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GEOLOCALIZACIÓN DE DISPOSITIVOS DE LA BANCA ELECTRÓNICA

El pasado 22 de marzo de 2019 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito (el “Decreto”), mismo que entró en vigor el pasado 23 de marzo de 2021.

Por medio del Decreto se llevaron a cabo diversas modificaciones y adiciones a las Reglas de Carácter General que regulan a las instituciones de crédito, así como a las operaciones por medio de plataformas digitales, en cumplimiento del marco legal en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento del terrorismo.

Dentro del Decreto se prevé la obligación de los bancos de obtener y conservar la geolocalización en tiempo real del dispositivo a través del que sus clientes o usuarios hacen uso de los servicios de banca electrónica.

Conforme a las reglas 4 Ter, 16 Bis y 24, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (“SHCP”) obliga a las instituciones de crédito a recabar la geolocalización de los dispositivos al momento en que: (i) abran una cuenta o celebren un contrato a través de dispositivos de forma no presencial, (ii) integren el expediente de identificación del usuario o (iii) realicen operaciones de forma no presencial.

A efecto de que se pueda iniciar con la geolocalización de los dispositivos, se requiere que los usuarios y clientes de los servicios digitales otorguen su consentimiento expreso y habiliten la función dentro de la configuración de sus dispositivos.

De no consentir y habilitar la función señalada, el Decreto establece que las instituciones de crédito se encuentran obligadas a no celebrar operaciones con usuarios de forma no presencial, es decir, a través de los servicios de banca digital.

Se estima que la medida puede afectar diversos derechos humanos, por lo que es posible impugnar su contenido a través del juicio de amparo indirecto e, incluso, solicitar la suspensión de su aplicación durante la tramitación del procedimiento, con la finalidad de que no sea aplicada hasta que se resuelva el medio de defensa y, en consecuencia, poder seguir haciendo uso de los servicios de banca digital sin habilitar la función de geolocalización.

Incluso, puede llegar a ser contraria a criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido en algunos asuntos.  Por lo que se estima que, de impugnarse, puede confirmarse la inconstitucionalidad de el uso de la geolocalización en tiempo real, en el caso en concreto.

Esperamos que la presente información les sea de utilidad.  La publicación completa puede encontrarse a través de la liga siguiente:

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5554909&fecha=22/03/2019

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REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA JUDICIAL

Derivado de la iniciativa presentada por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al presidente de la República, con fecha 11 de marzo de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativos al Poder Judicial de la Federación” (el “Decreto”).

Las reformas y adiciones constitucionales previstas en el Decreto consisten esencialmente en lo siguiente:

  • Los Tribunales Unitarios de Circuito y los Plenos de Circuito son sustituidos por Tribunales Colegiados de Apelación y Plenos Regionales, respectivamente, en el entendido que en cada entidad federativa deberá existir un Tribunal Colegiado de Apelación, por lo menos.
  • Se sustituye la jurisprudencia por reiteración de criterios por la figura del precedente judicial único consistente en que las razones que sustenten una determinada decisión de la Suprema Corte de Justicia, compartidas por una mayoría calificada (ocho votos en el caso del Pleno y cuatro en el de las Salas), resulten obligatorias para los autoridades judiciales de la Federación y de las entidades federativas.
  • En las controversias constitucionales se deberán analizar únicamente violaciones directas a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales.
  • Se legitima a los órganos constitucionales autónomos de las entidades federativas como sujetos de las controversias constitucionales.
  • La Suprema Corte de Justicia estará facultada para conocer del recurso de revisión en amparo directo en caso de que, a su juicio, la materia del recurso revista un interés excepcional en materia constitucional o de derechos humanos, sin que sea posible impugnar la decisión de desechar el recurso.
  • El Consejo de la Judicatura Federal será el órgano facultado para:

1)Determinar el número, división, especialización por materia (incluyendo radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica) de los Tribunales Colegiados de Circuito, Tribunales Colegiados de Apelación y Juzgados de Distrito;

2)Establecer mediante acuerdos generales los circuitos sobre los cuales los Plenos Regionales ejercerán su jurisdicción, debiendo atender para ello a las cargas de trabajo y las estadísticas de los asuntos planteados y resueltos;

3)Designar, de acuerdo con el marco legal correspondiente, a los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, cuya duración en el encargo será de 6 años, con la posibilidad de que éstos sean ratificados; y

4)Concentrar en uno o más órganos jurisdiccionales los asuntos sobre violaciones graves de derechos humanos, con base en el interés social y el orden público, y sin sujetarse a las reglas de turno y competencia.

  • Las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal no admitirán recurso o juicio alguno en su contra, excepto las relativas a la adscripción, ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, mismas decisiones que podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
  • El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará facultado para expedir los acuerdos generales necesarios para: (i) lograr una distribución adecuada de los asuntos que deban conocer las Salas, y (ii) remitir asuntos a los Plenos Regionales y a los Tribunales Colegiados de Circuito, para una mayor rapidez en su despacho y resolución.
  • La Suprema Corte de Justicia de la Nación mantiene la facultad para nombrar y remover a sus secretarios, funcionarios y empleados.
  • Se crea la Escuela Federal de Formación Judicial dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, la cual sustituirá al Instituto de la Judicatura Federal.

