Noticias

Propuesta de Reforma en materia de arrendamiento inmobiliario para la vivienda

A petición de asociaciones y activistas en derecho a la vivienda, con fecha 8 de julio de 2020, dos diputadas del Grupo Parlamentario de MORENA presentaron al Congreso de la Ciudad de México, la “Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman y Adicionan diversas Disposiciones del Código Civil para el Distrito Federal, en Materia de Arrendamiento para Garantizar el Derecho a la Vivienda frente a la Pandemia” (la “Iniciativa”).

La Iniciativa, de acuerdo con su Exposición de Motivos, se sustenta en lo siguiente:

  • La crisis sanitaria derivada del virus COVID-19 ha ocasionado que los arrendatarios de vivienda incumplan con la obligación de pago de rentas, al presentarse dificultades económicas y sociales tales como pérdida de empleo, reducción de salarios e inactividad comercial.
  • El incumplimiento al pago de rentas puede ocasionar desplazamiento de familias con arraigo en barrios, pueblos y colonias, desalojos y dejar a diversas personas en situación de calle.
  • La legislación civil en materia de arrendamiento inmobiliario en la Ciudad de México no otorga a los arrendatarios de vivienda, las garantías judiciales debidas, pues contraviene los principios de asequibilidad, gastos soportables y seguridad jurídica de la tenencia, todos componentes del derecho humano a la vivienda.
  • Resulta necesario equilibrar la relación entre las partes de un arrendamiento para garantizar el derecho a la vivienda adecuada, el cual está reconocido en los artículos 4º de la Constitución Federal[1] y 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México[2].

Se destaca que en la Exposición de Motivos de la Iniciativa se citan los lineamientos emitidos durante el mes de abril de 2020 por la entonces Relatora Especial sobre una vivienda adecuada de la Organización de las Naciones Unidas, en los que se menciona la necesidad de tomar medidas para garantizar el derecho a la vivienda de las personas, tales como: (i) la condonación, reducción y/o aplazamiento de pagos, y (ii) la implementación de apoyos y créditos blandos para los propietarios de la vivienda.

Por otra parte, la Iniciativa destaca la figura de la mediación prevista en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal, como un recurso efectivo para resolver conflictos derivados de arrendamiento de vivienda.

En específico, la Iniciativa propone modificar el Código Civil para la Ciudad de México, de conformidad con lo siguiente:

  • Reforma al artículo 2398.
  1. Se define al contrato de arrendamiento de vivienda como “aquel que coadyuva al cumplimiento del derecho humano a la vivienda de la parte arrendataria a cambio de un precio cierto a favor de la parte arrendadora”.
  2. Dicho contrato deberá sujetarse a un plazo forzoso de tres años, salvo lo que disponga el arrendatario.
  • Adición de dos párrafos al artículo 2406.
  1. El juicio de desocupación resultará improcedente en caso de que el arrendador no presente un contrato de arrendamiento de vivienda por escrito, aún y cuando dicho juicio se sustente en el incumplimiento en el pago de rentas.
  2. El arrendador perderá el derecho a conservar el depósito en caso de rescisión del contrato de arrendamiento de vivienda, o de una cantidad equivalente en el supuesto de “término temporal” de dicho acuerdo de voluntades.
  • Adición de los artículos 2406 BIS, 2425 BIS y 2431 BIS.
  1. A falta de un contrato por escrito, se presumirá que existe arrendamiento de vivienda en caso de probarse la ocupación consentida de un inmueble propio por parte de un tercero, a cambio del pago de un precio cierto.
  2. Para ejercitar alguna acción derivada del incumplimiento a las cláusulas esenciales del acuerdo de voluntades, bastará una manifestación bajo protesta de decir verdad en el sentido de que existe una relación de arrendamiento, debiendo las partes demostrar sus afirmaciones en juicio.
  • Se establecen como derechos del arrendatario de vivienda: a) no solicitar más de un mes de anticipo, (b) no exigir fianza o alguna garantía inmobiliaria, (c) no ser sujetos de “desocupaciones arbitrarias, ilegales y/o forzosas”, (d) notificar la orden judicial de desocupación con una anticipación de dos meses a la fecha de la diligencia, (e) presencia en la diligencia de desocupación de personal de instituciones especializadas con la finalidad de que brinden asistencia a personas vulnerables tales como niños, mujeres víctimas de violencia, indígenas, inmigrantes, etc., (f) acceder a las medidas disponibles para evitar dejar a las personas en situación de calle, tales como refugios temporales e incorporación a programas de vivienda, y (g) de presentarse casos fortuitos, recurrir a los medios alternativos de solución de controversias para modificar las condiciones del contrato.
  1. En casos de emergencia nacional, desastres naturales, declaratorias de emergencia ambiental, natural o sanitaria, o cualquier otras situaciones de fuerza mayor que paralicen las actividades económicas e impidan al arrendatario cumplir con el contrato, el arrendatario podrá solicitar la renegociación transitoria o definitiva del contrato de arrendamiento, en términos de lo establecido en el artículo 1796 del Código Civil.

