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Reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El 12 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el Decreto de Reforma por el que se adiciona una fracción IV al inciso A) y se deroga la Fracción IV del inciso B) del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (el “Decreto de Reforma”).

En virtud del Decreto de Reforma, la sanción por llevar a cabo violaciones a la ley, reglamentos, disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales y demás disposiciones emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como a las concesiones o autorizaciones que no estén expresamente contempladas en el capítulo II de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (las “Infracciones Generales”), que se encontraba prevista en la Fracción IV del inciso B) del Artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (la “Ley”) fue derogada y se incluyó, con exactamente el mismo texto, en la fracción IV del inciso A del mencionado Artículo 298. En consecuencia, la multa por incumplir las Infracciones Generales disminuyó del 1% hasta 3% a 0.01% hasta 0.75% de los ingresos del concesionario o autorizado.

Es importante mencionar, que la Fracción IV del inciso B) del Artículo 298 de la Ley que se abroga en virtud del Decreto de Reforma, fue declarada inconstitucional por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la porción normativa del 1%, por considerar que dicha disposición transgrede el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tratarse de una sanción excesiva que desatiende la relación debida entre la conducta, las consecuencias producidas y la sanción aplicable, además de que la multa mínima es superior a la multa mínima aplicable para otras infracciones. Lo anterior derivó en la jurisprudencia 2ª/J. 167/2017 (10ª).

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Propuesta de desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones

En la conferencia mañanera del 7 de enero de 2021, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su intención de presentar una iniciativa de reforma para desaparecer diversos organismos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (“IFT”) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, con el propósito de disminuir el gasto público.

Con respecto a la posible desaparición del IFT, el Presidente mencionó que las funciones que actualmente realiza este último, podrían ser absorbidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (“SCT”) y cuestionó abiertamente el actuar y los resultados del IFT, acusando a los comisionados de estar “muy vinculados” con las empresas preponderantes y extranjeras. El Presidente indicó finalmente su intención de presentar en el mes de febrero una iniciativa para desaparecer el IFT.

Desde nuestra perspectiva, la desaparición del IFT implicaría, en principio, lo siguiente:

  • Una reforma importante a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en esta se prevé la existencia del IFT, así como la forma en que se integra y se elige a sus consejeros, entre otras cosas;
  • Una modificación al Nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que en su capítulo 18, específicamente en el artículo 18.7, se prevé la existencia de un organismo regulador de telecomunicaciones independiente; y
  • Una reorganización total de la SCT para asumir las funciones y atribuciones del IFT, considerando que la Sub-Secretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico desapareció recientemente.

No obstante las anteriores manifestaciones, el 16 de diciembre de 2020, el Presidente envió al Comisión Permanente del Congreso una solicitud para que Sayuri Adriana Koike Quintanar y Laura Elizabeth González Sánchez sean ratificadas como nuevas comisionadas del IFT, en lugar de el excomisionado Gabriel Contreras y el todavía comisionado Mario Fromow, quien dejará el cargo este año.

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Reforma Fiscal 2021

El pasado 8 de diciembre de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado y del Código Fiscal de la Federación (el “Decreto”), mismo que entró en vigor el 1º de enero de 2021.

Por medio del Decreto, se llevaron a cabo diversas modificaciones y adiciones al Código Fiscal de la Federación (“CFF”), la Ley del Impuesto sobre la Renta (“LISR”) y la Ley del Impuesto al Valor Agregado (“LIVA”). Dentro de los principales cambios, se encuentran los siguientes:

I. Comprobantes Fiscales Digitales por Internet y Certificados de Sellos Digitales

1.- Requisitos de los Comprobantes Fiscales Digitales por Internet. A través del Decreto se prevén diversas modificaciones al CFF en materia de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (“CFDI”) y Certificado de Sello Digital (“CSD”).

El artículo 29-A del CFF establece que, en caso de no contar con la clave del Registro Federal de Contribuyentes (“R.F.C.”), de la persona en cuyo favor se expide el CFDI, los contribuyentes pueden emitirlo utilizando una clave genérica, como si la operación se hubiera celebrado con el público en general.

También se establece que deberán usarse los catálogos que manifiesta el Servicio de Administración Tributaria (“SAT” o la “autoridad fiscal”), a efecto de incluir en el CFDI los datos correspondientes a cantidad, unidad de medida y clase de bienes, mercancías o descripción del servicio o del uso o goce que amparen.

