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Publicación de anteproyecto de los Criterios Técnicos de la Comisión Federal de Competencia Económica para el manejo de la información derivada de la asesoría legal que se proporcione a los agentes económicos.

El 11 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un extracto del anteproyecto de los Criterios Técnicos de la Comisión Federal de Competencia Económica para el manejo de la información que derive de la asesoría legal proporcionada a los agentes económicos (“Criterios Técnicos”).

El origen y el motivo de los mencionados Criterios Técnicos surge de la importancia del secreto profesional, el cual es una exigencia que existe en ciertas actividades profesionales, como lo es la abogacía, que demandan una confianza total por parte del particular con el prestador de servicios.

La Declaración de Perugia sobre principios deontológicos de la Abogacía de la Comunidad Europea del año de 1977 destaca la importancia del respeto y confidencialidad que deben de mantener los abogados con sus clientes, igualmente, señala que el secreto profesional es de tal modo, un derecho y deber elemental de la profesión, formando parte de la esencia pura de la profesión de abogado, fundamentado en la confidencialidad ineludible entre el cliente y éste . Si bien, es recomendable que los abogados adquieran el hábito de insertar en sus comunicaciones una cláusula de confidencialidad, dicha cláusula no es necesaria, la advertencia de “confidencialidad” de la comunicación se entiende per se.

En México, la regulación del secreto profesional, así como lo es en el resto del ámbito concerniente al ejercicio profesional, es escasa y deficiente. Lo más destacado se encuentra esparcido en la legislación civil y penal. Es una norma imperfecta que carece de sanción.

El objetivo de estos Criterios Técnicos consiste en que la información que obtenga la Comisión Federal de Competencia Económica (“la Comisión”) no se considerará ni obtendrá valor probatorio, cuando esta información conste en comunicaciones que tengan como finalidad la obtención de asesoría legal.

Lo anterior, entre cualquier persona y su abogado, en la cual, mediante escrito y en orden con los Criterios Técnicos se manifieste que la información que se ha proporcionado o ha obtenido la Comisión en un procedimiento de visita o investigación, es susceptible de ser protegida (la “Solicitud de Calificación”). En caso de que el abogado o el agente económico desconozca estos Criterios Técnicos, el servidor público que tramita la investigación deberá de proceder de oficio conforme a la aplicación de estos, informando a su Director General

[1] Barney, O. C. (2018). El secreto profesional del abogado en México (1st ed.). México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

[1] The Declarationof Perugia, 1977.

[1] Henrotte, Jean-Francois y Cassart, Alexandre, “Plaidoyer pour la prise en compte du secret professionnel de l’avocat dans la nouvelle Directive `réten- tion des données”, Union Internationale des Avocats, Juriste Internationale, París, núm. 3, 2014, p. 38.

a efecto de que se conduzca conforme al procedimiento para tramitar la Solicitud de Calificación.

Una vez ingresada la Solicitud de Calificación, se tomarán las medidas de resguardo y protección pertinentes, hasta en tanto se resuelva sobre su carácter de información protegida. El procedimiento para tramitar la Solicitud de Calificación es el siguiente:

a efecto de que se conduzca conforme al procedimiento para tramitar la Solicitud de Calificación.

Una vez ingresada la Solicitud de Calificación, se tomarán las medidas de resguardo y protección pertinentes, hasta en tanto se resuelva sobre su carácter de información protegida. El procedimiento para tramitar la Solicitud de Calificación es el siguiente:

I. Cinco días posteriores a que se haya recibido la Solicitud de Calificación, el Director General a cargo del procedimiento la remitirá al Titular de la Unidad;

II. Posteriormente, dentro de los cinco días siguientes, el Titular de la Autoridad Investigadora emitirá un acuerdo designando a los miembros del Comité Calificador, dicho comité es el único facultado para analizar la información referida.