La Iniciativa ha recibido fuertes críticas por considerar que, de aprobarse en sus términos, se atentaría contra la libertad contractual, se permitiría a los arrendatarios de vivienda dejar de pagar rentas, y se vulnerarían los derechos de los arrendadores, como el derecho a la propiedad, desalentando de esa manera la inversión en el sector inmobiliario. Por su parte, los activistas que participaron en la redacción de la Iniciativa, destacaron la necesidad de incentivar que los contratos de arrendamiento se hagan constar por escrito para así dotar de certeza jurídica a los inquilinos.

Esperamos que la discusión de la Iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México, se lleve a cabo a través de un debate profundo y mesurado, y sin sesgos. Además, que contemple la participación de litigantes e impartidores de justicia y de otros sectores, a fin de evitar deficiencias que pudieran repercutir negativamente en el ámbito práctico. Asimismo, proponemos se incorpore a la discusión la viabilidad de implementar apoyos como los referidos por la Relatora Especial de la Organización de las Naciones Unidas, tanto a las propietarios de vivienda como a los inquilinos.

[1] Artículo 4º. (…)

Toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo.

[2] Artículo 9. (…)

  1. Derecho a la vivienda
  2. Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada para sí y su familia, adaptada a sus necesidades.
  3. Las autoridades tomarán medidas para que las viviendas reúnan condiciones de accesibilidad, asequibilidad, habitabilidad, adaptación cultural, tamaño suficiente, diseño y ubicación seguros que cuenten con infraestructura y servicios básicos de agua potable, saneamiento, energía y servicios de protección civil.
  4. Se impulsarán planes accesibles de financiamiento, medidas para asegurar gastos soportables y la seguridad jurídica en la tenencia de la vivienda.
  5. Se adoptarán medidas, de conformidad con la ley, contra el desalojo arbitrario e ilegal de los ocupantes de la vivienda.
READ MORE
Noticias

Medidas anunciadas por la SCJN para el periodo del 1º al 30 de junio

Autores: Roberto Altamirano Fuentes y Eduardo Reyes.

De acuerdo con los Acuerdos Generales 3/2020, 6/2020 y 7/2020 emitidos durante los meses de marzo y abril de 2020, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (“SCJN”) decidió decretar ciertas medidas con la finalidad de mitigar los riesgos asociados a la enfermedad del COVID-19, entre las que se encuentran, declarar como inhábiles los días comprendidos del 18 de marzo al 31 de mayo de 2020.

Con fecha 26 de mayo de 2020, el Pleno de la SCJN emitió el Acuerdo General 10/2020 en el que se prorroga el plazo de suspensión de actividades jurisdiccionales hasta el 30 de junio de 2020, en el entendido que durante el citado periodo no correrán términos, sin embargo, se habilitarán los días y horas necesarios para el desarrollo de actividades a través de medios electrónicos o a distancia, que tengan por objeto lo siguiente:

a) Proveer sobre la suspensión solicitada en las controversias constitucionales urgentes, y las actuaciones judiciales que sean necesarias para la eficacia de dicha medida.

b) Se presenten únicamente por vía electrónica los escritos iniciales de los asuntos de la competencia de la SCJN, mediante el uso de la FIREL o e.firma, debiéndose generar los expedientes electrónicos que corresponda.

c) Continuar con el trámite por vía electrónica de asuntos regulados en la Ley de Amparo, de controversias constitucionales, de acciones de inconstitucionalidad en las que se hayan impugnado leyes de vigencia anual o en contra de normas en materia electoral, y de los recursos de reclamación interpuestos en dichos medios de control constitucional radicados en la SCJN, o de los que se interpongan en contra de las controversias constitucionales urgentes presentadas a partir del 18 de marzo de 2020, que trasciendan a la materia de suspensión, por medio de la FIREL o e.firma.

