia. Este tipo de herramientas han sido desarrolladas e implementadas por entes reguladores en otros países como lo es en Portugal, Suecia y Alemania, cada uno con sus particularidades pero en realidad con el mismo objetivo.

Los Lineamientos definen la información que conformará el SNII, así como las formalidades en las que se deberá entregar la misma, los términos y plazos para la entrega, inscripción y consulta de la misma, que deberán observar los concesionarios, autorizados, autoridades de seguridad y procuración de justicia, instituciones públicas, universidades, centros de investigación públicos y particulares.  Los Lineamientos entraron en vigor el 29 de octubre del 2019 y a partir del aviso por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones respecto del inicio de operaciones del SNII, mismo que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, se contará con un plazo no mayor de 120 días naturales para la entrega de información.

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Acedo Santamarina «Diez años de reconocimientos»

Por décimo año consecutivo, Acedo Santamarina, S.C. fue reconocido por las publicaciones The Legal 500 (Latin America Guide 2019), Chambers and Partners y Who’s Who Legal, como una de las mejores firmas en México.

En el área de TMT (Telecommunications Media and Technology), el despacho fue reconocido en todos los rankings como uno de los despachos líder en el área.  Igualmente, nuestro socio Andrés Acedo, fue reconocido como líder en la materia de TMT (Telecommunications Media and Technology), así como en el área de Derecho Corporativo y Fusiones y Adquisiciones (Corporate and M&A).

La publicación Chambers and Partners destacó lo siguiente:

El equipo es elogiado por los clientes por su servicio de alta calidad

De igual manera, el despacho fue reconocido como una de las mejores firmas en México en el área fiscal, y nuestro socio Rafael Tena fue a su vez reconocido como Leading Lawyer en la materia.

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Vence el plazo para que las Instituciones de Tecnología Financiera (las “ITF”) ingresen su solicitud ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En 2013 las autoridades mexicanas se vieron cuestionadas respecto al proceso regulatorio doméstico de las ITF, lo que las impulsó, de la mano con la propia industria, a estudiar, explorar y trabajar en la creación de regulación que atendiera al contexto nacional e internacional en la materia.  En el año de 2018, finalmente entró en vigor la Ley Para Regular Las Instituciones De Tecnología Financiera, mejor conocida como “Ley Fintech”, y posteriormente, diversa normatividad aplicable a la materia que complementó a dicha ley.

Con base en datos proporcionados por la CNBV, actualmente existen aproximadamente 500 plataformas en el país que ofrecen distintos servicios financieros que prestan las ITF. De éstas, 201 realizan actividades de financiamiento colectivo (crowdfunding) y fondos de pago electrónico.

Conforme al transitorio tercero de la Ley Fintech, así como de conformidad con la Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las ITF, se estableció un plazo que venció el pasado miércoles 25 de septiembre, para dichas plataformas solicitaran una autorización para poder operar en el país.  De no hacerlo, éstas tendrían que cesar sus operaciones, ya que se prevén sanciones administrativas y penales para quienes actúen en contravención a dichas disposiciones.

Al vencimiento del plazo, el titular de la CNBV dio a conocer que 85 plataformas que se encontraban dentro del supuesto regulatorio presentaron su solicitud de autorización, en este sentido, las 116 restantes deberán concluir sus operaciones existentes.

La CNBV cuenta con un plazo de 180 días para dar resolución a las solicitudes de autorización que durante el plazo establecido, fueron presentadas por las distintas plataformas que actualmente operan en México.

La regulación y autorización de estas plataformas prevé elevar la inclusión financiera, modernizar el sistema financiero, mejorar el ambiente de competencia, proveer certeza y profesionalismo a los usuarios de servicios financieros, así como un horizonte más atractivo para los inversionistas.

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Acedo Santamarina colabora con “Sociedad Activa” para acercar educación y cultura a los campos agrícolas de Sonora.

