Noticias

«Legalidad de la consulta para la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM)»”

Debido a la alta demanda de pasajeros y a la necesidad de incrementar la infraestructura aeroportuaria en México, y considerando la falta de espacio para la expansión del actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el gobierno mexicano se vio en la necesidad de realizar una búsqueda de sitios viables para la construcción del NAIM, mediante la elaboración de estudios técnicos y de factibilidad, los cuales señalaron a la Zona Federal del exlago de Texcoco como la opción más admisible.

Las obras del nuevo aeropuerto de Texcoco comenzaron en 2014, lo cual implicó una gran inversión y generación de oportunidades de empleo. Es importante mencionar que, dicho proyecto es la obra pública más observada del país y la primera en adoptar el estándar de datos abiertos, es decir, que los datos y los documentos de contratación se encuentran disponibles al público en general.

De acuerdo con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, dicho proyecto es excesivamente costoso e implica un alto impacto ambiental, además de que el cronograma del proyecto indica como año de apertura el 2020, por lo que éste propuso realizar una consulta ciudadana para definir el futuro del NAIM.

Dicha consulta se llevó a cabo durante el pasado mes de octubre y la opción victoriosa fue la de construir dos pistas en Santa Lucía (donde actualmente se encuentra una base militar) y rehabilitar el AICM y el Aeropuerto Internacional de Toluca, dando como resultado que el proyecto del NAIM en Texcoco sería cancelado.

Lo anterior generará, además de polémica y enfrentamientos políticos, considerables repercusiones en la economía y en las relaciones internacionales del país, por lo que toca preguntarnos; ¿cuáles son las implicaciones legales de dicho resultado?

En primera instancia, la consulta ciudadana es violatoria del artículo 35 constitucional, ya que ésta no fue convocada por el Congreso de la Unión, versa sobre ingresos y gastos del Estado y no fue realizada el mismo día de la jornada electoral federal, además de que existe una Ley Federal de Consulta Popular que norma el procedimiento, la cual no fue tomada en cuenta.

Aunado a lo anterior, la consulta no fue fidedigna ya que, entre otras cuestiones: (i) no hubo injerencia alguna del Instituto Nacional Electoral (INE); (ii) se usaron boletas sin folio ni elementos de seguridad; y (iii) el conteo fue realizado por particulares.

Por otra parte, según el portal de datos abiertos del gobierno federal, el NAIM ha celebrado 461 contratos con, entre otros, empresas estatales, el sector privado, instituciones como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y universidades, cuyo valor de contratación supera la cantidad de mil millones de pesos, por lo que ante la cancelación del NAIM, queda la incertidumbre relativa al cumplimiento de dichos contratos.

Es por lo anteriormente expuesto que, independientemente de las preferencias u opiniones personales sobre el sitio más favorable para la construcción del NAIM, es fundamental tomar en consideración sus implicaciones legales.

READ MORE
Noticias

Publicación de las Disposiciones para permitir a los Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones el acceso a instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional

El día 29 de octubre de 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones Administrativas de Carácter General para permitir a los Prestadores de Servicios de la Industria de Telecomunicaciones el acceso a instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional (“Disposiciones”).

El objetivo de estas Disposiciones consiste en que los Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones (“PST”) tengan acceso a los más de 11 millones de postes de la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional (“SEN”), lo cual estimulará la competencia, modernizará y fomentará el uso de nuevas tecnologías.

Lo anterior, será posible debido a que la CFE cuenta con una infraestructura de soporte en áreas urbanas y rurales del país, las cuales llegan al 98% de la población. Como consecuencia, la cobertura de los servicios de telecomunicaciones se ampliará mediante la red de distribución de energía eléctrica (“Red”) de la CFE.

El área de oportunidad de estas Disposiciones consiste en mejorar las prácticas de aprovechamiento compartido de infraestructura, ya que reduce los costos en su desarrollo y conlleva a que se pueda ofrecer un mejor precio para los consumidores finales.

Para el otorgamiento de acceso a las instalaciones y derechos de vía del SEN, los Proveedores de Acceso (“Proveedor”) deberán procesar las solicitudes mediante el orden de prelación con que fueron recibidas mediante el Sistema Electrónico de Gestión (“SEG”), plataforma electrónica desarrollada por cada Proveedor, en la cual recibirá, procesará, registrará y dará respuesta a las solicitudes de acceso a las instalaciones y derechos de vía del SEN. En caso de que no hubiera suficiente capacidad de acceso para los solicitantes, el Proveedor brindará alternativas como lo son construir infraestructura adicional o realizar un mecanismo de adjudicación tipo subasta. Por lo tanto, estas nuevas disposiciones permiten que los PST celebren un contrato directamente con los Proveedores y se elimina el actual procedimiento con base en los lineamientos poco objetivos y funcionales elaborados por  la CFE. Lo anterior implica que los requisitos, derechos y obligaciones sean más claros y brinden mayor certeza jurídica a los PST.

Los PST que cuenten con un contrato vigente a la entrada en vigor de estas Disposiciones y cuenten con infraestructura instalada en la Red, deberán cubrir una remuneración económica anual al Proveedor de $100.84 por poste, en tanto la infraestructura que utilicen para la prestación del servicio rebase el límite de peso establecido correspondiente a 250 kg/km. Además, podrán conservar el peso adicional hasta por un periodo de 10 años.

En cuanto al cálculo de la remuneración justa para el despliegue de la infraestructura y equipos conforme a las Disposiciones para los PST, este será de $6.544 pesos por kilogramo. Dichos cálculos están basados en fórmulas matemáticas, aunado a ello, se deberá de pagar el costo del estudio de acceso, el cual será de $100.02 por poste por cada PST y se cobra por única ocasión. Lo anterior, incentiva a las empresas a adoptar tecnologías más ligeras, ya que mientras pese menos la infraestructura, pagarán menos.

Conforme a lo establecido en el Quinto Acuerda de las Disposiciones, las mismas entrarán en vigor el 1 de enero de 2019.

READ MORE
Noticias

Impuesto sobre los ingresos procedentes de servicios digitales

Con fecha 6 de septiembre de 2018 se presentó una iniciativa para la aprobación de la Ley del Impuesto sobre los Ingresos Procedentes de Servicios Digitales.  Se basa en la experiencia de la Unión Europea.  Países como Noruega, España, Chile o Argentina han tomado medidas similares.

Su objetivo es gravar a las personas físicas y morales residentes en territorio nacional, así como a los residentes en el extranjero con establecimiento permanente en el país, con una tasa del 3% sobre la utilidad proveniente de las siguientes actividades:

1.- La inclusión en una interfaz digital de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz (Google, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, entre otros).

2.- La puesta a disposición de los usuarios de una interfaz digital multifacética que les permita localizar a otros usuarios e interactuar con ellos, y que pueda facilitar la entrega de bienes o la prestación de servicios subyacentes directamente entre los usuarios (Mercado Libre, Rappi, Uber, Airbnb, entre otros).

3.- La transmisión de los datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales (gran parte de las empresas que forman parte de la economía digital).

De prosperar, se tendrá que analizar su interacción con el vigente impuesto sobre la renta, así como con el texto actual del T-MEC.  También se tendrá que definir si efectivamente el destino del impuesto será “que las escuelas públicas de México tengan computadores y servicios de Internet”, además de valorar el impacto económico que pueda llegar a resentir el usuario final.

Recientemente Estados Unidos criticó a la Unión Europea por querer implantar un impuesto digital, calificando la medida como “discriminatoria”.  Argumentan que la medida es violatoria de las reglas existentes en materia fiscal internacional.

READ MORE