Noticias

El consejo de la judicatura federal anuncia las nuevas medidas a las que deberá sujetarse la actividad de los juzgados federales durante los días del 6 al 31 de mayo de 2020

Autores: Roberto Altamirano y Eduardo Reyes

Mediante los Acuerdos Generales 8/2020 y 9/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal anunció las medidas que deberán observarse durante el período comprendido del 6 al 31 de mayo de 2020, mismas que fueron adoptadas con la finalidad de restablecer las actividades de los órganos del Poder Judicial de la Federación en el contexto de la contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19. Dichas medidas son las siguientes:

Trámite y resolución de casos urgentes.

Los asuntos nuevos que se consideren urgentes podrán promoverse de forma física o a través del “juicio en línea” utilizando la firma electrónica, es decir, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (“FIREL”) o la “e.firma” (antes firma electrónica avanzada o “FIEL”).

Los órganos jurisdiccionales deberán dar seguimiento oficioso a los asuntos que al radicarse fueron calificados como urgentes.

En caso de que un asunto urgente sea promovido físicamente, los funcionarios judiciales exhortaran a las partes para que en la medida de lo posible continúen con su tramitación mediante el “juicio en línea”.

Resolución de casos tramitados físicamente.

Se reanudará la resolución de los asuntos que hayan sido tramitados presencialmente, en los que únicamente esté pendiente la emisión de la sentencia o resolución final.

Trámite y resolución de casos sustanciados a través del “juicio en línea”.

Se restablecerá el trámite y resolución de los asuntos que antes del inicio de la contingencia sanitaria hubieren sido promovidos mediante el “juicio en línea”, excepto aquellos en los que se encuentre pendiente la celebración de audiencias o desahogo de diligencias que requieran la presencia física de las partes o la práctica de notificaciones personales.

Suspensión de plazos y términos.

No correrán plazos y términos procesales, no se celebrarán audiencias ni se practicarán diligencias, tratándose de: (i) las solicitudes, demandas, recursos, juicios y procedimientos en general, diversos a los casos arriba mencionados, y (ii) la interposición de recursos en contra de las sentencias y resoluciones dictadas en casos tramitados físicamente.

Casos urgentes.

El Acuerdo General 8/2020 contiene un listado no limitativo de los asuntos que deberán calificarse como urgentes, entre los que destacan el ejercicio de la acción penal con detenido, solicitudes de orden de cateo e intervención de comunicaciones privadas, calificación de detenciones, vinculaciones a proceso, determinaciones sobre extradición, trámite para la determinación y ejecución de beneficios preliberacionales y los derivados de la Ley de Amnistía, amparos contra determinaciones sobre pensiones alimenticias, amparos contra determinaciones sobre medidas cautelares en casos de violencia intrafamiliar, amparos relacionados con actos que afecten el interés superior de menores de edad, medidas cautelares en concursos mercantiles, y declaraciones de inexistencia de huelga.

En general, el juzgador deberá calificar a un asunto como urgente, considerando lo siguiente: (i) los derechos humanos objeto del procedimiento, la trascendencia de su eventual violación, y las consecuencias que pudieran derivar de postergar su trámite hasta la conclusión de la contingencia, y (ii) los posibles impactos sobre el acceso a derechos económicos y sociales de colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, tales como los derechos relacionados con su salud.

Sesiones ordinarias de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Las listas de sesión se publicarán oportunamente en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal.

Las sesiones se llevarán a cabo sin la presencia del público, vía remota, por videoconferencia, y serán almacenadas y resguardadas para su ulterior consulta.

Se hará constar en un acta el sentido y observaciones de cada Magistrado, así como las características en que se haya desahogado la sesión.

Las partes podrán consultar el registro de la sesión una vez que se haya notificado la resolución correspondiente.

Atención de casos en materia penal adicionales a los urgentes.

En asuntos que no se califiquen como urgentes, los órganos jurisdiccionales deberán: (i) atender las decisiones que no requieran audiencias, (ii) atender las decisiones que requieran audiencias, que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas, procurando su desahogo mediante videoconferencia, (iii) atender los asuntos cuya tramitación se encuentre integrada para su resolución, y (iv) practicar las actuaciones de trámite que puedan decidirse por escrito y que permitan la resolución de expedientes de ejecución.

Ejemplos de estos casos son: las solicitudes de libertad provisional bajo caución y amparos en los que se reclame el aseguramiento de inmuebles que constituyan el hogar del quejoso.