Finalmente, para los pagos que se realicen en una o varias exhibiciones, pero de forma diferida, se aclara que debe emitirse un CFDI por la totalidad de la operación, al momento de realizarla y, posteriormente, se deben emitir un CFDI por cada pago que se reciba.

2.- Pagos considerados como diferidos por CFDI simplificado. Para efectos del artículo 14 del CFF, se establece que cuando los contribuyentes emitan un CFDI simplificado, se entenderá que la operación se está llevando a cabo a plazo, con pagos diferidos o en parcialidades. Lo anterior, inclusive, es aplicable a aquellas operaciones que se realicen con el público en general y se difiera más del 35% del precio total, para después del sexto (6º) mes y el plazo que esté pactado exceda de doce (12) meses.

3.- Nuevos supuestos de cancelación o bloqueo del CSD. A través del Decreto se adicionan dos (2) supuestos en el artículo 17-H del CFF en los que se establece que se cancelará el CSD: (i) cuando se detecte que quien emitió el CFDI no desvirtuó la presunción de la inexistencia de las operaciones amparadas dichos comprobantes, ubicándose listado de forma definitiva conforme a lo dispuesto en el artículo 69-B del CFF y, (ii) cuando se detecte que se está ante un contribuyente que no desvirtuó la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales, encontrándose, por ende, listado conforme a lo dispuesto por el noveno párrafo del artículo 69-B del CFF.

Del mismo artículo 17-H, se amplía el plazo de tres (3) a diez (10) días para que la autoridad fiscal dé respuesta a la solicitud para obtener un nuevo CSD, una vez que se hayan subsanado las irregularidades identificadas por el SAT. Dicho plazo comenzará a contar a partir del día siguiente a aquél en el que se reciba la solicitud correspondiente.

Por otra parte, el artículo 17-H Bis del CFF, que prevé las causales de bloqueo de los CSD, elimina las fracciones IV y X, que corresponden a los dos (2) supuestos adicionados a las causales de cancelación de los CSD, previamente mencionados. Al respecto, se señala un plazo límite de cuarenta (40) días hábiles para que los contribuyentes a los que les fue bloqueado el CSD puedan solicitar una aclaración y subsanar las irregularidades detectadas o desvirtuar las causas que motivaron la medida.

En caso de que se exceda del plazo de cuarenta (40) días hábiles sin haber presentado la solicitud correspondiente, el SAT podrá cancelar los CSD que correspondan.

II. Devolución de contribuciones

Tratándose del procedimiento de solicitud de devolución de contribuciones previsto en el artículo 22 del CFF, la mecánica para devolver se llevará a cabo de la misma forma en la que ha venido funcionando, con la diferencia de que las autoridades fiscales podrán tener por no presentada la solicitud de devolución en los casos siguientes: (i) cuando el contribuyente se encuentre como no localizado en el R.F.C., o (ii) cuando el domicilio del contribuyente se encuentre como no localizado ante el R.F.C.

En dicho caso, el Decreto establece que el plazo de cinco (5) años con que se cuenta para solicitar la devolución del saldo a favor seguirá corriendo, sin que la solicitud que se tuvo por no presentada interrumpa la prescripción de dicho derecho del contribuyente.

De igual forma, el artículo 22-D del CFF aclara que, de existir varias solicitudes de devolución por parte del mismo contribuyente, respecto de una misma contribución, la autoridad fiscal puede ejercer facultades de comprobación por cada una o la totalidad de solicitudes, posibilitándolo para emitir una sola resolución por todos los procedimientos.

Para la emisión de la resolución correspondiente, se amplía de diez (10) a veinte (20) días hábiles, posterior al término del plazo del ejercicio de facultades de comprobación.

III. Aviso de personas morales para informar al R.F.C su estructura corporativa

En relación con el aviso que deben dar las personas morales de su estructura accionaria/societaria, contemplado en el artículo 27, apartado B, fracción VI del CFF, inicialmente se solicitaba que el informe debía contener el nombre y R.F.C. de los socios o accionistas, a efecto de que el SAT contara con información en tiempo real de la estructura accionaria de las personas morales.

Por medio del Decreto se aclara que dicho aviso debe hacerse cada vez que se realice alguna modificación o incorporación, debiendo incluir no sólo a socios o accionistas, sino también a asociados o cualquier otra persona que forme parte de la estructura orgánica de la persona moral y ostenten dicho carácter conforme a los estatutos o legislación aplicable en el lugar de su constitución.

