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Iniciativa de Ley para crear el INMECOB

Por: Mauricio Arciniega

El pasado miércoles 10 de junio del año presente, el senador Ricardo Monreal, integrante y líder del Grupo Parlamentario de Morena, presentó ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a los artículos 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con dicha iniciativa se propone crear el Instituto Nacional de Mercados y Competencia para el Bienestar “INMECOB”, como un órgano constitucional autónomo con personalidad jurídica, autonomía técnica, operativa y de gestión. La iniciativa expone como motivos el reducir el gasto público.

Con el nacimiento del INMECOB, se extinguirían el Instituto Federal de Telecomunicaciones (“IFT”), la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”) y la Comisión Reguladora de Energía (“CRE”), con el propósito de integrar dichos órganos reguladores y así establecer el único en materia de Competencia Económica y en los sectores de Telecomunicaciones, Radiodifusión y Energético, sin pasar a formar parte del INMECOB las facultades de la CRE en materia de hidrocarburos.

Empero, el Senador Monreal mencionó el pasado domingo en redes sociales que pospondrá el proceso legislativo de dicha iniciativa a efecto de iniciar un proceso de valorización y discusión de esta. Es importante apuntar que, de ser aprobada la iniciativa en los términos actuales, existiría un recorte presupuestario y de personal, afectando las funciones técnicas y especializadas que desarrollan el IFT, la COFECE y la CRE, monopolios naturales indispensables para la economía. Además, no sería conforme al requisito del Capítulo 18 previsto en el T-MEC, que es contar con un organismo regulador de telecomunicaciones independiente, por lo que, entre otros motivos se podría esperar que la iniciativa tuviere un impacto directo en la inversión en nuestro país.

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Se Instala Formalmente el Consejo de Salubridad General

A consecuencia de la pandemia que se vive al día causada por el COVID-19, tal y como lo señaló la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo, en México aún no existía una declaratoria formal de emergencia sanitaria, hasta el día de ayer, a pesar de que la Constitución Mexicana expresamente señala que en caso de epidemias de carácter grave el Consejo de Salubridad General (el “Consejo”), como autoridad sanitaria, tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables para éstas. Lo anterior ha conllevado a que en las últimas semanas exista una descoordinación entre los tres niveles de gobierno y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud y, por lo tanto, el propósito del Sistema Nacional de Salud resulte ineficaz y no se pueda actuar congruentemente frente al COVID-19.

El Consejo es un órgano colegiado dependiente del Presidente de la República en términos del artículo 73, fracción XVI, base 1a. de la Constitución Mexicana, y tiene el carácter de autoridad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas. Las disposiciones emitidas por el Consejo serán de carácter general y obligatorias en el país.

El Constituyente al incorporar las bases que dieron creación al Consejo y al entonces denominado Departamento de Salubridad, tomaron en consideración, entre otras cuestiones: (i) la necesidad de contar con órganos capaces de reaccionar de manera pronta y eficaz ante las diversas contingencias que se pudieren originar en materia de salud; (ii) que dichos órganos tuvieran los recursos necesarios para reaccionar; y (iii) que contaran con la facultad de emitir disposiciones de carácter obligatorio para toda la nación sin que intervinieran autoridades administrativas.

El día de ayer, 19 de marzo del 2020, el Consejo sesionó de manera extraordinaria, con la finalidad de adoptar medidas y planes de protección a la salud frente al COVID-19, y con el propósito de que se garantice el cumplimiento de los objetivos de creación del Consejo, pues debe entenderse que cuenta con la facultad constitucional para reglamentar, en el ámbito de sus competencias constitucionales, las áreas que la Ley General de Salud define como materia de salubridad general para que el Estado mexicano, de manera coordinada, atienda de manera eficaz y oportuna las necesidades de la población a través de un órgano de alta especialidad técnica y científica.

Entre los acuerdos adoptados el día de ayer en la sesión extraordinaria del Consejo el día destacan los siguientes: (i) El pleno del Consejo reconoció a la epidemia ocasionada por el COVID-19 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria; (ii) la Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de COVID-19, en consenso con los integrantes del Sistema Nacional de Salud; y (ii) se exhortó definir planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad para garantizar atención oportuna a los casos de COVID-19.

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Se crea el Sistema Nacional de Información de Infraestructura

El pasado 28 de octubre de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los Lineamientos para la entrega, inscripción y consulta de información para la conformación del Sistema Nacional de Información de Infraestructura (el “SNII”), los cuales fueron previamente aprobados por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (los “Lineamientos”).