d) Digitalizar las constancias y formar expedientes electrónicos en los asuntos mencionados en el inciso c) anterior, con el fin de que éstos continúen su tramitación vía electrónica.

e) Proveer por medios electrónicos los asuntos mencionados en los incisos b) al d), y se realicen las notificaciones por oficio, lista o rotulón electrónico, según corresponda, así como electrónicamente.

f) Se notifiquen personalmente los emplazamientos en los juicios promovidos electrónicamente a partir del 1º de junio de 2020, y por oficio a las respectivas autoridades los proveídos que admitan amparos en revisión o directos en revisión, interpuestos con anterioridad o posterioridad a la citada fecha.

g) Se celebren audiencias y comparecencias a distancia.

h) Se provea sobre los asuntos listados o que puedan listarse para las sesiones del Pleno y las Salas de la SCJN celebradas a distancia, se notifiquen las sentencias emitidas en dichas sesiones por lista o por rotulón electrónico, y se firmen los engroses y votos correspondientes electrónicamente, y se pongan los proyectos de resolución a disposición de las Secretarías de Acuerdos y Ponencias a través de medios electrónicos.

i) Se notifiquen a los órganos legislativos los puntos resolutivos de las sentencias dictadas por el Pleno de la SCJN, en las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales en la que los efectos de declaración de invalidez estén sujetas a dicha notificación.

j) Se concluya el engrose de los asuntos resueltos por el Pleno y las Salas de la SCJN, previo al 18 de marzo de 2020, debiéndose firmar electrónicamente y notificar por medio de lista o rotulón electrónico.

Los plazos para desahogar requerimientos ordenados en los proveídos dictados durante el mes de junio de 2020, o interponer recursos por vía electrónica en su contra, reiniciarán o comenzarán únicamente para la parte que promueva por vía electrónica. En el caso de los acuerdos en que se admita a trámite un amparo en revisión o directo en revisión, el plazo para su impugnación iniciará a partir del surtimiento de efectos de la respectiva notificación por oficio o lista electrónica.

Con las medidas anunciadas se pretende que durante el mes de junio la SCJN realice sus actividades con las precauciones necesarias ante la pandemia del virus SARS CoV-2 (COVID-19).

READ MORE
Noticias

Competencia por cuantía de los Juzgados de la Ciudad de México, en controversias mercantiles

Autores: Roberto Altamirano y Eduardo Reyes

Los artículos 59, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México contienen las disposiciones que determinan la competencia de los órganos jurisdiccionales de dicha entidad federativa –Juzgados de lo Civil de Proceso Escrito, de lo Civil de Proceso Oral y de lo Civil de Cuantía Menor–, para conocer de asuntos de naturaleza civil y mercantil. Sobre ese particular, en la sesión ordinaria celebrada el 18 de febrero de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México emitió el Acuerdo 40-09/2020, en el que se precisa que a partir del 26 de enero de 2020, la competencia por cuantía en controversias mercantiles, se deberá regir de conformidad con lo siguiente:

1. Los Juzgados de lo Civil de Proceso Escrito conocen de: (i) los juicios ejecutivos mercantiles en que la suerte principal demandada sea superior a la cantidad de $4’000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), sin considerar intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, y (ii) los negocios de jurisdicción concurrente que no sea posible cuantificar económicamente al momento de presentarse la demanda ni con posterioridad, cuya competencia no se encuentre asignada expresamente a los Juzgados de lo Civil de Proceso Oral.

2. Los jueces de lo Civil de Proceso Oral conocen de: (i) los juicios ejecutivos mercantiles cuyo monto reclamado sea inferior a la cantidad de $4’000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100M.N), e igual o superior a la cantidad de $682,546.89 (Seiscientos ochenta y dos mil quinientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.), sin tomar en cuenta los accesorios demandados a la fecha de presentación de la demanda, y (ii) los negocios de jurisdicción concurrente que deban tramitarse en la vía oral mercantil, sin límite de cuantía.

3. Los Juzgados de lo Civil de Cuantía Menor conocen de los juicios ejecutivos mercantiles en que la suerte principal demandada sea inferior a la suma de $682,546.89 (Seisicientos ochenta y dos mil quinientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.), referida en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, misma que fue actualizada de conformidad con el Acuerdo de la Secretaría de Economía publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de diciembre de 2019, y el Acuerdo 36-47/2019 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, sin tomar en cuenta los accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda.