IV. Sanciones y multas de concesionarios de redes públicas de telecomunicación y retenciones por prestación de servicios digitales

1.- Sanciones y multas de concesionarios de redes públicas de telecomunicación. Tratándose de la prestación de servicios digitales por residentes en el extranjero que no cuenten con un establecimiento permanente (“EP”) en México, se adicionan diversos artículos en la LIVA y la LISR para facultar al SAT para bloquear el acceso a los servicios digitales de los prestadores, en caso de incumplimiento con las obligaciones señaladas en las leyes, así como por su omisión en el pago del o los impuestos correspondientes.

En congruencia con lo anterior, los artículos 18-H QUÁTER y 18-H QUINTUS de la LIVA establecen que los bloqueos o desbloqueos se ordenarán por la autoridad fiscal y deberán llevarse a cabo por los concesionarios de una red pública de telecomunicaciones en México, siempre a través de una resolución debidamente fundada y motivada por el SAT. Por su parte, el artículo 113-D de la LISR establece que lo mismo, respecto del incumplimiento de retención y entero del impuesto sobre la renta (“ISR”) que les corresponda.

Para ello, se concede un plazo máximo de cinco (5) días hábiles para que el concesionario lleve a cabo el bloqueo o desbloqueo respectivo. En caso de exceder de dicho plazo, el CFF adicionó un artículo 90-A, que establece multas a los concesionarios, que van de $500,000.00 (Quinientos mil pesos, 00/100 M.N.) a $1,000,000.00 (Un millón de pesos, 00/100 M.N.). La multa correspondiente será aplicable por cada mes de calendario que transcurra sin que se cumpla con las acciones ordenadas.

2.- Retenciones por prestación de servicios digitales. Tratándose de servicios o bienes que sean prestados a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, se llevan a cabo diversas modificaciones en la LISR y LIVA para establecer la forma y porcentajes de retención que deberán realizarse.

Con base en el artículo 113-A de la LISR para el caso de las personas físicas que lleven tributen bajo el capítulo de actividades empresariales y enajenen bienes o presten servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares, relativos a la intermediación entre terceros oferentes de bienes o servicios y sus clientes/consumidores, se modifican las tasas de retención correspondientes.

La retención se realiza sobre el total de los ingresos efectivamente percibidos por las personas físicas por conducto de los medios previamente mencionados, teniendo en cuenta que se considerarán como pagos provisionales del impuesto:

a) Por la prestación de servicios de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes, se aplicará una retención del 2.1%.

b) Por la prestación de servicios de hospedaje, se aplicará una retención del 4%.

c) Por la enajenación de bienes y prestación de servicios en general, la retención será del 1%.

Por su parte, se realizó una modificación importante en la LIVA, que elimina un párrafo que no consideraba como parte de los servicios digitales de intermediación, gravados, a la enajenación de bienes inmuebles. Por ende, dichos servicios ahora serán gravados conforme a la LIVA.

V. Modificaciones para las personas morales con fines no lucrativos, autorizadas para recibir donativos deducibles del ISR

Dentro de las principales modificaciones realizadas por el Decreto, se incluye en el Título III del Régimen de las Personas Morales con Fines no Lucrativos de la LISR a los organismos cooperativos de integración y representación como Federaciones y Confederaciones, a los que hace referencia la Ley General de Sociedades Cooperativas.

También se prevé una modificación que entrará en vigor hasta el próximo 1º de julio de 2021, consistente en que únicamente se considerarán como personas morales sin fines de lucro (“donatarias autorizadas”) y, por ende, no contribuyentes del ISR, a las personas morales siguientes, siempre que sean constituidas sin fines de lucro y cuenten con autorización para fungir como donatarias autorizadas:

a) Sociedades o asociaciones civiles (“S.C.” o “A.C.”, respectivamente) que tengan por objeto la investigación científica o tecnológica, que estén inscritas en el Registro Nacional de Instituciones Científicas y Tecnológicas.

b) Asociaciones o sociedades civiles que otorguen becas.

c) S.C. o A.C. que tengan por objeto exclusivo la realización de actividades de preservación de flora o fauna silvestre, terrestre o acuática, dentro de las áreas geográficas definidas en el Anexo 13 de la Resolución Miscelánea Fiscal, así como las que tengan por objeto exclusivo el promover entre la población la prevención y control de la contaminación del agua, aire y suelo, protección del ambiente y preservación y restauración del equilibrio ecológico.