READ MORE
Noticias

Fabricantes de EEUU dirigen carta al presidente de México para proteger cadenas de suministros

Diversas empresas estadounidenses integrantes de la Asociación Nacional de Fabricantes (National Association of Manufacturers), dedicadas a la producción de diferentes insumos en México, dirigieron una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 22 de abril del 2020, en la que expresan su preocupación respecto de los decretos que ha emitido la Secretaría de Salud y los distintos niveles de gobierno, mismos que han derivado en la imposibilidad de que operen las instalaciones de producción esencial de dichas empresas, así como las de sus proveedores. Lo que ha perjudicado en la capacidad de producir insumos esenciales (como lo son los recursos que requieren los profesionales de la salud, entre otros, para hacer frente a la pandemia por el COVID-19), tanto para los ciudadanos mexicanos como para los habitantes del resto de América del Norte.

En este sentido, la carta insta a México para que reconozca y homologue los criterios para determinar si un fabricante puede ser considerado esencial y crítico, en términos de los lineamientos que ha emitido la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (CISA), en la medida de lo posible. Lo anterior, con el objeto de garantizar la continuidad de las operaciones de los productores de insumos esenciales, así como para disminuir la interrupción de la cadena de suministro de la industria de producción en América del Norte.

Finalmente, las empresas aseguran el compromiso que tienen con la seguridad y salud de los empleados, y en general, de la comunidad mexicana, por lo que han implementado prácticas como el distanciamiento y la utilización de equipo de protección.

En Acedo Santamarina continuamos asesorando a nuestros clientes en sus operaciones transfronterizas así como en la adopción de las medidas necesarias para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19.

READ MORE
Noticias

Se extiende el plazo para presentar la declaración de situación patrimonial y de intereses para los servidores públicos

La Secretaría de la Función Pública (“SFP”), emitió un Acuerdo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de abril de 2020 (el “Acuerdo”), por el que se amplían los plazos previstos en el artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses en el año 2020, con motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por el coronavirus SARS-COV2 (COVID-19).

Previo al análisis del citado Acuerdo, conviene señalar el fundamento legal de la obligación que tienen los servidores públicos de presentar su declaración patrimonial y de intereses conforme a Ley General de Responsabilidades Administrativas (“LGRA”), así como los plazos en que se deben presentar, conforme a lo señalado en los artículos 32 y Fracciones I, II y III del artículo 33 de la misma, que a continuación se transcriben:

Artículo 32. Estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, bajo protesta de decir verdad y ante las Secretarías o su respectivo Órgano interno de control, todos los Servidores Públicos, en los términos previstos en la presente Ley. Asimismo, deberán presentar su declaración fiscal anual, en los términos que disponga la legislación de la materia.

Artículo 33. La declaración de situación patrimonial deberá presentarse en los siguientes plazos:

  1. Declaración inicial, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la toma de posesión con motivo del:
  2. Ingreso al servicio público por primera vez;
  3. Reingreso al servicio público después de sesenta días naturales de la conclusión de su último encargo;
  4. Declaración de modificación patrimonial, durante el mes de mayo de cada año, y
  • Declaración de conclusión del encargo, dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión.

Con base en lo anterior, el Artículo Primero del citado Acuerdo amplía el plazo de presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses en la modalidad de modificación en términos de la fracción II del artículo 33 de la LGRA, hasta el 31 de julio de 2020, para todas las personas servidoras públicas de la Administración Pública Federal, incluidas aquellas que deberán presentarlas por primera vez. Lo anterior, sin perjuicio de las determinaciones que la autoridad sanitaria establezca para mitigar y controlar los riesgos para la salud que implica la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19).

Asimismo, el Artículo Segundo del Acuerdo establece que las declaraciones patrimoniales y de intereses en su modalidad de inicio y conclusión, en la Administración Pública Federal, se seguirán presentando en los plazos que prevé el artículo 33, fracciones I y III de la LGRA, por lo que su cómputo se reanudará cuando concluya la suspensión de plazos y términos existente en los asuntos competencia de la SFP (es decir, del 23 de marzo al 17 de abril de 2020), considerando la suspensión vigente de las actividades de la SFP en términos de cierto acuerdo de fecha 27 de marzo de 2020.

De lo anterior, podemos concluir, que los servidores públicos están obligados a presentar su declaración patrimonial inicial dentro de los sesenta días siguientes a la toma de posesión del cargo; considerando la suspensión de actividades y términos que reanudarán el 18 de abril de 2020.

Por lo que respecta a la declaración de modificación patrimonial, los servidores públicos que estén obligados a presentarla, incluidos los que deban presentarla por primera vez, deberán hacerlo a más tardar el 31 de julio de 2020.

En cuanto a la Declaración de conclusión del encargo, los servidores públicos que estén obligados a presentarla dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión; reanudándose el cómputo de dicho plazo el 18 de abril de 2020, fecha en que la SFP reanudará el cómputo de sus plazos y términos.