De esta manera, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México aclaró cuál es la competencia de los órganos judiciales tratándose de asuntos de naturaleza mercantil, en función de su cuantía.

READ MORE
Noticias

El consejo de la judicatura federal anuncia las nuevas medidas a las que deberá sujetarse la actividad de los juzgados federales durante los días del 6 al 31 de mayo de 2020

Autores: Roberto Altamirano y Eduardo Reyes

Mediante los Acuerdos Generales 8/2020 y 9/2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal anunció las medidas que deberán observarse durante el período comprendido del 6 al 31 de mayo de 2020, mismas que fueron adoptadas con la finalidad de restablecer las actividades de los órganos del Poder Judicial de la Federación en el contexto de la contingencia sanitaria generada por el virus COVID-19. Dichas medidas son las siguientes:

Trámite y resolución de casos urgentes.

Los asuntos nuevos que se consideren urgentes podrán promoverse de forma física o a través del “juicio en línea” utilizando la firma electrónica, es decir, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (“FIREL”) o la “e.firma” (antes firma electrónica avanzada o “FIEL”).

Los órganos jurisdiccionales deberán dar seguimiento oficioso a los asuntos que al radicarse fueron calificados como urgentes.

En caso de que un asunto urgente sea promovido físicamente, los funcionarios judiciales exhortaran a las partes para que en la medida de lo posible continúen con su tramitación mediante el “juicio en línea”.

Resolución de casos tramitados físicamente.

Se reanudará la resolución de los asuntos que hayan sido tramitados presencialmente, en los que únicamente esté pendiente la emisión de la sentencia o resolución final.

Trámite y resolución de casos sustanciados a través del “juicio en línea”.

Se restablecerá el trámite y resolución de los asuntos que antes del inicio de la contingencia sanitaria hubieren sido promovidos mediante el “juicio en línea”, excepto aquellos en los que se encuentre pendiente la celebración de audiencias o desahogo de diligencias que requieran la presencia física de las partes o la práctica de notificaciones personales.

Suspensión de plazos y términos.

No correrán plazos y términos procesales, no se celebrarán audiencias ni se practicarán diligencias, tratándose de: (i) las solicitudes, demandas, recursos, juicios y procedimientos en general, diversos a los casos arriba mencionados, y (ii) la interposición de recursos en contra de las sentencias y resoluciones dictadas en casos tramitados físicamente.

Casos urgentes.

El Acuerdo General 8/2020 contiene un listado no limitativo de los asuntos que deberán calificarse como urgentes, entre los que destacan el ejercicio de la acción penal con detenido, solicitudes de orden de cateo e intervención de comunicaciones privadas, calificación de detenciones, vinculaciones a proceso, determinaciones sobre extradición, trámite para la determinación y ejecución de beneficios preliberacionales y los derivados de la Ley de Amnistía, amparos contra determinaciones sobre pensiones alimenticias, amparos contra determinaciones sobre medidas cautelares en casos de violencia intrafamiliar, amparos relacionados con actos que afecten el interés superior de menores de edad, medidas cautelares en concursos mercantiles, y declaraciones de inexistencia de huelga.

En general, el juzgador deberá calificar a un asunto como urgente, considerando lo siguiente: (i) los derechos humanos objeto del procedimiento, la trascendencia de su eventual violación, y las consecuencias que pudieran derivar de postergar su trámite hasta la conclusión de la contingencia, y (ii) los posibles impactos sobre el acceso a derechos económicos y sociales de colectivos y poblaciones en especial situación de vulnerabilidad, tales como los derechos relacionados con su salud.

Sesiones ordinarias de los Tribunales Colegiados de Circuito.

Las listas de sesión se publicarán oportunamente en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal.

Las sesiones se llevarán a cabo sin la presencia del público, vía remota, por videoconferencia, y serán almacenadas y resguardadas para su ulterior consulta.

Se hará constar en un acta el sentido y observaciones de cada Magistrado, así como las características en que se haya desahogado la sesión.

Las partes podrán consultar el registro de la sesión una vez que se haya notificado la resolución correspondiente.

Atención de casos en materia penal adicionales a los urgentes.