d) S.C. o A.C. que tengan por objeto exclusivo la reproducción de especies en protección y peligro de extinción y a la conservación de su hábitat. Para este tipo de personas morales, es necesario que exista autorización previa por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

De no cumplir con dichas condiciones antes del 1º de julio de 2021, se considerará que las personas morales antes mencionadas, tributarán bajo el Título II de la LISR, “De las Personas Morales”, mismas que serán consideradas como contribuyentes para efectos del ISR. No obstante, con base en el artículo segundo transitorio de las disposiciones de la LISR del Decreto, se establece que dichas personas morales deben determinar el remanente distribuible que hayan generado al 31 de diciembre de 2020, conforme al Título III de la LISR, vigente hasta esa última fecha y sus socios e integrantes deben acumular dicho remanente que les sea entregado en efectivo o en bienes.

1.- Ingresos no relacionados con actividades de las donatarias autorizadas. Se modifica el artículo 80 de la LISR para establecer un límite del 50% a los ingresos que pueden percibir las donatarias autorizadas, no relacionados con su objeto o actividades autorizadas para recibir donativos. De exceder dicho porcentaje, la consecuencia prevista será la pérdida de la autorización para fungir como donataria autorizada.

Si se da el supuesto en el que se perdió la autorización de donataria autorizada por violación a lo dispuesto en el párrafo anterior, la LISR prevé un plazo de doce (12) meses siguientes a su pérdida para obtenerla nuevamente y, en caso contrario, la entidad que corresponda deberá destinar el 100% de su patrimonio a cualquier otra donataria autorizada, dentro de los seis (6) meses siguientes. Se establece que el CFDI que expida la donataria que reciba dicho patrimonio, no será deducible para efectos del ISR.

Lo señalado en el párrafo previo también se aplicará a aquellas personas morales que voluntariamente cancelen su autorización.

Finalmente, se establece que aquellas donatarias a las que no se les haya renovado la autorización para recibir donativos derivado del incumplimiento de la obligación de poner a disposición del público en general la información del destino de sus recursos, tendrán un (1) mes para cumplir con dicha obligación, posterior a que se les notificó la revocación. El cumplimiento de dicha obligación, les facultará a volver a solicitar una nueva autorización.

VI. Ingresos asimilables a salarios

Por medio del Decreto, se llevó a cabo una adición al artículo 94 de la LISR para establecer una limitante de $75,000,000.00 (Setenta y cinco millones de pesos, 00/100 M.N.) a los montos por ingresos que reciban las personas físicas en el ejercicio por los siguientes conceptos: (i) honorarios por servicios prestados preponderantemente a un prestatario, siempre que no se lleven a cabo en las instalaciones de este último, (ii) honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales a las que presten servicios personales independientes, y (iii) los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresarial por las actividades empresariales que realicen.

En caso de que se exceda de dicho monto en el ejercicio, no se aplicarán las disposiciones relativas al Capítulo I “De los Ingresos por Salarios y en General por la Prestación de un Servicio Personal Subordinado”, del Título IV “Personas Físicas” de la LISR, sino que deberá tributar conforme al capítulo que le corresponda, a partir del mes siguiente a la fecha en que los ingresos excedan del monto señalado.

VII. Otras disposiciones relevantes

1.- Servicios médicos para efectos del impuesto al valor agregado. Conforme al texto del Decreto, se establece que no deberá pagarse el impuesto al valor agregado por la prestación de servicios profesionales de medicina, siempre que para su ejercicio se requiera título médico y éstos sean prestados a través de instituciones de asistencia o beneficencia privada.

2.- Modificación de la regla anti-abuso. La mencionada regla, contemplada en el artículo 5-A del CFF, fue modificada para establecer que todo efecto que dé el SAT a los actos jurídicos de los contribuyentes, con motivo de la regla anti-abuso, deberán estar limitados a la determinación de contribuciones, accesorios y multas que correspondan, sin perjuicio de la responsabilidad o investigaciones criminales que se den por virtud del CFF.

3.- Enajenación por escisión de sociedades y responsabilidad. En los casos en los que una sociedad se escinda, se modifica el artículo 14-B del CFF para establecer que, en caso de que derivado de dicha operación aparezca en el capital contable de la sociedad escindente, escindida o escindidas, un concepto o partida, cualquiera que sea la forma de denominarlo que no haya estado previamente registrado o reconocido en cualquiera de las cuentas del capital contable del estado de posición financiera que se presentó ante la asamblea general de socios o accionistas, se considerará que hubo una enajenación para efectos fiscales.