Como parte del programa de responsabilidad social de nuestra firma, Acedo Santamarina firmó un convenio de colaboración con Appleeseed México, en cuyo marco se prestarán servicios legales probono a organizaciones de la sociedad civil que buscan impactar de manera positiva en nuestra comunidad.

Una de las organizaciones con las que actualmente colabora Acedo Santamarina es Sociedad Activa, un colectivo sin fines de lucro cuya labor consiste esencialmente en llevar educación básica a jornaleros agrícolas de la región de Hermosillo, Sonora.

Sociedad Activa también lleva obras de teatro, cine y capacitación para productores y jornaleros de una de las regiones con mayor producción agrícola del país, con el fin de aportar al empoderamiento de uno de los sectores más marginados de México.

La educación y capacitación que Sociedad Activa acerca a los campos agrícolas contribuye a la generación de mejores expectativas en la calidad de vida no solo de los trabajadores, sino también de sus familias, que en muchos casos los acompañan durante la temporada de cosecha.

Orgullosamente un equipo de abogados de Acedo Santamarina asesora en el diseño de la estructura corporativa de Sociedad Activa, con la finalidad de formalizar jurídicamente su operación, asegurar su permanencia y el acceso a incentivos gubernamentales que permitan la ampliación de los programas que realiza a favor de la comunidad.

En Acedo Santamarina, estamos convencidos que el trabajo probono es una herramienta indispensable para la transformación de la sociedad mexicana con la que estamos comprometidos.

Para más información sobre Sociedad Activa y su trabajo por favor visita el sitio: http://www.sociedadactiva.mx/

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Incremento en la tasa del IEPS

En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción IV, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la Iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.

Se prevé que, en lo que se conoce como “Paquete Económico” para el ejercicio fiscal 2020, se realice un ajuste a la alza del impuesto especial sobre producción y servicios (“IEPS”).

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, señaló que conviene actualizar el IEPS al tabaco, bebidas alcohólicas y azucaradas.  Lo anterior, con el fin de inyectar recursos al sistema de salud y así poder hacer frente a las enfermedades asociadas con el consumo dichos productos.

Se espera que dicho incremento sea mediante el aumento de la tasa al impuesto ya existente, pues el presidente de la República ha refrendado públicamente su compromiso de no crear nuevos impuestos durante su mandato.

Actualmente se encuentran analizando y discutiendo esta propuesta en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.  Por lo que en las próximas semanas se sabrá si finalmente se incluye en el “Paquete Económico” para el ejercicio fiscal 2020.

De incluirse, habrá que revisar a detalle el texto final de la reforma y sus implicaciones, así como analizar los posibles medios de defensa al alcance de los gobernados.  Daremos seguimiento y estaremos actualizando sobre el particular.

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Posibilidad de no pagar multas derivadas de la declaración de nulidad lisa y llana o revocación del acto administrativo

El Servicio de Administración Tributaria publicó el pasado 30 de abril de 2019, el Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal, en el cual se contiene el criterio normativo 17/CFF/N de rubro: “Declaración de nulidad lisa y llana o la revocación de la resolución correspondiente no desvirtúa el cumplimiento espontaneo.”

Por su parte, el articulo 73, fracción II del Código Fiscal de la Federación establece que el cumplimiento de las obligaciones fiscales no se considera realizado de manera espontánea cuando la omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades fiscales hubieran notificado una orden de visita domiciliaria o, bien, haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Bajo este orden de ideas, el criterio establece que si derivado de la revocación o declaración de nulidad lisa y llana de la gestión de cobro el contribuyente opta por autocorregir su situación fiscal, dicho acto se considerará de manera espontánea por lo que no resultará procedente la imposición de multas.

Es importante destacar que dicha revocación o declaración de nulidad lisa y llana debe de tener como consecuencia que la gestión de cobro o la orden de visita se declaren nulos por sí mismos pues, en caso contrario, resultará procedente la imposición de multas por parte de la autoridad fiscal.

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