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Reforma de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

El 12 de enero de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (“DOF”) el Decreto de Reforma por el que se adiciona una fracción IV al inciso A) y se deroga la Fracción IV del inciso B) del artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (el “Decreto de Reforma”).

En virtud del Decreto de Reforma, la sanción por llevar a cabo violaciones a la ley, reglamentos, disposiciones administrativas, planes técnicos fundamentales y demás disposiciones emitidas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como a las concesiones o autorizaciones que no estén expresamente contempladas en el capítulo II de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (las “Infracciones Generales”), que se encontraba prevista en la Fracción IV del inciso B) del Artículo 298 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (la “Ley”) fue derogada y se incluyó, con exactamente el mismo texto, en la fracción IV del inciso A del mencionado Artículo 298. En consecuencia, la multa por incumplir las Infracciones Generales disminuyó del 1% hasta 3% a 0.01% hasta 0.75% de los ingresos del concesionario o autorizado.

Es importante mencionar, que la Fracción IV del inciso B) del Artículo 298 de la Ley que se abroga en virtud del Decreto de Reforma, fue declarada inconstitucional por sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la porción normativa del 1%, por considerar que dicha disposición transgrede el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por tratarse de una sanción excesiva que desatiende la relación debida entre la conducta, las consecuencias producidas y la sanción aplicable, además de que la multa mínima es superior a la multa mínima aplicable para otras infracciones. Lo anterior derivó en la jurisprudencia 2ª/J. 167/2017 (10ª).

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Propuesta de desaparición del Instituto Federal de Telecomunicaciones

En la conferencia mañanera del 7 de enero de 2021, el Presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, manifestó su intención de presentar una iniciativa de reforma para desaparecer diversos organismos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones (“IFT”) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, con el propósito de disminuir el gasto público.

Con respecto a la posible desaparición del IFT, el Presidente mencionó que las funciones que actualmente realiza este último, podrían ser absorbidas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (“SCT”) y cuestionó abiertamente el actuar y los resultados del IFT, acusando a los comisionados de estar “muy vinculados” con las empresas preponderantes y extranjeras. El Presidente indicó finalmente su intención de presentar en el mes de febrero una iniciativa para desaparecer el IFT.

Desde nuestra perspectiva, la desaparición del IFT implicaría, en principio, lo siguiente:

  • Una reforma importante a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en esta se prevé la existencia del IFT, así como la forma en que se integra y se elige a sus consejeros, entre otras cosas;
  • Una modificación al Nuevo Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que en su capítulo 18, específicamente en el artículo 18.7, se prevé la existencia de un organismo regulador de telecomunicaciones independiente; y
  • Una reorganización total de la SCT para asumir las funciones y atribuciones del IFT, considerando que la Sub-Secretaria de Comunicaciones y Desarrollo Tecnológico desapareció recientemente.

No obstante las anteriores manifestaciones, el 16 de diciembre de 2020, el Presidente envió al Comisión Permanente del Congreso una solicitud para que Sayuri Adriana Koike Quintanar y Laura Elizabeth González Sánchez sean ratificadas como nuevas comisionadas del IFT, en lugar de el excomisionado Gabriel Contreras y el todavía comisionado Mario Fromow, quien dejará el cargo este año.

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Publicación de las Disposiciones para permitir a los Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones el acceso a instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional

El día 29 de octubre de 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones Administrativas de Carácter General para permitir a los Prestadores de Servicios de la Industria de Telecomunicaciones el acceso a instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional (“Disposiciones”).

El objetivo de estas Disposiciones consiste en que los Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones (“PST”) tengan acceso a los más de 11 millones de postes de la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional (“SEN”), lo cual estimulará la competencia, modernizará y fomentará el uso de nuevas tecnologías.

Lo anterior, será posible debido a que la CFE cuenta con una infraestructura de soporte en áreas urbanas y rurales del país, las cuales llegan al 98% de la población. Como consecuencia, la cobertura de los servicios de telecomunicaciones se ampliará mediante la red de distribución de energía eléctrica (“Red”) de la CFE.

El área de oportunidad de estas Disposiciones consiste en mejorar las prácticas de aprovechamiento compartido de infraestructura, ya que reduce los costos en su desarrollo y conlleva a que se pueda ofrecer un mejor precio para los consumidores finales.

