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Libertad de expresión vs Derecho al honor y a la privacidad

En el presente trabajo se expondrá la ponderación entre el derecho a la libertad de expresión de los periodistas y medios de comunicación con relación a la publicación de artículos, reportajes, o noticias y los derechos al honor, y el derecho a la privacidad de un personaje público. Este tema será principalmente abordado a partir del pronunciamiento que ha tenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver controversias relativas al tema.

La cuestión central es si una persona de interés público tiene derecho a demandar una indemnización por haber sufrido una afectación a sus derechos al honor y a la propia imagen, derivado de haberse difundido un hecho noticiable acerca de éste.

La SCJN ha establecido que no es posible demandar, argumentando lo siguiente: (i) si se responsabilizara a los periodistas por publicar hechos noticiables de terceros, se estaría obstaculizando la libertad de expresión, que es un “pilar de un Estado constitucional y democrático”, es decir, en caso de que los personajes públicos pudieran exigir responsabilidad civil a los periodistas por circular de manera neutral declaraciones, generaría un efecto disuasivo que obstaculizaría la contribución de la prensa a las discusiones de importancia pública; y (ii) las personas públicas tienen un mayor umbral de resistencia ante la opinión y crítica de terceros, lo que significa que los límites de la crítica son más amplios porque están expuestas a un escrutinio público.

A principios del 2019, la SCJN resolvió dos casos acerca del tema expuesto en la presente nota, el primero en el mes de febrero, al resolver el amparo directo en revisión 6175/2018, en el que la Primera Sala sostuvo que una resolución de un Tribunal Colegiado que le exigió a una periodista probar las afirmaciones relativas a “dueños de una concesionaria de radio y televisión y su relación con el poder político en México”, no armoniza con el derecho a la libertad de expresión, y estableció que en el caso de las opiniones acerca de personajes de interés público, la libertad de expresión prevalece sobre derechos de la personalidad de personajes públicos, llegando incluso a sostener que estas expresiones pueden incluir ataques y críticas con “una cierta dosis de exageración, incluso de provocación.” El segundo caso, el amparo directo en revisión 172/2019, resuleto en abril, que fue una demanda presentada por una persona pública en la que se alegaba que un artículo periodístico afectó sus derechos al honor y a la propia imagen; de nuevo, la Primera Sala de la SCJN resolvió que si bien se deben respetar los derechos de terceros al honor y privacidad, los límites a la libertad de expresión son más amplios cuando se refieren a las personas que por ser públicas están expuestas a una rigurosa revisión de sus actividades.

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El REDECO (Registro de Despachos de Cobranza) y la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2018.

El REDECO “Registro de Despachos de Cobranza”, es una herramienta de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (“CONDUSEF”), el cual es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se encuentra regulado en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y en diversas disposiciones de carácter general.

La presente nota busca abundar en el funcionamiento del REDECO y las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras en materia de Despachos de Cobranza (las “Disposiciones”).

Las Disposiciones regulan la naturaleza y funcionamiento del REDECO, el cual es una herramienta a disposición de los usuarios de servicios financieros (los “Usuarios”) creada para: (i) identificar qué despachos de cobranza son utilizados por las entidades financieras para lograr el cobro de sus créditos, y (ii) presentar las quejas derivadas de la actuación de dichos intermediarios al cobrar los créditos, préstamos o financiamientos otorgados por las entidades financieras a los usuarios.

De acuerdo con la definición proporcionada por las Disposiciones, los despachos de cobranza son: “(…) persona física o moral que actúa como prestador de servicios de la Entidad Financiera, con el propósito de requerir extrajudicialmente el pago de la deuda, así como, negociar y reestructurar los créditos, préstamos o financiamientos, que éstas hubieren otorgado a sus clientes”. A partir de su uso por las instituciones de crédito, los Despachos de Cobranza comenzaron a incurrir en ciertas conductas ilícitas en perjuicio de los Usuarios y de terceros, tales como intimidación y amenazas de cárcel, requerimientos a personas ajenas a la deuda, llamadas telefónicas desde números no identificables, requerimientos de pago en días y horas no hábiles, envío de documentos con apariencia de mandamientos judiciales, etc.

Para detener y prevenir estas malas prácticas, se creó el REDECO, y en diciembre de 2018 se reformaron las disposiciones que lo regulan. El REDECO lleva un registro de todos los despachos de cobranza, les exige a estos identificarse debidamente (nombre, domicilio, número telefónico, entidad financiera que otorgó el crédito, etc.), y no hacer las prácticas mencionadas anteriormente, ya que los ciudadanos pueden presentar una queja ante la CONDUSEF y esta puede sancionar a las entidades financieras con multas que pueden ser desde 13 mil 458 pesos hasta 134 mil 580 pesos por cada incumplimiento que se detecte. Por otro lado, el Código Penal Federal establece sanciones de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal. En el 2016, el REDECO recibió 28,220 quejas y en el 2017 recibió 28,652 quejas de usuarios, de éstas 28,220 quejas del 2016, 7,524 correspondieron a las cuatro causas tipificadas como delito.

Con fecha 11 de diciembre de 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a las disposiciones referidas anteriormente, entre las que se encuentran las siguientes: a) Disposiciones de Carácter General para el Registro de Prestadores de Servicios Financieros; b) Disposiciones de Carácter General para la Organización y Funcionamiento del Buró de Entidades Financieras; c) Disposiciones de Carácter General en Materia de Cláusulas Abusivas contenidas en los Contratos de Adhesión; d) Disposiciones de Carácter General que regulan los Programas de Autocorrección de la CONDUSEF; y e) Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras en materia de Despachos de Cobranza.

Referencias:

  • http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546191&fecha=11/12/2018
  • Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
  • Anuario Estadístico de la CONDUSEF 2017
  • Manual de Organización General de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
  • Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras en materia de Despachos de Cobranza
  • https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servicios-financieros/477-ya-conoces-el-redeco
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