Noticias

Fabricantes de EEUU dirigen carta al presidente de México para proteger cadenas de suministros

Diversas empresas estadounidenses integrantes de la Asociación Nacional de Fabricantes (National Association of Manufacturers), dedicadas a la producción de diferentes insumos en México, dirigieron una carta al Presidente Andrés Manuel López Obrador, el 22 de abril del 2020, en la que expresan su preocupación respecto de los decretos que ha emitido la Secretaría de Salud y los distintos niveles de gobierno, mismos que han derivado en la imposibilidad de que operen las instalaciones de producción esencial de dichas empresas, así como las de sus proveedores. Lo que ha perjudicado en la capacidad de producir insumos esenciales (como lo son los recursos que requieren los profesionales de la salud, entre otros, para hacer frente a la pandemia por el COVID-19), tanto para los ciudadanos mexicanos como para los habitantes del resto de América del Norte.

En este sentido, la carta insta a México para que reconozca y homologue los criterios para determinar si un fabricante puede ser considerado esencial y crítico, en términos de los lineamientos que ha emitido la Agencia de Seguridad Cibernética y de Infraestructura del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. (CISA), en la medida de lo posible. Lo anterior, con el objeto de garantizar la continuidad de las operaciones de los productores de insumos esenciales, así como para disminuir la interrupción de la cadena de suministro de la industria de producción en América del Norte.

Finalmente, las empresas aseguran el compromiso que tienen con la seguridad y salud de los empleados, y en general, de la comunidad mexicana, por lo que han implementado prácticas como el distanciamiento y la utilización de equipo de protección.

En Acedo Santamarina continuamos asesorando a nuestros clientes en sus operaciones transfronterizas así como en la adopción de las medidas necesarias para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19.

READ MORE
Noticias

Modificación del Acuerdo por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS- CoV2 (COVID-19)

El 21 de abril de 2020 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el “Acuerdo por el que se modifica el similar por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS- CoV2, publicado el 31 de marzo de 2020” (el “Nuevo Acuerdo”).

En el acuerdo del 31 de marzo (el “Primer Acuerdo”) se ordenó la suspensión inmediata de actividades no esenciales del 30 de marzo al 30 de abril de 2020, esto con la finalidad de disminuir la propagación del virus en la comunidad. En este sentido, el Nuevo Acuerdo, por medio de una modificación a la fracción I del Artículo Primero del Primer Acuerdo, extiende la Jornada Nacional de Sana Distancia del 30 de marzo al 30 de mayo de 2020, plazo en el que estarán suspendidas las actividades no esenciales.

De igual manera, se adiciona el Artículo Tercero al Primer Acuerdo, en el que se establece que las acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus COVID-19 dejarán de implementarse desde el 18 de mayo de 2020 en los municipios en que, a esa fecha,  se presente baja o nula transmisión del virus. La Secretaría de Salud Federal será quien defina los criterios para evaluar la intensidad de la transmisión del virus COVID-19. Además, dicha Secretaría indicará los lineamientos para la reducción de la movilidad en los municipios con un grado de propagación distinto. Independientemente, de la intensidad de transmisión en cada municipio, se mantendrá la medida de protección de personas que estén dentro de los grupos de riesgo.

Por su parte, se adiciona el Artículo Cuarto, mismo que establece que la Secretaría de Salud Federal adecuará el sistema de vigilancia epidemiológica, y otros sistemas de información, según lo considere necesario para lograr una vigilancia de la demanda y las disponibilidad de servicios hospitalarios en el segundo y tercer nivel de atención médica, así como de los pacientes que se encuentran graves a causa del virus COVID-19.

Asimismo, se adiciona un Artículo Quinto que menciona que los gobiernos de las entidades federativas deben: (i) mantener actualizado el Reporte diario de ocupación, disponibilidad y atención por Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) y cualquier otro que la Secretaría de Salud Federal indique, (ii) instrumentar las medidas de prevención y control atendiendo a los criterios generales emitidos por la Secretaría y de conformidad con la magnitud del epidemia, (iii) establecer y ejecutar mecanismos conducentes a la reducción de la movilidad de los habitantes entre municipios con distinto grado de propagación, de acuerdo a los criterios que disponga la Secretaría de Salud, para la consecución de este fin las dependencias del Administración Pública Federal pueden coadyuvar con los gobiernos estatales, y (iv) en el ámbito de su competencia, garantizar la implementación de estas medidas, e informar a la Secretaría de salud sobre su seguimiento, con la periodicidad que la Secretaría establezca.