4.- Nuevos supuestos de responsabilidad solidaria. Dentro del artículo 26 del CFF, se adiciona un nuevo supuesto de responsabilidad solidaria aplicable a las empresas residentes en México o residentes en el extranjero con EP en México, que realicen operaciones con partes relacionadas que residan en el extranjero y con los que se tenga control efectivo o que sean controladas efectivamente por dichas partes relacionadas. En caso de incurrir en incumplimiento, la responsabilidad no podrá exceder de las contribuciones que hubiera causado el residente en el extranjero, por las operaciones que efectivamente realizó con la mexicana o dicho EP.

5.- Plazo para solicitar la adopción de un Acuerdo Conclusivo. En caso de que se los contribuyentes pretendan adoptar un Acuerdo Conclusivo ante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente por actuaciones de las autoridades fiscales, el artículo 69-C del CFF establece que la solicitud de adopción deberá hacerse en cualquier momento, a partir del inicio del ejercicio de facultades de comprobación del SAT y hasta dentro de los veinte (20) días siguientes a la notificación del acta final, del oficio de observaciones o resolución provisional.

Previo a la reforma, no existía el plazo de los veinte (20) días, sino que se daba la posibilidad de presentar el Acuerdo Conclusivo hasta antes de la emisión de la resolución determinante de créditos fiscales.

Esperamos que la presente sea de utilidad. La publicación completa puede encontrarse a través de la liga siguiente: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5606951&fecha=08/12/2020

En caso de tener alguna duda o comentario, estamos a sus órdenes en los siguientes correos:

Rafael Tena Castro rtena@acsan.mx
Luis Kanchi Gómez lkanchi@acsan.mx

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Iniciativa de reforma en materia de subcontratación en México presentada por el Ejecutivo Federal.

Por: Daniela Cervantes Escamilla.

El pasado 12 de noviembre de 2020, el presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer la Iniciativa con Proyecto de Decreto que busca modificar el ordenamiento jurídico mexicano en materia de subcontratación y que será presentada para su discusión ante la Cámara de Diputados (en adelante la “Iniciativa”).

Esta Iniciativa implica diversas modificaciones en disposiciones de 6 (seis) leyes con la finalidad de armonizar la legislación con los cambios propuestos, las cuales son: (i) Ley Federal del Trabajo (en adelante “LFT”), (ii) Ley del Seguro Social (en adelante “LSS”), (iii) Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (en adelante “LINFONAVIT”), (iv) Código Fiscal de la Federación, (v) Ley del Impuesto sobre la Renta, y (vi) Ley del Impuesto al Valor Agregado. A continuación, se señalan las modificaciones más relevantes:

En materia de la LFT, la Iniciativa prevé la prohibición expresa de la subcontratación de personal como estaba estipulada en el artículo 13. Ahora, conforme a la Iniciativa, el contratista solo podrá prestar servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica del beneficiario.

Lo anterior implicará también la celebración de un contrato de prestación de servicios entre el contratista y el beneficiario (en adelante el “Contrato”), cuyo contenido se convierte en objeto de verificación por parte de las autoridades laborales y la obligación a cargo del contratista de informarlo trimestralmente. Adicionalmente, el contratista deberá solicitar un trámite administrativo ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (en adelante “STPS”) mediante el cual, será autorizado para darse de alta en un Padrón de Prestadoras de Servicios Especializados (en adelante el “Padrón”), acreditando el carácter especializado de los servicios que otorgan o las obras que ejecuta.

Un segundo efecto del Padrón permitirá mantener al corriente la situación del contratista respecto al cumplimiento de sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social puesto que se requerirá renovar la autorización cada 3 (tres) años. Con esta información, se busca facultar a la STPS para celebrar convenios de coordinación con diversas autoridades (por ejemplo, con el Instituto Mexicano del Seguro Social o con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores) con la intención de realizar un intercambio de información que permita la correcta continuidad de las diligencias y el ejercicio pleno de los actos de autoridad.

Adicionalmente, se propone modificar la figura de intermediario, entendiendo a éste como la persona física o moral que intervenga en la contratación de personal, pudiendo incluir los procesos de reclutamiento, selección, entrenamiento, capacitación, entre otros aspectos. No obstante y en todo momento, el beneficiario de los servicios será considerado patrón del personal contratado, por lo que en ningún caso el intermediario podrá ser considerado como tal.