El Instituto Federal de Telecomunicaciones además de tener a su cargo la regulación, promoción y control del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, los recursos orbitales, los servicios satelitales, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, también lo tiene sobre el acceso a infraestructura activa, pasiva y demás maquinaria esencial. En virtud de lo anterior, a partir de la expedición de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusíon ya se encontraba previsto en el artículo 181 de la misma el SNII, como una base de datos nacional geo-referenciada que contendría la información de los registros de infraestructura activa y medios de transmisión, de infraestructura pasiva y derechos de vía y de sitios públicos y privados .

El SNII fue pensado en vista de que existen barreras económicas, administrativas y operativas por parte de los concesionarios o autorizados en sus intenciones para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones o radiodifusión; los costos de instalación de infraestructura, disponibilidad de espacios, tramitación de permisos y derechos de vía, entre otras causas, dificulta el despliegue y progreso eficiente de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión.

A consecuencia de lo anterior, se crea el SNII como una herramienta que contenga una base de datos nacional geo-referenciada que permita la visualización de los registros de infraestructura activa y medios de transmisión, de infraestructura pasiva y derechos de vía y sitios públicos, así como su identificación e información, ubicación, características, aprovechamiento y capacidad de la misma. Con una correcta implementación y gestión del SNII, éste creará circunstancias para una mayor promoción a la compartición de infraestructura, lo que permite a los operadores de la industria reducir costos para el despliegue y desarrollo de sus redes a través de la compartición de infreaestructura, lo que deriva en el uso eficiente de los mismos y desencadenando mejores condiciones para la competencia. Este tipo de herramientas han sido desarrolladas e implementadas por entes reguladores en otros países como lo es en Portugal, Suecia y Alemania, cada uno con sus particularidades pero en realidad con el mismo objetivo.

Los Lineamientos definen la información que conformará el SNII, así como las formalidades en las que se deberá entregar la misma, los términos y plazos para la entrega, inscripción y consulta de la misma, que deberán observar los concesionarios, autorizados, autoridades de seguridad y procuración de justicia, instituciones públicas, universidades, centros de investigación públicos y particulares.  Los Lineamientos entraron en vigor el 29 de octubre del 2019 y a partir del aviso por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones respecto del inicio de operaciones del SNII, mismo que será publicado en el Diario Oficial de la Federación, se contará con un plazo no mayor de 120 días naturales para la entrega de información.

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Vence el plazo para que las Instituciones de Tecnología Financiera (las “ITF”) ingresen su solicitud ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

En 2013 las autoridades mexicanas se vieron cuestionadas respecto al proceso regulatorio doméstico de las ITF, lo que las impulsó, de la mano con la propia industria, a estudiar, explorar y trabajar en la creación de regulación que atendiera al contexto nacional e internacional en la materia.  En el año de 2018, finalmente entró en vigor la Ley Para Regular Las Instituciones De Tecnología Financiera, mejor conocida como “Ley Fintech”, y posteriormente, diversa normatividad aplicable a la materia que complementó a dicha ley.

Con base en datos proporcionados por la CNBV, actualmente existen aproximadamente 500 plataformas en el país que ofrecen distintos servicios financieros que prestan las ITF. De éstas, 201 realizan actividades de financiamiento colectivo (crowdfunding) y fondos de pago electrónico.

Conforme al transitorio tercero de la Ley Fintech, así como de conformidad con la Resolución que modifica las Disposiciones de carácter general aplicables a las ITF, se estableció un plazo que venció el pasado miércoles 25 de septiembre, para dichas plataformas solicitaran una autorización para poder operar en el país.  De no hacerlo, éstas tendrían que cesar sus operaciones, ya que se prevén sanciones administrativas y penales para quienes actúen en contravención a dichas disposiciones.

Al vencimiento del plazo, el titular de la CNBV dio a conocer que 85 plataformas que se encontraban dentro del supuesto regulatorio presentaron su solicitud de autorización, en este sentido, las 116 restantes deberán concluir sus operaciones existentes.

La CNBV cuenta con un plazo de 180 días para dar resolución a las solicitudes de autorización que durante el plazo establecido, fueron presentadas por las distintas plataformas que actualmente operan en México.

La regulación y autorización de estas plataformas prevé elevar la inclusión financiera, modernizar el sistema financiero, mejorar el ambiente de competencia, proveer certeza y profesionalismo a los usuarios de servicios financieros, así como un horizonte más atractivo para los inversionistas.