En asuntos que no se califiquen como urgentes, los órganos jurisdiccionales deberán: (i) atender las decisiones que no requieran audiencias, (ii) atender las decisiones que requieran audiencias, que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas, procurando su desahogo mediante videoconferencia, (iii) atender los asuntos cuya tramitación se encuentre integrada para su resolución, y (iv) practicar las actuaciones de trámite que puedan decidirse por escrito y que permitan la resolución de expedientes de ejecución.

Ejemplos de estos casos son: las solicitudes de libertad provisional bajo caución y amparos en los que se reclame el aseguramiento de inmuebles que constituyan el hogar del quejoso.

READ MORE
Noticias

Se extiende la suspensión de actividades jurisdiccionales

Autores: Roberto Altamirano Fuentes y Eduardo Reyes.

Mediante acuerdos adoptados en sesiones celebradas el 13 de abril de 2020, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, decidieron prorrogar la suspensión de actividades jurisdiccionales que originalmente se había fijado hasta el 19 de abril de 2020, en el sentido de declarar también como inhábiles los días comprendidos en el periodo que transcurre del 20 de abril al 5 de mayo de 2020.

Lo anterior con la finalidad de ser consistentes con el “Acuerdo por el que se declara como emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-CoV” (COVID-19)”, y el “Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2”, publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 30 y 31 de marzo de 2020, respectivamente, en los que esencialmente se ordenó la suspensión de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, a efecto de evitar la dispersión, transmisión, carga de enfermedad, complicaciones y muertes causadas por el virus COVID-19 en el territorio nacional.

En todos los casos, considerando que la prestación del servicio público de impartición de justicia es una función esencial, las autoridades adoptaron las medidas necesarias para mantener la operatividad de los  órganos jurisdiccionales en la atención de casos urgentes. A manera de ejemplo, en el Acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal se señalan como casos urgentes, la ejecución de órdenes de aprehensión o de congelamiento de cuentas bancarias, y en general, asuntos en los que se encuentre en peligro la salud o integridad física de las personas.

Finalmente, en los Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se refieren a la posibilidad de celebrar las sesiones que sean necesarias, a distancia, mediante el uso de herramientas tecnológicas.

READ MORE
Noticias

Suspensión de actividades jurisdiccionales

SCJN SUSPENDE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES

Autores: Roberto Altamirano Fuentes y Eduardo Reyes.

Con sustento en lo dispuesto por los artículos 1º, párrafo tercero, y 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales vinculan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a adoptar las medidas que resulten necesarias para proteger la salud de todas las personas, y considerando el riesgo que implica la contingencia sanitaria derivada del virus CODVID-19, el Pleno de la SCJN, por medio del Acuerdo General 3/2020, de fecha 17 de marzo de 2020, ordenó suspender las actividades jurisdiccionales, de conformidad con lo siguiente: (i) declaró inhábiles los días comprendidos del 18 de marzo al 19 de abril de 2020, en la inteligencia de que durante dicho periodo no correrán términos procesales, y (ii) habilitó los días y horas que resultaren necesarios para proveer sobre la admisión de controversias constitucionales urgentes en las que se haya solicitado la suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

SUSPENSIÓN DE FUNCIONES JURISDICCIONALES A NIVEL LOCAL Y FEDERAL

Con la finalidad de prevenir la propagación del virus COVID-19, y en seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a través del Acuerdo 4/2020, de fecha 17 de marzo de 2020, determinó suspender las funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF), a partir del 18 de marzo y hasta el 19 de abril de 2020. Lo anterior implica esencialmente que: (i) se suspenden las labores de los órganos jurisdiccionales del PJF, (ii) no corran los plazos y términos procesales, (iii) no se celebren audiencias, ni sesiones de los Plenos de Circuito, y (iii) se exceptúan de esta medida, los órganos jurisdiccionales que se encuentren de guardia únicamente para la atención de asuntos urgentes, mismos que se encontrarán laborando en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas, adoptando medidas precautorias como el trabajo a distancia y el uso de las herramientas tecnológicas que sean necesarias.

En cuanto a los Centros de Justicia Penal Federal, el CJF acordó suspender los términos procesales distintos a los constitucionales, en el entendido que las audiencias de trámite que no sean urgentes se reprogramaran a partir del 30 de abril de 2020. Son impostergables las determinaciones de carácter urgente tales como:

  1. Calificación de detenciones.
  2. Vinculaciones a proceso.
  3. La implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva.
  4. Determinaciones sobre extradición.