El Congreso de la Unión deberá expedir la legislación secundaria correspondiente a las citadas reformas y adiciones constitucionales, dentro de los 180 días hábiles siguientes al 12 de marzo de 2021, fecha en la que el Decreto entra en vigor.  La legislación secundaria prevista en el Decreto deberá regular primordialmente:

  • La competencia de la Suprema Corte y su funcionamiento en Pleno y Salas;
  • La competencia de los Plenos Regionales, Tribunales de Circuito, Juzgados de Distrito y Tribunal Electoral;
  • Los criterios, requisitos y procedimientos aplicables a la designación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito;
  • La responsabilidad de los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación;
  • Las bases para la formación y actualización de funcionarios para el desarrollo de la carrera judicial; y
  • La prestación del servicio de la defensoría pública en asuntos del fuero federal a través del Instituto Federal de Defensoría Pública.

En este sentido, se estima que a partir de la reforma constitucional, el Congreso de la Unión expida la Ley de Carrera Judicial y se reforme la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo, la Ley de Defensoría Pública, el Código Federal de Procedimientos Civiles, la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, y la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución.

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SUSPENSIÓN PROVISIONAL A LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LIE

En seguimiento a la nota publicada relacionada con la reciente reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que entró en vigor el 10 de marzo de 2021, por este medio les informamos que el día de hoy, 11 de marzo de 2021, el Juez Segundo en materia administrativa especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, otorgó una suspensión provisional a la entrada en vigor del decreto de reforma a la referida Ley.

Si bien esta suspensión se otorgó a la quejosa, la empresa “Parque Solar Orejana”, la resolución judicial estableció que con el objeto de evitar distorsiones en el mercado eléctrico, la suspensión provisional será aplicable a todos los participantes del “Mercado Eléctrico Mayorista”.

Seguiremos informándoles respecto de la evolución de ésta y otras consecuencias jurídicas que deriven del decreto de reforma a la Ley de a Industria Eléctrica.

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Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica.

El día 10 de marzo de 2021 entró en vigor el “Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de la Industria Eléctrica” (en adelante, el “Decreto”) publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 9 del mismo mes, que busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (en adelante “CFE”) frente a otros competidores.

Los aspectos importantes del Decreto se centran en introducir las siguientes figuras, que tendrán consecuencias directas tanto para el sector energético, como para la economía mexicana, que son: (i) Central Eléctrica Legada[1]; (ii) Contrato de cobertura eléctrica y la modalidad de éste con compromiso de entrega física; y (iii) Contrato legado para el suministro básico.

En términos generales, estas figuras otorgan preferencia al consumo de la energía eléctrica generada (hidroeléctrica y por combustibles) por la CFE y, en segundo lugar, se despachará la energía generada por la inversión privada (eólica, solar y ciclo combinado). Asimismo, por este Decreto se elimina la obligatoriedad de realizar subastas de energía que permitían a los particulares una competitividad mayor para suministrar energía a la CFE.

Por otro lado, la aprobación de los nuevos permisos de generación de energía eléctrica estará sujeta a los criterios de la Secretaría de Energía (en adelante “SENER”) y del Sistema Eléctrico Nacional, y se pretende que haya mayor libertad para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia (“CELs”), situación que podría provocar una pérdida de su valor en el mercado.

Con el fin de materializar estos cambios, el Decreto ordena a la SENER, a la Comisión Reguladora de Energía (en adelante “CRE”) y al Centro Nacional de Control de Energía para que, dentro de los 6 meses siguientes a la entrada en vigor, modifiquen y alineen con el Decreto las disposiciones en materia de energía eléctrica necesarias contenidas en los acuerdos, resoluciones, lineamientos, políticas, criterios, manuales y demás instrumentos que hubieren expedido.

Asimismo, otorga facultades a la CRE para: (i) revocar los permisos de autoabastecimiento vigentes que hubieren sido otorgados o tramitados de manera fraudulenta y al amparo de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica; y (ii) revisar la rentabilidad y legalidad de los contratos de generación de los productores privados.

Resulta relevante distinguir que la industria de energía eléctrica juega un papel importante en el cambio climático que estamos viviendo. Pareciera ser que las consecuencias del Decreto no permitirán una completa colaboración proactiva entre el sector público y el privado que pudiera mitigar la volatilidad de precios y disminuir las emisiones de CO2 al medio ambiente. Daremos seguimiento a las reacciones y consecuencias jurídicas que deriven de esta reforma, para informarles puntualmente. En Acedo Santamarina nos mantenemos a sus órdenes para cualquier consulta en relación con el Decreto.

[1] La cual se define como una central eléctrica que no se incluye en un permiso para generar energía eléctrica, que sea propiedad del Estado y cuya construcción y entrega sea con independencia de su modalidad de financiamiento.

Daniela Cervantes Escamilla

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