Por último, los gobiernos de las entidades federativas en su calidad de autoridades sanitarias y los integrantes del Sistema Nacional de Salud que presten servicios de salud en cada entidad, deben ejecutar y supervisar los planes de reconversión y expansión hospitalaria para garantizar la atención de la salud de la población para la enfermedad COVID-19, así como para cualquier otra necesidad de atención, según lo indica el Artículo Sexto, que también fue adicionado mediante el Nuevo Acuerdo.

READ MORE
Noticias

Medidas que implementará la COFECE ante la contingencia causada por el COVID-19

El 27 de marzo de 2020 la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”) estableció su postura por medio de un comunicado de prensa, respecto de la aplicación de la Ley Federal de Competencia Económica en el marco de la emergencia sanitaria que deriva de la pandemia generada por el virus COVID-19. En el mismo, mencionan que no serán objeto de persecución los acuerdos de colaboración entre agentes económicos, ya sean acuerdos verticales o entre competidores.

La COFECE especifica que dicha medida se mantendrá en el contexto actual, respecto de los acuerdos que “sean necesarios para mantener o incrementar la oferta, satisfacer la demanda, proteger las cadenas de suministro, evitar escasez o acaparamiento de mercancías”.

La COFECE no obstante aclaró que las medidas son aplicables a cualquier acuerdo de colaboración, sin embargo, puntualizó aquellas características que pudieran provocar que un acuerdo de colaboración pudiera ser considerado como una concentración, es decir: (i) la duración de éstos, ya que las concentraciones son diseñadas generalmente para tener efectos permanentes o de largo plazo; (ii) la determinación respecto a si el acuerdo implica la creación de un nuevo agente económico, y si éste es independiente de los accionistas en la toma de decisiones; (iii) el alcance del acuerdo, en el sentido de que los agentes económicos que celebren un acuerdo debe mantener una presión competitiva que se ejerza en todas las demás actividades que estén fuera de dicho acuerdo, además de que el intercambio de información debe estar limitado exclusivamente al acuerdo, en especial respecto de competidores; y, por último, (iii) los niveles de presión competitiva que ejercen las partes en el acuerdo.

En virtud de lo anterior, la COFECE reitera la responsabilidad de los agentes económicos involucrados en un acuerdo que cumpla con las características antes descritas (de conformidad con los umbrales establecidos en la ley), de determinar si éste pudiera ser considerado como una concentración, en cuyo caso, deberá notificarlo a la COFECE para que la comisión emita una resolución al respecto.

Adicionalmente, la COFECE menciona que los aumentos o la determinación de precios debe ser una decisión individual e independiente de cada empresa. Sin embargo, se comprometieron a revisar los mercados en donde se observen incrementos indiscriminados de precios a efecto de evaluar y descartar que las causas de éstos sean barreras indebidas o arreglos entre competidores, y en su caso, iniciar un procedimiento de investigación.

Aunado a esto, la COFECE será expedita en el análisis de concentraciones que se presenten para hacer sinergias y agregar capacidades de producción para satisfacer de manera oportuna las necesidades que deriven de la actual crisis.

Finalmente, la COFECE alertó que cualquier acuerdo entre competidores cuyo objeto o efecto solo sea manipular o fijar precios, reducir la oferta o segmentar mercado será analizado como una práctica monopólica absoluta y, en tal caso, objeto de investigación.  En cada caso, la Autoridad Investigadora de la COFECE estará al tanto de la intención de los mencionados acuerdos, por lo que los agentes económicos deberán comunicárselo y manifestar que el mismo es temporal y que sólo se realiza para abarcar las necesidades derivadas de la contingencia causada por el Covid-19. En ese sentido, la Autoridad Investigadora deberá realizar el análisis correspondiente para determinar e informar al solicitante si dicho acuerdo será o no objeto de investigación.