Una última modificación a la LFT es en materia de substitución laboral, mediante la cual se pretende establecer que al llevarse a cabo una substitución y para que ésta surta sus efectos, se deberán transmitir los bienes objeto de la empresa o establecimiento al patrón sustituto. Adicionalmente en la LINFONAVIT se establece una responsabilidad solidaria en dicho supuesto, de forma tal que el patrón sustituido sea responsable junto con el patrón sustituto respecto de las obligaciones nacidas en el periodo comprendido previo a la fecha de la sustitución y hasta 6 (seis) meses siguientes a la sustitución.

En materia de la LSS y la LINFONAVIT la Iniciativa busca propiciar un entorno empresarial competitivo mediante el cual se salvaguarden los derechos en seguridad social y de vivienda de los trabajadores tanto en el presente como en el futuro (tratándose de pensiones y/o acceso al financiamiento para la vivienda), erradicando la evasión del pago de cuotas y eliminando las malas prácticas por la utilización de la subcontratación.

Asimismo, se pretende establecer una responsabilidad solidaria entre el contratista y el beneficiario de los servicios especializados o la ejecución de obra especializada respecto a las obligaciones previstas en dichos ordenamientos con relación a las personas utilizadas para ejecutar dichas contrataciones.

Por otro lado, la Iniciativa prevé diversas modificaciones a las disposiciones fiscales, entre las cuales se encuentran (i) la prohibición de dar efectos fiscales (como deducibilidad y acreditamiento para el impuesto al valor agregado) a los pagos por subcontratación de personal; y (ii) la calificativa en la comisión del delito de defraudación fiscal por la utilización de esquemas simulados de prestación de servicios o la ejecución de obras especializadas.

El incumplimiento o no observancia a las disposiciones que se prevén en la Iniciativa, darán lugar a las sanciones establecidas, como la imposición de multas o la comisión de delito.

Finalmente, de conformidad con los artículos transitorios de la Iniciativa, el Decreto prevé dos periodos de entrada en vigor, siendo (i) al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación; y con la excepción de que (ii) a partir del 1 de enero de 2021 entrarán en vigor las reformas a las disposiciones fiscales. No obstante, también se ordenan diversos plazos para que se dé cumplimiento a las disposiciones establecidas:

Dentro de los 4 (cuatro) meses siguientes a la entrada en vigor del Decreto:

a) La STPS deberá expedir las disposiciones de carácter general para establecer los procedimientos relativos a la autorización para prestar servicios especializados o ejecutar obras especializadas.

A partir de esta publicación y, dentro de los 6 (seis) meses siguientes, los contratistas que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas deberán obtener la autorización de la STPS para dichos efectos e inscribirse en el Padrón.

b) El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores deberá expedir las reglas que establezcan los procedimientos para que los contratistas proporcionen cuatrimestralmente la información requerida en el artículo 29 Bis de la LINFONAVIT, como del Contrato.

Dentro de los 6 (seis) meses siguientes a la entrada en vigor del Decreto:

a) Los contratistas que presten servicios especializados o ejecuten obras especializadas deberán empezar a proporcionar la información respecto a la autorización de la STPS y los Contratos celebrados para la prestación de dichos servicios.

Advertimos que el espíritu de la Iniciativa mantiene la necesidad de salvaguardar los derechos de las personas que se han visto afectados, principalmente en el ámbito laboral. No obstante, el sector empresarial busca dialogar junto con el Congreso para que se tome en cuenta el panorama completo de la Iniciativa y se consideren los intereses de todas las partes que intervienen en las relaciones laborales.

Continuaremos informando del proceso legislativo de la presente Iniciativa y sobre cualquier modificación que se presente.

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Nota Informativa – Cambios en la estructura orgánica de la SCT.

El pasado 2 de noviembre de 2020, el Secretario de Comunicaciones y Transportes, publicó en el Diario Oficial de la Federación (en adelante, “DOF”) el Acuerdo delegatorio de facultades en materia de comunicaciones y desarrollo tecnológico, así como en materia de desarrollo ferroviario y multimodal competencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en adelante, el “Acuerdo”) mediante el cual delegó a los titulares de la Subsecretaría de Transporte y de la Subsecretaría de Infraestructura, las facultades que le correspondían al ex-titular de la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico.