Asimismo, se ordenará el turno de la Solicitud de Calificación y se notificará personalmente al solicitante;

III. El instructor, miembro del Comité Calificador analizará la Solicitud de Calificación y dentro de los diez días siguientes dictará un acuerdo en donde: i) admita la Solicitud de Calificación y convoque al Comité Calificador para que, en hora acordada, se lleve a cabo la sesión correspondiente, o ii) prevenga por única ocasión, cuando el escrito omita algún requisito de forma, se otorgará un plazo máximo de cinco días para subsanar;

IV. Una vez analizada la Solicitud de Calificación, el Comité Calificador, de forma colegiada, deliberará y decidirá si la solicitud es fundada o infundada.

En caso de que se declare fundada, se ordenarán las medidas de resguardo necesarias, si la información fuere física, se ordenará su devolución, si se tratare de un archivo electrónico se ordenará la exclusión y se hará constar en un acta. En caso contrario, se ordenará su remisión a la Dirección General para que se disponga de la información; y

V. Finalmente, la determinación emitida por el Comité Calificador se notificará personalmente al solicitante.

Es importante mencionar que estos Criterios Técnicos tienen carácter de anteproyecto, por lo anterior, se abre un periodo de consulta pública por treinta días hábiles contados a partir de la publicación de los presentes, a efecto de que cualquier interesado presente opiniones a la Comisión. De ser aprobados, los presentes Criterios Técnicos entrarán en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes consultadas:

• Diario Oficial de la Federación. (2018, diciembre 11). EXTRACTO del anteproyecto de los Criterios Técnicos de la Comisión Federal de Competencia Económica para el manejo de la información derivada de la asesoría legal que se proporcione a los agentes económicos. Del sitio web: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546197&fecha=11/12/2018

• Barney, O. C. (2018). El secreto profesional del abogado en México (1st ed.). México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

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Reforma a la Ley General de Sociedades Mercantiles: Avisos de transmisión de acciones y partes sociales.

El 15 de diciembre de 2018, entró en vigor el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 14 de junio del año en curso, por el que se adicionaron diversas disposiciones a la Ley General de Sociedades Mercantiles (“LGSM”), particularmente en los artículos 73 y 129 de dicha ley, a efecto de dar cumplimiento a la recomendación número veinticuatro del Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (“GAFI”), del cual México forma parte.

De conformidad con la exposición de motivos de dicha reforma, la recomendación número veinticuatro señala que “los países deberán tomar las medidas necesarias para impedir el uso indebido de las personas morales, para el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, asegurando que exista información adecuada, precisa y oportuna sobre su control y el beneficiario final, entendiendo a este último como aquella persona física que obtiene los beneficios o ejerce el control sobre la persona moral”.

Asimismo, de dicha exposición de motivos se desprende que, previo a la entrada en vigor de la presente reforma, México no contaba con disposición legal alguna que estableciera la obligación, por parte de las personas morales, de informar a las autoridades competentes su beneficiario final.

En ese sentido, la reforma básicamente consistió en la adición de un nuevo párrafo “segundo”, en el artículo 73 -artículo que regula el Libro Especial de Socios en las Sociedades de Responsabilidad Limitada- y, dos nuevos párrafos “segundo” y “tercero” en el artículo 129 -artículo que regula la inscripción de las transmisiones de acciones de las Sociedades Anónimas- de la LGSM, en los cuales, se estableció que, de las inscripciones realizadas en el Libro de Registro de Acciones o en el Libro Especial de Socios, con motivo de la transmisión de acciones o partes sociales, según corresponda, se deberá de publicar un aviso en el Sistema Electrónico establecido por la Secretaría de Economía.

Por lo que se refiere a las Sociedades Anónimas, además del aviso antes referido, se incluyó, en el tercer párrafo adicionado en el artículo 129 de la LGSM, la obligación de la Secretaría de Economía de mantener como confidencial, los datos -nombre, nacionalidad y el domicilio- del accionista contenido en el aviso realizado en el Sistema Electrónico, excepto en los casos en que la información sea solicitada por las autoridades judiciales o administrativas; obligación de confidencialidad que atiende a la naturaleza jurídica de las Sociedades Anónimas (sociedades de capital).