En el mismo sentido, el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, determinó en el Acuerdo 39-14/2020 -adoptado en sesión ordinaria con fecha de 17 de marzo de 2020-, autorizar el “Plan de Contingencia para el Poder Judicial de la Ciudad de México”, lo que conlleva suspender de igual manera las labores y los términos procesales a partir del 18 de marzo  hasta el 20 de abril de 2020. Se exceptuaron de dicha suspensión los órganos jurisdiccionales en materia Penal y Jueces y Juezas del Sistema Procesal Penal Acusatorio, incluyendo Justicia para Adolescentes, así como  la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, Suspensión Condicional del Proceso, Unidades de Gestión Judicial y Unidades de Gestión Judicial Especializadas.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA SUSPENDE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES

Con motivo del Acuerdo General Plenario 3/2020 de la SCJN y en términos de lo establecido por el artículo 65, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el Pleno General de la Sala Superior de dicho órgano jurisdiccional, también determinó suspender actividades jurisdiccionales del 18 de marzo al 19 de abril de 2020, en el entendido que durante estos días no correrán términos procesales.

READ MORE
Noticias

Competencia para resolver una controversia derivada de contratos bancarios de adhesión

Prácticamente todas las relaciones jurídicas existentes entre los proveedores de servicios bancarios y sus clientes, se rigen por lo establecido en contratos de adhesión, mismos que la Ley Federal de Protección al Consumidor define como los formatos en los que un proveedor determina unilateralmente los términos y condiciones que deberán aplicarse a la prestación de un servicio, es decir, los clientes o usuarios adquieren ciertos derechos y obligaciones frente a las instituciones de crédito, sin que puedan llegar a negociar los términos y condiciones aplicables, pues simplemente se adhieren a los que ya se encuentran preestablecidos.

Las instituciones de crédito incluyen en los contratos bancarios de adhesión, una cláusula en la que se indican los tribunales que serán competentes para resolver las controversias que surjan entre las partes con motivo de dichos contratos. Generalmente, en dichos contratos bancarios de adhesión se establece que los tribunales competentes serán los del lugar donde se encuentre ubicada su matriz, lo que se ajusta a los requisitos establecidos en el Código de Comercio para que una de las partes se entienda sometida expresamente a la competencia de un determinado órgano jurisdiccional: (i) domicilio de cualquiera de las partes, (ii) lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, y/o (iii) ubicación de la cosa.

No obstante lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que tratándose de contratos bancarios de adhesión, el sometimiento expreso por parte de un cliente o usuario de servicios bancarios, a la competencia de un determinado órgano jurisdiccional, puede no surtir efectos, a fin de garantizar el derecho humano a un acceso efectivo a la justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues dicho sometimiento puede ser inequitativo en el sentido de que los clientes o usuarios se vean obligados a desplazarse a un lugar alejado de su domicilio –en los que la institución de crédito puede tener sucursales o contar con representación– e incurrir en gastos adicionales de forma injustificada.

READ MORE
Noticias

La grave omisión legislativa en materia de Justicia Cotidiana

El 15 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana. En esencia, dicha reforma constitucional consistió en: (i) establecer la obligación de las autoridades de resolver las controversias sometidas a su consideración, evitando que los formalismos procedimentales impidan que se emita un enjuiciamiento de fondo (artículos 16 y 17), y (ii) fijar la competencia del Congreso de la Unión para expedir una legislación única en materia procesal civil y familiar (artículo 73).

En los artículos transitorios de dicha reforma constitucional se dispone que el Congreso de la Unión debe expedir la citada ley, dentro de un plazo máximo de ciento ochenta días contados a partir del día siguiente al en que fue publicado el citado decreto, y que en igual plazo, se realicen las reformas a las leyes generales, federales y locales que resulten necesarias para incorporar las modificaciones a los artículos 16 y 17 constitucionales.

No obstante que el plazo de ciento ochenta días previsto en el decreto ya transcurrió en exceso, ni el Congreso de la Unión ni las legislaturas locales han cumplido con el mandato constitucional.

La omisión en que han incurrido los órganos legislativos federales y locales del Estado mexicano, viola el derecho fundamental de los particulares a una tutela judicial efectiva, además de permitir injustificadamente  que continúe el rezago judicial actualmente existente en los tribunales, perpetuando así el sentido de impunidad percibido en la mayor parte del territorio nacional.

El incumplimiento a la reforma constitucional es grave si se considera que de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), más de dos terceras partes de los litigios judiciales son precisamente de carácter familiar y civil

READ MORE