Lo anterior responde al decreto presidencial publicado en el DOF el pasado 23 de abril de 2020, mediante el cual se establecieron las medidas de austeridad que deben observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y se instruyó la cancelación de diez subsecretarías de Estado (en adelante, el “Decreto”).

Como resultado del Decreto, el pasado 10 de agosto de 2020, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (en adelante, la “Secretaría” o “SCT”) emitió el COMUNICADO-181-2020 mediante el cual informó la restructuración administrativa para desaparecer a la Subsecretaría de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico que se encontraba a cargo de la Ing. Salma Jalife Villalón. Esta medida preveía la permanencia de la ex-subsecretaria dentro de la SCT para que continuara con los proyectos que llevaba a cabo. No obstante, a inicios de septiembre del presente año, diversos medios de comunicación anunciaron la renuncia de la Ing. Jalife a la Secretaría; información que a la fecha no ha sido confirmada oficialmente por la SCT.

El Acuerdo busca materializar la restructura planteada por la SCT delegando el ejercicio de las facultades previstas en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y demás disposiciones administrativas aplicables en las materias de comunicaciones y desarrollo tecnológico al Titular de la Subsecretaría de Transporte. Igualmente se delega al Titular de la Subsecretaría de Infraestructura las facultades previstas en la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario, el Reglamento del Servicio Ferroviario y demás disposiciones administrativas aplicables.

Asimismo, en su intento de ordenar el ámbito jurídico aplicable a la Secretaría, el pasado 27 de agosto de 2020, se presentó ante la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria el Anteproyecto del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En términos generales, la propuesta presentada consiste en aprobar una nueva regulación que defina la competencia de los servidores públicos, unidades administrativas, órganos administrativos desconcentrados y coordinaciones con la nueva estructura orgánica, sin crear nuevas obligaciones ni sanciones ni restringir derechos para los particulares.

Sin embargo, aún y cuando el Reglamento fue aprobado por el Comisionado Nacional en septiembre del presente año para que la SCT continúe con las formalidades necesarias para su publicación, éste no ha sido publicado en el DOF.

Continuaremos informando respecto de la publicación del Reglamento y cualquier modificación que derive de estos cambios.

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Acedo Santamarina ha sido reconocido una vez más por Chambers and Partners (Latin America 2021)

Acedo Santamarina ha sido reconocido una vez más por Chambers and Partners (Latin America 2021) como una de las mejores firmas en México en las siguientes áreas: TMT (Telecommunications Media and Technology), Corporate/M&A y Tax.

Felicitamos también a nuestros socios, Andrés Acedo y Rafael Tena, quienes fueron reconocidos individualmente como Leading Lawyers en dichas áreas de práctica.

Más información aquí:
https://chambers.com/law-firm/acedo-santamarina-sc-latin-america-9:222193

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Propuesta de Reforma en materia de arrendamiento inmobiliario para la vivienda

A petición de asociaciones y activistas en derecho a la vivienda, con fecha 8 de julio de 2020, dos diputadas del Grupo Parlamentario de MORENA presentaron al Congreso de la Ciudad de México, la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas Disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, en Materia de Arrendamiento para Garantizar el Derecho a la Vivienda frente a la Pandemia” (la “Iniciativa”).

La Iniciativa, de acuerdo con su Exposición de Motivos, se sustenta en lo siguiente:

  • La crisis sanitaria derivada del virus COVID-19 ha ocasionado que los arrendatarios de vivienda incumplan con la obligación de pago de rentas, al presentarse dificultades económicas y sociales tales como pérdida de empleo, reducción de salarios e inactividad comercial.
  • El incumplimiento al pago de rentas puede ocasionar desplazamiento de familias con arraigo en barrios, pueblos y colonias, desalojos y dejar a diversas personas en situación de calle.
  • La legislación civil en materia de arrendamiento inmobiliario en la Ciudad de México no otorga a los arrendatarios de vivienda, las garantías judiciales debidas, pues contraviene los principios de asequibilidad, gastos soportables y seguridad jurídica de la tenencia, todos componentes del derecho humano a la vivienda.
  • Resulta necesario equilibrar la relación entre las partes de un arrendamiento para garantizar el derecho a la vivienda adecuada, el cual está reconocido en los artículos 4º de la Constitución Federal[1] y 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México[2].