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Posibles reformas a la ley de Pemex

El pasado 9 de enero de 2019, diputados del Grupo Parlamentario de Morena presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos (la “Iniciativa”).

El objetivo de la Iniciativa consiste en “establecer un marco jurídico que garantice al Ejecutivo federal, a través del Director General de Petróleos Mexicanos (el “Director”), operar de manera integral al ejecutar y cumplir con los objetivos de exploración, explotación y refinación.” (Gaceta Parlamentaria, 2019)

Los diputados propusieron, principalmente, limitar las facultades del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (el “Consejo”), pues, mencionan que la regulación con la que hoy operan promueve la disgregación de responsabilidad al momento de tomar decisiones, puesto que la Ley de Petróleos Mexicanos reconoce al Consejo la toma de decisiones de naturaleza ejecutiva que, argumentado la postura respecto a que en cualquier empresa de estructura corporativa, dichas decisiones le corresponderían al Director de la misma. En virtud de lo anterior, propusieron ampliar y otorgar mayores atribuciones al Director para la conducción y dirección estratégica de Petróleos Mexicanos (“Pemex”) conforme a la política energética nacional instruida por el Ejecutivo federal.

Los diputados propusieron atender, entre otras, las siguientes premisas:

  • Establecer un marco jurídico que garantice y permita al Director operar Pemex y las diversas empresas que la componen de manera integral para ejecutar y cumplir con los objetivos de exploración, explotación y refinación;
  • Limitar las facultades del Consejo y darle mayores atribuciones al Director para conducir y establecer la dirección estratégica de la empresa;
  • Incorporar al Director al Consejo como invitado permanente con voz, pero sin voto, previéndose que dicho órgano de gobierno no podrá sesionar sin su presencia;
  • Una reducción del número de comités, a efecto de concentrar la atención de los asuntos en dos comités de apoyo a las funciones del Consejo. Subsistiendo el Comité de Auditoría y fusionándose dos para crear el Comité de Inversiones, Adquisiciones, Obras y Servicios, en este último se incluirían las funciones en materia de inversión, así como las de análisis y recomendaciones del Plan de Negocios; y
  • Transferir al Director el plan de negocios, la conducción central y estratégica de Pemex, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, así como de cualquier empresa en donde Pemex tenga directa o indirectamente capital accionario, de igual manera, nombrar y remover a los directivos de Pemex que ocupen cargos en dos jerarquías inferiores al Director, así como funciones relacionadas con tabuladores y recursos humanos, funciones que actualmente corresponden al Consejo.

Respecto a la Iniciativa propuesta, varios medios se han pronunciado al respecto, señalando riesgos si se aprobase el texto tal y como se presentó, ya que promueve la centralización de la toma de decesiones en el Director General de Pemex, situación que es contraria a las mejores prácticas corporativas en el mercado, y que frena los esfuerzos que se han realizado en los últimos 12 años por la institucionalización de esta empresa productiva del Estado. (México Evalúa, 2019)

Fuentes consultadas:

Gaceta Parlamentaria, 2019. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena. Del sitio: http://gaceta.diputados.gob.mx

México Evalúa, 2019. Riesgo en reforma a Ley de Pemex: mayor interferencia política menores contrapesos y exclusión de la sociedad. Del sitio:

https://www.mexicoevalua.org/2019/01/15/riesgo-en-reforma-a-ley-pemex-mayor-interferencia-politica-menores-contrapesos-exclusion-la-sociedad/

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Publicación de anteproyecto de los Criterios Técnicos de la Comisión Federal de Competencia Económica para el manejo de la información derivada de la asesoría legal que se proporcione a los agentes económicos.

El 11 de diciembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación un extracto del anteproyecto de los Criterios Técnicos de la Comisión Federal de Competencia Económica para el manejo de la información que derive de la asesoría legal proporcionada a los agentes económicos (“Criterios Técnicos”).

El origen y el motivo de los mencionados Criterios Técnicos surge de la importancia del secreto profesional, el cual es una exigencia que existe en ciertas actividades profesionales, como lo es la abogacía, que demandan una confianza total por parte del particular con el prestador de servicios.

La Declaración de Perugia sobre principios deontológicos de la Abogacía de la Comunidad Europea del año de 1977 destaca la importancia del respeto y confidencialidad que deben de mantener los abogados con sus clientes, igualmente, señala que el secreto profesional es de tal modo, un derecho y deber elemental de la profesión, formando parte de la esencia pura de la profesión de abogado, fundamentado en la confidencialidad ineludible entre el cliente y éste . Si bien, es recomendable que los abogados adquieran el hábito de insertar en sus comunicaciones una cláusula de confidencialidad, dicha cláusula no es necesaria, la advertencia de “confidencialidad” de la comunicación se entiende per se.

