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COFECE interpone controversia constitucional

Autores: Rafael Tena Castro y Rosario Melgar Fernández

El pasado 22 de junio de 2020 la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”) emitió un comunicado informando que interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”), una controversia constitucional en contra del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, expedido por la Secretaría de Energía, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020 (“Acuerdo SENER”).

Lo anterior, por considerar que violenta los principios fundamentales de competencia y libre concurrencia ordenados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que afecta su mandato constitucional e invade su esfera competencial.

La COFECE considera que la política mencionada es contraria al contenido de los artículos 16, 28 y 133 constitucionales, así como a las leyes aplicables en materia de electricidad, los cuales en conjunto establecen un régimen de competencia en la generación y suministro de electricidad. Asimismo, la COFECE expresamente señala:

“El instrumento publicado en el DOF afecta de manera grave la estructura económica del sector de electricidad, ya que elimina la posibilidad de que este opere en condiciones de competencia y eficiencia, así como en los términos dispuestos en el conjunto del marco normativo vigente del país para este sector. Ello porque la Política impugnada compromete tanto el acceso abierto y no discriminatorio a las redes de transmisión y distribución (insumo indispensable en esta industria), como el criterio de despacho económico que rige la operación del mercado eléctrico mayorista; asimismo, otorga ventajas en favor de ciertos participantes y disminuye la capacidad de competir de otros, sacrifica la eficiencia y establece barreras a la entrada en la generación eléctrica.”

Queda esperar que la SCJN se pronuncie respecto de la controversia constitucional interpuesta por la COFECE. Particularmente, por lo que hace a los alcances del ACUERDO SENER, emitido por esa dependencia gubernamental, al parecer, en exceso de sus facultades e invadiendo las facultades de la propia COFECE, en perjuicio de los consumidores.

Se aclara que, desde el punto de vista legal, una controversia constitucional es un mecanismo de control de constitucionalidad, en forma de juicio, para dirimir controversias. En este caso, entre un órgano constitucional autónomo y el Poder Ejecutivo de la Unión, surtiendo efectos la resolución que emita la SCJN únicamente entre la SENER y la COFECE.

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Aviso de personas morales para informar al RFC su estructura accionaria

En términos de lo dispuesto en el artículo 27, apartado B, fracción VI del Código Fiscal de la Federación (“CFF”), las personas morales deberán presentar un aviso en el Registro Federal de Contribuyentes (“RFC”), a través del cual informen el nombre y la clave en el RFC de los socios o accionistas, cada vez que se realice alguna modificación o incorporación respectos a estos, en términos de lo que establezca el Reglamento del Código Fiscal de la Federación (“RCFF”).

Lo anterior busca que el Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) se allegue de información para conocer en tiempo real la estructura accionaria de las personas morales, con los datos de sus socios o accionistas.  Principalmente, si están dados de alta en el RFC y, posteriormente, conocer las modificaciones e incorporaciones de los mismos, de forma que tenga actualizada dicha información.

Toda vez que el RCFF no se ha modificado, el SAT incluyó en la Resolución Miscelánea Fiscal (“RMF”) para 2020 la regla 2.4.19., la cual establece que el aviso deberá realizarse conforme a la ficha de trámite 295/CFF “Aviso de actualización de socios o accionistas”, contenida en el Anexo 1-A, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a aquél en que se realice el supuesto correspondiente ante la Administración Desconcentrada de Servicios al Contribuyente.

De conformidad con el artículo transitorio cuadragésimo sexto de la RMF para 2020, las personas morales que no tengan actualizada la información de sus socios o accionistas ante el RFC, deberán presentar el aviso con la información correspondiente a la estructura con la que se encuentren en ese momento.  El aviso deberá presentarse, por única ocasión, a más tardar el martes 30 de junio de 2020.

En caso de no presentar el aviso al RFC o hacerlo extemporáneamente, la persona moral podría cometer las infracciones relacionadas con el RFC previstas en el CFF, así como tener consecuencias en materia de Certificados de Sello Digital.

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Iniciativa de Ley para crear el INMECOB

Por: Mauricio Arciniega

El pasado miércoles 10 de junio del año presente, el senador Ricardo Monreal, integrante y líder del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con dicha iniciativa se propone crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar “INMECOB”, como un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica, autonomía técnica, operativa y de gestión. La iniciativa expone como motivos el reducir el gasto público.

Con el nacimiento del INMECOB, se extinguirían el Instituto Federal de Telecomunicaciones (“IFT”), la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”) y la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”), con el propósito de integrar dichos órganos reguladores y así establecer el único en materia de Competencia Económica y en los sectores de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Energético, sin pasar a formar parte del INMECOB las facultades de la CRE en materia de hidrocarburos.