Se destaca que en la Exposición de Motivos de la Iniciativa se citan los lineamientos emitidos durante el mes de abril de 2020 por la entonces Relatora Especial sobre una vivienda adecuada de la Organización de las Naciones Unidas, en los que se menciona la necesidad de tomar medidas para garantizar el derecho a la vivienda de las personas, tales como: (i) la condonación, reducción y/o aplazamiento de pagos, y (ii) la implementación de apoyos y créditos blandos para los propietarios de la vivienda.

Por otra parte, la Iniciativa destaca la figura de la mediación prevista en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, como un recurso efectivo para resolver conflictos derivados de arrendamiento de vivienda.

En específico, la Iniciativa propone modificar el Código Civil para la Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente:

  • Reforma al artículo 2398.
  1. Se define al contrato de arrendamiento de vivienda como “aquel que coadyuva al cumplimiento del derecho humano a la vivienda de la parte arrendataria a cambio de un precio cierto a favor de la parte arrendadora”.
  2. Dicho contrato deberá sujetarse a un plazo forzoso de tres años, salvo lo que disponga el arrendatario.
  • Adición de dos párrafos al artículo 2406.
  1. El juicio de desocupación resultará improcedente en caso de que el arrendador no presente un contrato de arrendamiento de vivienda por escrito, aún y cuando dicho juicio se sustente en el incumplimiento en el pago de rentas.
  2. El arrendador perderá el derecho a conservar el depósito en caso de rescisión del contrato de arrendamiento de vivienda, o de una cantidad equivalente en el supuesto de “término temporal” de dicho acuerdo de voluntades.
  • Adición de los artículos 2406 BIS, 2425 BIS y 2431 BIS.
  1. A falta de un contrato por escrito, se presumirá que existe arrendamiento de vivienda en caso de probarse la ocupación consentida de un inmueble propio por parte de un tercero, a cambio del pago de un precio cierto.
  2. Para ejercitar alguna acción derivada del incumplimiento a las cláusulas esenciales del acuerdo de voluntades, bastará una manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de que existe una relación de arrendamiento, debiendo las partes demostrar sus afirmaciones en juicio.
  • Se establecen como derechos del arrendatario de vivienda: a) no solicitar más de un mes de anticipo, (b) no exigir fianza o alguna garantía inmobiliaria, (c) no ser sujetos de “desocupaciones arbitrarias, ilegales y/o forzosas”, (d) notificar la orden judicial de desocupación con una anticipación de dos meses a la fecha de la diligencia, (e) presencia en la diligencia de desocupación de personal de instituciones especializadas con la finalidad de que brinden asistencia a personas vulnerables tales como niños, mujeres víctimas de violencia, indígenas, inmigrantes, etc., (f) acceder a las medidas disponibles para evitar dejar a las personas en situación de calle, tales como refugios temporales e incorporación a programas de vivienda, y (g) de presentarse casos fortuitos, recurrir a los medios alternativos de solución de controversias para modificar las condiciones del contrato.
  1. En casos de emergencia nacional, desastres naturales, declaratorias de emergencia ambiental, natural o sanitaria, o cualquier otras situaciones de fuerza mayor que paralicen las actividades económicas e impidan al arrendatario cumplir con el contrato, el arrendatario podrá solicitar la renegociación transitoria o definitiva del contrato de arrendamiento, en términos de lo establecido en el artículo 1796 del Código Civil.

La Iniciativa ha recibido fuertes críticas por considerar que, de aprobarse en sus términos, se atentaría contra la libertad contractual, se permitiría a los arrendatarios de vivienda dejar de pagar rentas, y se vulnerarían los derechos de los arrendadores, como el derecho a la propiedad, desalentando de esa manera la inversión en el sector inmobiliario. Por su parte, los activistas que participaron en la redacción de la Iniciativa, destacaron la necesidad de incentivar que los contratos de arrendamiento se hagan constar por escrito para así dotar de certeza jurídica a los inquilinos.

Esperamos que la discusión de la Iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, se lleve a cabo a través de un debate profundo y mesurado, y sin sesgos. Además, que contemple la participación de litigantes e impartidores de justicia y de otros sectores, a fin de evitar deficiencias que pudieran repercutir negativamente en el ámbito práctico. Asimismo, proponemos se incorpore a la discusión la viabilidad de implementar apoyos como los referidos por la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas, tanto a las propietarios de vivienda como a los inquilinos.

[1] Artículo 4º. (…)

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

[2] Artículo 9. (…)

  1. Derecho a la vivienda
  2. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades.
  3. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil.
  4. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda.
  5. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda.
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