Por otra parte, identificamos ciertas omisiones legislativas en la presente reforma, toda vez que, entre otras cuestiones, no prevé plazos para la presentación de dicho aviso, ni sanciones (i.e. multas) para el caso de incumplimiento a dicha obligación.

No obstante lo anterior, es importante apuntar que, derivado de la presente reforma, la Secretaría de Economía, entre otras autoridades, tendrá un mayor control respecto de los cambios en las estructuras de capital de las Sociedades Anónimas y de Responsabilidad Limitada, identificando a su beneficiario final.

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Convenio Internacional de Protección de Datos

El 28 de septiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto promulgatorio del Convenio para la Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, celebrado entre México y Francia.

El objetivo de este convenio es garantizar a cualquier persona física, sea cual fuere su nacionalidad o residencia, el respeto a sus derechos y libertades fundamentales en materia de protección de datos, específicamente el derecho a la vida privada, con respecto al tratamiento automatizado de los datos de carácter personal correspondientes a dicha persona en el territorio de los países contratantes,.

Respecto a la gestión de los datos personales, el convenio establece principios fundamentales, referentes a la calidad de los datos, la seguridad de la información, las garantías complementarias para la persona involucrada, así como sus excepciones y restricciones.

Tratándose de los flujos transfronterizos de datos personales entre los países contratantes, establece que éstos no se podrán restringir salvo que la legislación domestica así lo reglamente de manera específica.

El presente convenio entró en vigor el pasado 1º de octubre del presente año, por lo que a partir de dicha fecha, se hizo de cumplimiento obligatorio para los países contratantes.

En Acedo Santamarina estamos listos para asesorar a nuestros en asuntos relacionados con el presente convenio. Si tuviere alguna duda favor de contactar a Andrés Acedo en aacedo@acsan.mx.

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Iniciativa para reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

El pasado 4 de diciembre el presidente de México presentó ante el Senado de la República, a través de la Secretaría de Gobernación, una iniciativa de reforma constitucional por la cual se busca que sean reformados los artículos 108 y 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (la “Constitución”) para modificar la redacción del texto constitucional a efecto de establecer que el presidente puede ser juzgado penalmente por la comisión de un mayor número de actos que la propuesta de reforma a la Constitución menciona.

En tal sentido, el texto actual del artículo 108 de la Constitución prevé que el presidente de México, durante su encargo puede ser juzgado únicamente por traición a la patria y por delitos graves en contra del orden público. Por otro lado, la iniciativa de reforma propuesta propone que se amplíe el texto del mencionado artículo para que el presidente en funciones pueda ser juzgado también por actos de corrupción y delitos electorales, así como delitos graves en general, sin necesidad de que se cometan en contra del orden público.

Asimismo, por medio de esta iniciativa se busca reformar el artículo 111 de la Constitución a efecto de que éste establezca que es posible entablar un procedimiento penal en contra del presidente, a diferencia de la redacción anterior en donde no se mencionaba dicho término.

En virtud de lo anterior, de aprobarse la iniciativa constitucional presentada en caso de que el Presidente cometa alguno de los delitos de traición a la patria, corrupción, delitos electorales o bien delitos que sean considerados como graves, se deberá presentar una acusación en el Senado, mismo que creará un jurado de sentencia y dictará una resolución que deberá ser aprobada por a menos dos terceras partes de los presentes en la sesión correspondiente.

Finalmente, para que dicha iniciativa sea aprobada, será necesario el voto a favor de al menos dos terceras partes del Congreso de la Unión y la aprobación de la mayoría de las legislaturas de los estados de la República, lo que es muy probable considerando la situación política actual en México.

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