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COFECE interpone controversia constitucional

Autores: Rafael Tena Castro y Rosario Melgar Fernández

El pasado 22 de junio de 2020 la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”) emitió un comunicado informando que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”), una controversia constitucional en contra del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, expedido por la Secretaría de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020 (“Acuerdo SENER”).

Lo anterior, por considerar que violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que afecta su mandato constitucional e invade su esfera competencial.

La COFECE considera que la política mencionada es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad. Asimismo, la COFECE expresamente señala:

“El instrumento publicado en el DOF afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector. Ello porque la Política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista; asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica.”

Queda esperar que la SCJN se pronuncie respecto de la controversia constitucional interpuesta por la COFECE. Particularmente, por lo que hace a los alcances del ACUERDO SENER, emitido por esa dependencia gubernamental, al parecer, en exceso de sus facultades e invadiendo las facultades de la propia COFECE, en perjuicio de los consumidores.

Se aclara que, desde el punto de vista legal, una controversia constitucional es un mecanismo de control de constitucionalidad, en forma de juicio, para dirimir controversias. En este caso, entre un órgano constitucional autónomo y el Poder Ejecutivo de la Unión, surtiendo efectos la resolución que emita la SCJN únicamente entre la SENER y la COFECE.

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Medidas anunciadas por la SCJN para el periodo del 1º al 30 de junio

Autores: Roberto Altamirano Fuentes y Eduardo Reyes.

De acuerdo con los Acuerdos Generales 3/2020, 6/2020 y 7/2020 emitidos durante los meses de marzo y abril de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”) decidió decretar ciertas medidas con la finalidad de mitigar los riesgos asociados a la enfermedad del COVID-19, entre las que se encuentran, declarar como inhábiles los días comprendidos del 18 de marzo al 31 de mayo de 2020.

Con fecha 26 de mayo de 2020, el Pleno de la SCJN emitió el Acuerdo General 10/2020 en el que se prorroga el plazo de suspensión de actividades jurisdiccionales hasta el 30 de junio de 2020, en el entendido que durante el citado periodo no correrán términos, sin embargo, se habilitarán los días y horas necesarios para el desarrollo de actividades a través de medios electrónicos o a distancia, que tengan por objeto lo siguiente:

a) Proveer sobre la suspensión solicitada en las controversias constitucionales urgentes, y las actuaciones judiciales que sean necesarias para la eficacia de dicha medida.

b) Se presenten únicamente por vía electrónica los escritos iniciales de los asuntos de la competencia de la SCJN, mediante el uso de la FIREL o e.firma, debiéndose generar los expedientes electrónicos que corresponda.

c) Continuar con el trámite por vía electrónica de asuntos regulados en la Ley de Amparo, de controversias constitucionales, de acciones de inconstitucionalidad en las que se hayan impugnado leyes de vigencia anual o en contra de normas en materia electoral, y de los recursos de reclamación interpuestos en dichos medios de control constitucional radicados en la SCJN, o de los que se interpongan en contra de las controversias constitucionales urgentes presentadas a partir del 18 de marzo de 2020, que trasciendan a la materia de suspensión, por medio de la FIREL o e.firma.

d) Digitalizar las constancias y formar expedientes electrónicos en los asuntos mencionados en el inciso c) anterior, con el fin de que éstos continúen su tramitación vía electrónica.

e) Proveer por medios electrónicos los asuntos mencionados en los incisos b) al d), y se realicen las notificaciones por oficio, lista o rotulón electrónico, según corresponda, así como electrónicamente.

f) Se notifiquen personalmente los emplazamientos en los juicios promovidos electrónicamente a partir del 1º de junio de 2020, y por oficio a las respectivas autoridades los proveídos que admitan amparos en revisión o directos en revisión, interpuestos con anterioridad o posterioridad a la citada fecha.

g) Se celebren audiencias y comparecencias a distancia.

h) Se provea sobre los asuntos listados o que puedan listarse para las sesiones del Pleno y las Salas de la SCJN celebradas a distancia, se notifiquen las sentencias emitidas en dichas sesiones por lista o por rotulón electrónico, y se firmen los engroses y votos correspondientes electrónicamente, y se pongan los proyectos de resolución a disposición de las Secretarías de Acuerdos y Ponencias a través de medios electrónicos.

i) Se notifiquen a los órganos legislativos los puntos resolutivos de las sentencias dictadas por el Pleno de la SCJN, en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales en la que los efectos de declaración de invalidez estén sujetas a dicha notificación.

j) Se concluya el engrose de los asuntos resueltos por el Pleno y las Salas de la SCJN, previo al 18 de marzo de 2020, debiéndose firmar electrónicamente y notificar por medio de lista o rotulón electrónico.

Los plazos para desahogar requerimientos ordenados en los proveídos dictados durante el mes de junio de 2020, o interponer recursos por vía electrónica en su contra, reiniciarán o comenzarán únicamente para la parte que promueva por vía electrónica. En el caso de los acuerdos en que se admita a trámite un amparo en revisión o directo en revisión, el plazo para su impugnación iniciará a partir del surtimiento de efectos de la respectiva notificación por oficio o lista electrónica.

Con las medidas anunciadas se pretende que durante el mes de junio la SCJN realice sus actividades con las precauciones necesarias ante la pandemia del virus SARS CoV-2 (COVID-19).

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Se extiende la suspensión de actividades jurisdiccionales

Autores: Roberto Altamirano Fuentes y Eduardo Reyes.

Mediante acuerdos adoptados en sesiones celebradas el 13 de abril de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, decidieron prorrogar la suspensión de actividades jurisdiccionales que originalmente se había fijado hasta el 19 de abril de 2020, en el sentido de declarar también como inhábiles los días comprendidos en el periodo que transcurre del 20 de abril al 5 de mayo de 2020.

Lo anterior con la finalidad de ser consistentes con el “Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV” (COVID-19)”, y el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 30 y 31 de marzo de 2020, respectivamente, en los que esencialmente se ordenó la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, a efecto de evitar la dispersión, transmisión, carga de enfermedad, complicaciones y muertes causadas por el virus COVID-19 en el territorio nacional.

En todos los casos, considerando que la prestación del servicio público de impartición de justicia es una función esencial, las autoridades adoptaron las medidas necesarias para mantener la operatividad de los  órganos jurisdiccionales en la atención de casos urgentes. A manera de ejemplo, en el Acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal se señalan como casos urgentes, la ejecución de órdenes de aprehensión o de congelamiento de cuentas bancarias, y en general, asuntos en los que se encuentre en peligro la salud o integridad física de las personas.

Finalmente, en los Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se refieren a la posibilidad de celebrar las sesiones que sean necesarias, a distancia, mediante el uso de herramientas tecnológicas.

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