Para el otorgamiento de acceso a las instalaciones y derechos de vía del SEN, los Proveedores de Acceso (“Proveedor”) deberán procesar las solicitudes mediante el orden de prelación con que fueron recibidas mediante el Sistema Electrónico de Gestión (“SEG”), plataforma electrónica desarrollada por cada Proveedor, en la cual recibirá, procesará, registrará y dará respuesta a las solicitudes de acceso a las instalaciones y derechos de vía del SEN. En caso de que no hubiera suficiente capacidad de acceso para los solicitantes, el Proveedor brindará alternativas como lo son construir infraestructura adicional o realizar un mecanismo de adjudicación tipo subasta. Por lo tanto, estas nuevas disposiciones permiten que los PST celebren un contrato directamente con los Proveedores y se elimina el actual procedimiento con base en los lineamientos poco objetivos y funcionales elaborados por  la CFE. Lo anterior implica que los requisitos, derechos y obligaciones sean más claros y brinden mayor certeza jurídica a los PST.

Los PST que cuenten con un contrato vigente a la entrada en vigor de estas Disposiciones y cuenten con infraestructura instalada en la Red, deberán cubrir una remuneración económica anual al Proveedor de $100.84 por poste, en tanto la infraestructura que utilicen para la prestación del servicio rebase el límite de peso establecido correspondiente a 250 kg/km. Además, podrán conservar el peso adicional hasta por un periodo de 10 años.

En cuanto al cálculo de la remuneración justa para el despliegue de la infraestructura y equipos conforme a las Disposiciones para los PST, este será de $6.544 pesos por kilogramo. Dichos cálculos están basados en fórmulas matemáticas, aunado a ello, se deberá de pagar el costo del estudio de acceso, el cual será de $100.02 por poste por cada PST y se cobra por única ocasión. Lo anterior, incentiva a las empresas a adoptar tecnologías más ligeras, ya que mientras pese menos la infraestructura, pagarán menos.

Conforme a lo establecido en el Quinto Acuerda de las Disposiciones, las mismas entrarán en vigor el 1 de enero de 2019.

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Aprobación de las “Disposiciones Administrativas de Carácter General para permitir a los prestadores de servicios de la industria de telecomunicaciones el acceso a instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional”.

El pleno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó las Disposiciones Administrativas de Carácter General para permitir a los prestadores de servicios de la industria de telecomunicaciones el acceso a instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional (las “Disposiciones”).

Mediante la aprobación de las Disposiciones, se busca fomentar la competencia equitativa y transparente, permitiendo a los Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones los (“PST”) el acceso a los más de 11 millones de postes de la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”), lo cual en principio derivará en un aumento en la cobertura de los servicios de telecomunicaciones.

A diferencia de las condiciones de acceso que operan actualmente conforme a los lineamientos elaborados por la CFE en los cuales se considera como único criterio el número de cables que pueden ser desplegados, con las nuevas Disposiciones el acceso a los postes de la CFE se basa en criterios objetivos en función del peso y el espacio que ocupará la infraestructura instalada por los PST en ambas caras del poste, lo que permitirá la instalación de un mayor número de cables.

De igual manera, ahora las contribuciones que deberán pagar los PST por el uso de los postes, se basará en el peso de la infraestructura que se instale en los mismos.

Conforme a lo establecido en las Disposiciones, el área de distribución de la CFE deberá crear un sistema electrónico para atender las solicitudes de acceso a los postes de manera ágil y expedita, a través de procedimientos claros y tiempos definidos, lo cual facilitará los trámites para los PST y les brindará certeza en sus solicitudes.

Las Disposiciones buscan garantizar un mejor uso de la infraestructura, por lo cual se incluyeron disposiciones para prohibir prácticas que limiten la capacidad de acceso a los postes. Las Disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2019.

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Proyecto de Norma Mexicana sobre Comercio Electrónico

La Secretaría de Economía junto con la Procuraduría Federal del Consumidor presentaron el Proyecto de Norma Mexicana de autorregulación para aquellos comerciantes que ofrezcan bienes o servicios en medios electrónicos.

Este proyecto atiende a las necesidades del cambiante mundo digital y deriva de la independencia del mercado, así como de la realidad comercial de las transacciones electrónicas, con el propósito de fortalecer la competitividad del país.

El proyecto se enfoca en la importancia de proteger y brindar seguridad a los agentes económicos (productores y consumidores) y establece principalmente especificaciones, características y condiciones en relación con lo siguiente:

  • Seguridad de mecanismos de pago;
  • Confidencialidad de datos personales;
  • Seguimiento de las transacciones; y
  • Vías eficientes para presentar peticiones, quejas y reclamos.

En virtud de este proyecto, los consumidores podrán identificar comercios en línea en donde puedan realizar compras seguras.

Actualmente la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria se encuentra evaluando la viabilidad del proyecto, para que el mismo pueda ser sometido a consulta pública y se concrete un dictamen conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Finalmente, este proyecto al ser una norma de carácter voluntario impulsará la competitividad de las empresas y proveedores, y favorecerá la seguridad, confianza y servicio de calidad, en términos del marco jurídico vigente.

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