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El PJF confirma en definitiva la legalidad y constitucionalidad del concurso para la Red Compartida de Telecomunicaciones

Autores: Rafael Tena y Alfonso Pagaza

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, publicada en junio de 2013, estableció la obligación para el ejecutivo federal de instalar una red pública compartida mayorista.

Acedo Santamarina, S.C. fue contratado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para brindarle asesoría para la adjudicación del contrato, por medio del cual se asignaría el proyecto a través de un esquema de asociación público privada.

Tras más de tres años de litigio, el pasado 28 de junio de 2020 se notificó la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, a través de la cual se confirma en definitiva la legalidad y constitucionalidad del concurso.

Los magistrados resolvieron, por unanimidad de votos, que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes actuó de manera legal y constitucional durante el concurso de asociación público privada en el cual resultó ganador Altán Redes.

Cabe señalar que dentro del mismo asunto la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya había negado el amparo en contra de los artículos 51, 52 y 53 de la Ley de Asociaciones Público Privadas, así como del 84, fracción I de su Reglamento.

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Primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2020

Autores: Rafael Tena y Alfonso Pagaza.

Con fecha 12 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.

La mayoría de las reglas no sufrieron modificaciones respecto a las que se dieron a conocer en versiones anticipadas publicadas en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Se resaltan las siguientes reglas:

Declaración anual de personas físicas

Como habíamos adelantado en comunicaciones previas, la regla 13.2. concede a los contribuyentes personas físicas la posibilidad de presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a más tardar el 30 de junio de 2020.

Para los contribuyentes que deban presentar declaración anual del impuesto sobre la renta y les resulte impuesto a cargo, la regla 3.17.4. establece que podrán efectuar el pago hasta en seis parcialidades , mensuales y sucesivas, siempre que dicha declaración se presente a más tardar el 30 de junio de 2020 y el pago de la primera parcialidad se realice dentro de dicho plazo.

Plataformas tecnológicas

La regla 12.2.6. establece que los contribuyentes obligados a retener y enterar el impuesto sobre la renta a contribuyentes que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, podrán optar por calcular las retenciones del impuesto sobre la renta de cada contribuyente por períodos diarios.

Por su parte, la regla 12.2.9. detalla la forma en que se cumplirá con ciertas obligaciones formales respecto a los contribuyentes que presten servicios digitales de intermediación entre terceros. Realizarán el entero de las retenciones del impuesto al valor agregado a través de la “Declaración de pago de las retenciones del IVA para plataformas tecnológicas”, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél en el que se hubiera efectuado la retención.

Suspensión de plazos y términos legales

Como hicimos de su conocimiento, la regla 13.3. suspende el cómputo de los plazos y términos legales de ciertos actos y procedimientos que deban realizarse por y ante el Servicio de Administración Tributaria. Remitimos al lector al comunicado que publicamos sobre el particular, a efecto de no caer en repeticiones.

El documento completo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación se puede encontrar utilizando la siguiente liga: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593149&fecha=12/05/2020.

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CENACE emite el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional

Autores: Rafael Tena, Rosario Melgar y Alfonso Pagaza.

El pasado 29 de abril de 2020, el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”), emitió el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (“Acuerdo”), con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-COv2 (COVID-19).

Los Considerandos del Anexo Técnico del Acuerdo establecen, entre otros, que la generación intermitente de las Centrales Eléctricas eólicas y fotovoltaicas afecta la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (“SEN”) en suficiencia, calidad y continuidad en el suministro eléctrico, así como que las mismas no contribuyen en la regulación primaria del control de la calidad de la frecuencia, privilegiando el despacho de energías provenientes de fuentes convencionales, sin el debido soporte técnico y legal.