En México, la regulación del secreto profesional, así como lo es en el resto del ámbito concerniente al ejercicio profesional, es escasa y deficiente. Lo más destacado se encuentra esparcido en la legislación civil y penal. Es una norma imperfecta que carece de sanción.

El objetivo de estos Criterios Técnicos consiste en que la información que obtenga la Comisión Federal de Competencia Económica (“la Comisión”) no se considerará ni obtendrá valor probatorio, cuando esta información conste en comunicaciones que tengan como finalidad la obtención de asesoría legal.

Lo anterior, entre cualquier persona y su abogado, en la cual, mediante escrito y en orden con los Criterios Técnicos se manifieste que la información que se ha proporcionado o ha obtenido la Comisión en un procedimiento de visita o investigación, es susceptible de ser protegida (la “Solicitud de Calificación”). En caso de que el abogado o el agente económico desconozca estos Criterios Técnicos, el servidor público que tramita la investigación deberá de proceder de oficio conforme a la aplicación de estos, informando a su Director General

[1] Barney, O. C. (2018). El secreto profesional del abogado en México (1st ed.). México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

[1] The Declarationof Perugia, 1977.

[1] Henrotte, Jean-Francois y Cassart, Alexandre, “Plaidoyer pour la prise en compte du secret professionnel de l’avocat dans la nouvelle Directive `réten- tion des données”, Union Internationale des Avocats, Juriste Internationale, París, núm. 3, 2014, p. 38.

a efecto de que se conduzca conforme al procedimiento para tramitar la Solicitud de Calificación.

Una vez ingresada la Solicitud de Calificación, se tomarán las medidas de resguardo y protección pertinentes, hasta en tanto se resuelva sobre su carácter de información protegida. El procedimiento para tramitar la Solicitud de Calificación es el siguiente:

a efecto de que se conduzca conforme al procedimiento para tramitar la Solicitud de Calificación.

Una vez ingresada la Solicitud de Calificación, se tomarán las medidas de resguardo y protección pertinentes, hasta en tanto se resuelva sobre su carácter de información protegida. El procedimiento para tramitar la Solicitud de Calificación es el siguiente:

I. Cinco días posteriores a que se haya recibido la Solicitud de Calificación, el Director General a cargo del procedimiento la remitirá al Titular de la Unidad;

II. Posteriormente, dentro de los cinco días siguientes, el Titular de la Autoridad Investigadora emitirá un acuerdo designando a los miembros del Comité Calificador, dicho comité es el único facultado para analizar la información referida.

Asimismo, se ordenará el turno de la Solicitud de Calificación y se notificará personalmente al solicitante;

III. El instructor, miembro del Comité Calificador analizará la Solicitud de Calificación y dentro de los diez días siguientes dictará un acuerdo en donde: i) admita la Solicitud de Calificación y convoque al Comité Calificador para que, en hora acordada, se lleve a cabo la sesión correspondiente, o ii) prevenga por única ocasión, cuando el escrito omita algún requisito de forma, se otorgará un plazo máximo de cinco días para subsanar;

IV. Una vez analizada la Solicitud de Calificación, el Comité Calificador, de forma colegiada, deliberará y decidirá si la solicitud es fundada o infundada.

En caso de que se declare fundada, se ordenarán las medidas de resguardo necesarias, si la información fuere física, se ordenará su devolución, si se tratare de un archivo electrónico se ordenará la exclusión y se hará constar en un acta. En caso contrario, se ordenará su remisión a la Dirección General para que se disponga de la información; y

V. Finalmente, la determinación emitida por el Comité Calificador se notificará personalmente al solicitante.

Es importante mencionar que estos Criterios Técnicos tienen carácter de anteproyecto, por lo anterior, se abre un periodo de consulta pública por treinta días hábiles contados a partir de la publicación de los presentes, a efecto de que cualquier interesado presente opiniones a la Comisión. De ser aprobados, los presentes Criterios Técnicos entrarán en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Fuentes consultadas:

• Diario Oficial de la Federación. (2018, diciembre 11). EXTRACTO del anteproyecto de los Criterios Técnicos de la Comisión Federal de Competencia Económica para el manejo de la información derivada de la asesoría legal que se proporcione a los agentes económicos. Del sitio web: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546197&fecha=11/12/2018

• Barney, O. C. (2018). El secreto profesional del abogado en México (1st ed.). México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México.

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