La falta de presentación de la declaración de situación patrimonial y de intereses por parte de los servidores públicos es considerada una falta administrativa no grave, en términos de lo dispuesto por el artículo 49 fracción IV de la LGRA, y puede implicar alguna de las siguientes sanciones, por parte de la SFP o de los Órganos internos de control: a) Amonestación pública o privada; b) Suspensión del empleo, cargo o comisión; c) Destitución de su empleo cargo o comisión; d) Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

La Secretaría antes mencionada y los Órganos internos de control podrán imponer una o más de las sanciones administrativas ante señaladas, siempre y cuando sean compatibles entre ellas y de acuerdo con la trascendencia de la Falta administrativa no grave.

La suspensión del empleo, cargo o comisión que se imponga podrá ser de uno a treinta días naturales. En caso de que se imponga como sanción la inhabilitación temporal, ésta no será menor de tres meses ni podrá exceder de un año.

Teniendo en cuenta que la materia de responsabilidad de los servidores públicos es concurrente, habría que analizar la legislación de cada entidad federativa respecto de la presentación de declaración de situación patrimonial y de intereses de servidores públicos locales, para efectos de determinar si existen disposiciones distintas a las mencionadas para el cumplimiento de dicha obligación.

READ MORE
Noticias

Prórroga para la presentación de la declaración anual

En términos de lo dispuesto en el artículo 150 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, las personas físicas que obtengan ingresos en un año calendario, a excepción de los exentos y de aquéllos por los que se haya pagado impuesto definitivo, están obligadas a pagar el impuesto anual mediante declaración que presentarán en el mes de abril del año siguiente.

No obstante, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-COV2 (COVID-19) diversos organismos empresariales, colegios de profesionistas y la comunidad internacional han solicitado medidas para mitigar los efectos financieros de la pandemia.

Por lo anterior, con fecha 22 de abril de 2020 el SAT publicó en su página de Internet la cuarta versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal, en la que se incorpora la regla 13.2., facultando a las personas físicas para que presenten su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a más tardar el día 30 de junio de 2020.

Esta medida busca facilitar la recaudación e incentivar que este tipo de trámites se realicen desde casa. Al momento de eleboración de este comunicado no ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación.

READ MORE
Noticias

Modificación del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS- CoV2 (COVID-19)

El 21 de abril de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS- CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020” (el “Nuevo Acuerdo”).

En el acuerdo del 31 de marzo (el “Primer Acuerdo”) se ordenó la suspensión inmediata de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, esto con la finalidad de disminuir la propagación del virus en la comunidad. En este sentido, el Nuevo Acuerdo, por medio de una modificación a la fracción I del Artículo Primero del Primer Acuerdo, extiende la Jornada Nacional de Sana Distancia del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, plazo en el que estarán suspendidas las actividades no esenciales.

De igual manera, se adiciona el Artículo Tercero al Primer Acuerdo, en el que se establece que las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19 dejarán de implementarse desde el 18 de mayo de 2020 en los municipios en que, a esa fecha,  se presente baja o nula transmisión del virus. La Secretaría de Salud Federal será quien defina los criterios para evaluar la intensidad de la transmisión del virus COVID-19. Además, dicha Secretaría indicará los lineamientos para la reducción de la movilidad en los municipios con un grado de propagación distinto. Independientemente, de la intensidad de transmisión en cada municipio, se mantendrá la medida de protección de personas que estén dentro de los grupos de riesgo.

Por su parte, se adiciona el Artículo Cuarto, mismo que establece que la Secretaría de Salud Federal adecuará el sistema de vigilancia epidemiológica, y otros sistemas de información, según lo considere necesario para lograr una vigilancia de la demanda y las disponibilidad de servicios hospitalarios en el segundo y tercer nivel de atención médica, así como de los pacientes que se encuentran graves a causa del virus COVID-19.

Asimismo, se adiciona un Artículo Quinto que menciona que los gobiernos de las entidades federativas deben: (i) mantener actualizado el Reporte diario de ocupación, disponibilidad y atención por Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y cualquier otro que la Secretaría de Salud Federal indique, (ii) instrumentar las medidas de prevención y control atendiendo a los criterios generales emitidos por la Secretaría y de conformidad con la magnitud del epidemia, (iii) establecer y ejecutar mecanismos conducentes a la reducción de la movilidad de los habitantes entre municipios con distinto grado de propagación, de acuerdo a los criterios que disponga la Secretaría de Salud, para la consecución de este fin las dependencias del Administración Pública Federal pueden coadyuvar con los gobiernos estatales, y (iv) en el ámbito de su competencia, garantizar la implementación de estas medidas, e informar a la Secretaría de salud sobre su seguimiento, con la periodicidad que la Secretaría establezca.

Por último, los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias y los integrantes del Sistema Nacional de Salud que presten servicios de salud en cada entidad, deben ejecutar y supervisar los planes de reconversión y expansión hospitalaria para garantizar la atención de la salud de la población para la enfermedad COVID-19, así como para cualquier otra necesidad de atención, según lo indica el Artículo Sexto, que también fue adicionado mediante el Nuevo Acuerdo.