READ MORE
Noticias

Implicaciones de la crisis económica de 2020 para el mercado de operaciones de factoraje financiero

Como lo reconoció el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el país deberá hacer frente a una crisis económica inevitable que tendrá lugar este año debido, principalmente, al Covid-19, así como al desplome en el precio del petróleo, la caída de la bolsa, entre otros factores. Dicha crisis, como cualquier otra, genera incertidumbre acerca de las consecuencias que tendrá para las negociaciones de operaciones de crédito, entre ellas, las operaciones de factoraje financiero.

El factoraje financiero es una forma de obtener financiamiento; permite la transformación de activos no líquidos en recursos con disponibilidad inmediata al transmitir derechos de crédito de cuentas por cobrar.  A la vez, es benéfico para los corporativos, pues este tipo de operaciones refleja salud crediticia ya que no se expresa como un pasivo en los estados financieros de la sociedad que opta por este tipo de financiamiento. En este sentido, el factoraje financiero cuenta con dos opciones: a) factoraje con recurso, y b) factoraje sin recurso. A diferencia del factoraje sin recurso, el factoraje con recurso garantiza, en beneficio del factorante, obligatoriedad solidaria del factorado en el pago del derecho de crédito. Esto significa un menor riesgo, por lo que suele ser preferido frente al factoraje sin recurso.

Por la naturaleza de la operación, el factoraje implica incertidumbre respecto al pago, y en una crisis económica, la incertidumbre tiende a aumentar. La naturaleza de los derechos de crédito que se transmitan en una operación de factoraje permite identificar, en cierta medida, qué podría esperarse respecto de unas u otras operaciones de factoraje, justamente dependiendo de la naturaleza de los derechos de cobro. Al factor de la incertidumbre se une el aumento de riesgo de impago que genera una crisis económica.

Asimismo, aquellas instituciones que recurren al factoraje financiero, no para conseguir liquidez, sino para obtener una ganancia de la transacción, miden el riesgo de impago y lo reflejan en la disminución del precio que están dispuestos a pagar por los derechos de crédito, por lo que si aumenta el riesgo, aumentará el costo que asumirán aquellos que busquen financiarse por medio del pago anticipado de su cartera. Sin embargo, posiblemente, los derechos de crédito cuenten, por esa misma situación, con un interés muy alto, por lo que, de lograr cobrarlos, habría una ganancia alta para aquellos que obtuvieron los derechos de crédito por medio de factoraje financiero. La cuestión es, en un panorama de crisis, qué tan sostenible será cobrar los derechos de créditos, y más aún, cuál llegará a ser el costo de la falta de confianza por parte de los inversionistas en el pago de sus derechos, también es prudente cuestionar si la alta rentabilidad podrá subsanar dichos riesgos.

Como es razonable, la calidad de los derechos de crédito es directamente proporcional a la calificación crediticia de quiénes los emiten, dicha calificación es un factor que, naturalmente, será importante tener en cuenta, y que, posiblemente, a lo largo de este año en el que se avecina el inicio de una crisis financiera, sufrirá ciertos cambios.

En cuanto al mercado internacional se ha optado por flexibilizar la política monetaria, por lo pronto, en EE. UU., la Reserva Federal (Fed) recurrió a una disminución de la tasa para estimular el crecimiento económico, así como el Banco Central Europeo, el Banco Popular de China y el Banco de Inglaterra, entre otros, incluyendo el Banco de México. Sin embargo, el cierre de fronteras y la cuarentena obligatoria en algunos países, será un factor determinante en la precariedad de la economía mundial.

En suma, es verdad que los inversionistas optarán por realizar operaciones de factoraje financiero, en parte, dependiendo de los factores tradicionales, tales como la naturaleza del derecho de cobro, la calificación de quiénes los emiten, etc., pero también es verdad que esta nueva crisis ha afectado y continuará afectando los mercados financieros, aumentando el riesgo y su correspondiente aversión, por lo que es altamente probable que las operaciones de factoraje financiero sean parte del daño colateral, aunado a que aumentará el costo que asumirán aquellos que busquen financiarse por este medio.

READ MORE