Empero, el Senador Monreal mencionó el pasado domingo en redes sociales que pospondrá el proceso legislativo de dicha iniciativa a efecto de iniciar un proceso de valorización y discusión de esta. Es importante apuntar que, de ser aprobada la iniciativa en los términos actuales, existiría un recorte presupuestario y de personal, afectando las funciones técnicas y especializadas que desarrollan el IFT, la COFECE y la CRE, monopolios naturales indispensables para la economía. Además, no sería conforme al requisito del Capítulo 18 previsto en el T-MEC, que es contar con un organismo regulador de telecomunicaciones independiente, por lo que, entre otros motivos se podría esperar que la iniciativa tuviere un impacto directo en la inversión en nuestro país.

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Medidas anunciadas por la SCJN para el periodo del 1º al 30 de junio

Autores: Roberto Altamirano Fuentes y Eduardo Reyes.

De acuerdo con los Acuerdos Generales 3/2020, 6/2020 y 7/2020 emitidos durante los meses de marzo y abril de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”) decidió decretar ciertas medidas con la finalidad de mitigar los riesgos asociados a la enfermedad del COVID-19, entre las que se encuentran, declarar como inhábiles los días comprendidos del 18 de marzo al 31 de mayo de 2020.

Con fecha 26 de mayo de 2020, el Pleno de la SCJN emitió el Acuerdo General 10/2020 en el que se prorroga el plazo de suspensión de actividades jurisdiccionales hasta el 30 de junio de 2020, en el entendido que durante el citado periodo no correrán términos, sin embargo, se habilitarán los días y horas necesarios para el desarrollo de actividades a través de medios electrónicos o a distancia, que tengan por objeto lo siguiente:

a) Proveer sobre la suspensión solicitada en las controversias constitucionales urgentes, y las actuaciones judiciales que sean necesarias para la eficacia de dicha medida.

b) Se presenten únicamente por vía electrónica los escritos iniciales de los asuntos de la competencia de la SCJN, mediante el uso de la FIREL o e.firma, debiéndose generar los expedientes electrónicos que corresponda.

c) Continuar con el trámite por vía electrónica de asuntos regulados en la Ley de Amparo, de controversias constitucionales, de acciones de inconstitucionalidad en las que se hayan impugnado leyes de vigencia anual o en contra de normas en materia electoral, y de los recursos de reclamación interpuestos en dichos medios de control constitucional radicados en la SCJN, o de los que se interpongan en contra de las controversias constitucionales urgentes presentadas a partir del 18 de marzo de 2020, que trasciendan a la materia de suspensión, por medio de la FIREL o e.firma.

d) Digitalizar las constancias y formar expedientes electrónicos en los asuntos mencionados en el inciso c) anterior, con el fin de que éstos continúen su tramitación vía electrónica.

e) Proveer por medios electrónicos los asuntos mencionados en los incisos b) al d), y se realicen las notificaciones por oficio, lista o rotulón electrónico, según corresponda, así como electrónicamente.

f) Se notifiquen personalmente los emplazamientos en los juicios promovidos electrónicamente a partir del 1º de junio de 2020, y por oficio a las respectivas autoridades los proveídos que admitan amparos en revisión o directos en revisión, interpuestos con anterioridad o posterioridad a la citada fecha.

g) Se celebren audiencias y comparecencias a distancia.

h) Se provea sobre los asuntos listados o que puedan listarse para las sesiones del Pleno y las Salas de la SCJN celebradas a distancia, se notifiquen las sentencias emitidas en dichas sesiones por lista o por rotulón electrónico, y se firmen los engroses y votos correspondientes electrónicamente, y se pongan los proyectos de resolución a disposición de las Secretarías de Acuerdos y Ponencias a través de medios electrónicos.

i) Se notifiquen a los órganos legislativos los puntos resolutivos de las sentencias dictadas por el Pleno de la SCJN, en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales en la que los efectos de declaración de invalidez estén sujetas a dicha notificación.

j) Se concluya el engrose de los asuntos resueltos por el Pleno y las Salas de la SCJN, previo al 18 de marzo de 2020, debiéndose firmar electrónicamente y notificar por medio de lista o rotulón electrónico.

Los plazos para desahogar requerimientos ordenados en los proveídos dictados durante el mes de junio de 2020, o interponer recursos por vía electrónica en su contra, reiniciarán o comenzarán únicamente para la parte que promueva por vía electrónica. En el caso de los acuerdos en que se admita a trámite un amparo en revisión o directo en revisión, el plazo para su impugnación iniciará a partir del surtimiento de efectos de la respectiva notificación por oficio o lista electrónica.

Con las medidas anunciadas se pretende que durante el mes de junio la SCJN realice sus actividades con las precauciones necesarias ante la pandemia del virus SARS CoV-2 (COVID-19).

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