READ MORE
Noticias

Medidas que implementará la COFECE ante la contingencia causada por el COVID-19

El 27 de marzo de 2020 la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”) estableció su postura por medio de un comunicado de prensa, respecto de la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica en el marco de la emergencia sanitaria que deriva de la pandemia generada por el virus COVID-19. En el mismo, mencionan que no serán objeto de persecución los acuerdos de colaboración entre agentes económicos, ya sean acuerdos verticales o entre competidores.

La COFECE especifica que dicha medida se mantendrá en el contexto actual, respecto de los acuerdos que “sean necesarios para mantener o incrementar la oferta, satisfacer la demanda, proteger las cadenas de suministro, evitar escasez o acaparamiento de mercancías”.

La COFECE no obstante aclaró que las medidas son aplicables a cualquier acuerdo de colaboración, sin embargo, puntualizó aquellas características que pudieran provocar que un acuerdo de colaboración pudiera ser considerado como una concentración, es decir: (i) la duración de éstos, ya que las concentraciones son diseñadas generalmente para tener efectos permanentes o de largo plazo; (ii) la determinación respecto a si el acuerdo implica la creación de un nuevo agente económico, y si éste es independiente de los accionistas en la toma de decisiones; (iii) el alcance del acuerdo, en el sentido de que los agentes económicos que celebren un acuerdo debe mantener una presión competitiva que se ejerza en todas las demás actividades que estén fuera de dicho acuerdo, además de que el intercambio de información debe estar limitado exclusivamente al acuerdo, en especial respecto de competidores; y, por último, (iii) los niveles de presión competitiva que ejercen las partes en el acuerdo.

En virtud de lo anterior, la COFECE reitera la responsabilidad de los agentes económicos involucrados en un acuerdo que cumpla con las características antes descritas (de conformidad con los umbrales establecidos en la ley), de determinar si éste pudiera ser considerado como una concentración, en cuyo caso, deberá notificarlo a la COFECE para que la comisión emita una resolución al respecto.

Adicionalmente, la COFECE menciona que los aumentos o la determinación de precios debe ser una decisión individual e independiente de cada empresa. Sin embargo, se comprometieron a revisar los mercados en donde se observen incrementos indiscriminados de precios a efecto de evaluar y descartar que las causas de éstos sean barreras indebidas o arreglos entre competidores, y en su caso, iniciar un procedimiento de investigación.

Aunado a esto, la COFECE será expedita en el análisis de concentraciones que se presenten para hacer sinergias y agregar capacidades de producción para satisfacer de manera oportuna las necesidades que deriven de la actual crisis.

Finalmente, la COFECE alertó que cualquier acuerdo entre competidores cuyo objeto o efecto solo sea manipular o fijar precios, reducir la oferta o segmentar mercado será analizado como una práctica monopólica absoluta y, en tal caso, objeto de investigación.  En cada caso, la Autoridad Investigadora de la COFECE estará al tanto de la intención de los mencionados acuerdos, por lo que los agentes económicos deberán comunicárselo y manifestar que el mismo es temporal y que sólo se realiza para abarcar las necesidades derivadas de la contingencia causada por el Covid-19. En ese sentido, la Autoridad Investigadora deberá realizar el análisis correspondiente para determinar e informar al solicitante si dicho acuerdo será o no objeto de investigación.

READ MORE
Noticias

Se extiende la suspensión de actividades jurisdiccionales

Autores: Roberto Altamirano Fuentes y Eduardo Reyes.

Mediante acuerdos adoptados en sesiones celebradas el 13 de abril de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, decidieron prorrogar la suspensión de actividades jurisdiccionales que originalmente se había fijado hasta el 19 de abril de 2020, en el sentido de declarar también como inhábiles los días comprendidos en el periodo que transcurre del 20 de abril al 5 de mayo de 2020.

Lo anterior con la finalidad de ser consistentes con el “Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV” (COVID-19)”, y el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 30 y 31 de marzo de 2020, respectivamente, en los que esencialmente se ordenó la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, a efecto de evitar la dispersión, transmisión, carga de enfermedad, complicaciones y muertes causadas por el virus COVID-19 en el territorio nacional.

En todos los casos, considerando que la prestación del servicio público de impartición de justicia es una función esencial, las autoridades adoptaron las medidas necesarias para mantener la operatividad de los  órganos jurisdiccionales en la atención de casos urgentes. A manera de ejemplo, en el Acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal se señalan como casos urgentes, la ejecución de órdenes de aprehensión o de congelamiento de cuentas bancarias, y en general, asuntos en los que se encuentre en peligro la salud o integridad física de las personas.

Finalmente, en los Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se refieren a la posibilidad de celebrar las sesiones que sean necesarias, a distancia, mediante el uso de herramientas tecnológicas.

READ MORE