En virtud de lo anterior, el Acuerdo -en principio- es discriminatorio y perjudica los intereses de los generadores de energías limpias de naturaleza eólica y fotovoltaica, en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción IV de la Ley de la Industria Eléctrica, el cual textualmente señala:

“Art. 108.- El CENACE está facultado para:

IV. Operar el Mercado Eléctrico Mayorista en condiciones que promuevan la competencia, eficiencia y no indebida discriminación;
…”

Como consecuencia de lo anterior, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”), mediante sesión de fecha 6 de mayo de 2020, emitió la Opinión No. OPN-006-2020, de cuyo análisis conviene resaltar los siguientes puntos:

1.- El Acuerdo no especifica las razones por las cuales la caída en el consumo de energía crea inestabilidad en el SEN, y tampoco especifica los criterios o parámetros bajo los cuales ya no sería necesario aplicar las medidas anunciadas.

2.- Los Considerandos del Anexo Técnico del Acuerdo detallan una serie de fallas en la red. Sin embargo, el Acuerdo no especifica de qué manera dichas fallas son resultado de la operación de las plantas de generación con base en fuentes renovables, por lo que no queda claro por qué para solucionar dichos problemas, es necesario adoptar medidas para el SEN en general y no acciones puntuales.

3.- El Acuerdo podría implicar el despacho de centrales convencionales que son principalmente propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) sobre otras más eficientes, lo que podría abrir espacio para un trato discriminatorio.

4.- El Acuerdo no es claro en cuanto a cómo el CENACE aplicará las medidas en él contempladas, ni en cuanto al período de su aplicación.

5.- La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, por lo que el Acuerdo tiene dos (2) efectos contrarios a la competencia y a la libre concurrencia en el mercado de generación: (i) por una parte impide, por tiempo indefinido, la posibilidad de concurrir al mercado a través de nuevas centrales eólicas y fotovoltaicas, y (ii) por la otra, genera incertidumbre sobre las centrales de este tipo que ya operan en el mercado y habilita posibles medidas discriminatorias en contra de éstas.

6.- Cancelar la posibilidad de la entrada al mercado de nuevas Centrales Eléctricas, implica privar a los usuarios de contar con tarifas eléctricas más baratas en mediano plazo.

7.- El Acuerdo genera incertidumbre para futuras inversiones, desincentivando la creación de nuevos proyectos de generación, lo cual puede impactar negativamente en la capacidad de generación eléctrica del país.

8.- Las energías limpias representan una fuente de electricidad más barata y ecológica.

9.- La intermitencia de este tipo de fuentes se debe a su propia naturaleza, y debido a la limitada capacidad de almacenarse, su capacidad tiene que ser complementada con la de las plantas de generación convencionales.

10.- Quienes podrían beneficiarse de esta medida son aquellas empresas que cuentan con Centrales Eléctricas convencionales, que actualmente tienen capacidad disponible ociosa, como podría ser CFE.

Con base en lo anterior, la COFECE emitió las siguientes recomendaciones:

1.- Que las medidas que adopte el CENACE a propósito de las Centrales Eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en operación, estén basadas en estrictos criterios técnicos directamente vinculados a aspectos de confiabilidad, continuidad y estabilidad en el SEN, y que esos criterios se hagan del conocimiento público.

2.- No otorgar un trato discriminatorio a ciertas Centrales Eléctricas y garantizar, conforme al marco jurídico aplicable, el despacho económico de las plantas conforme a sus costos, de menor a mayor, sin comprometer la estabilidad del SEN.

3.- Definir y hacer públicos los criterios bajo los cuales se suspenderá la implementación de las medidas tomadas en el Acuerdo, por medio de parámetros claros, transparentes y medibles por terceros, sobre todo para la reanudación de las pruebas preoperativas para las centrales eólicas y fotovoltaicas.

4.- Aplicar las intervenciones tomadas en el Acuerdo, únicamente en la medida que sean estrictamente necesarias para asegurar la estabilidad del SEN, con motivo de la epidemia COVID-19, siempre y cuando no existan alternativas que resulten menos restrictivas a la competencia.

5.- Emprender el análisis de las acciones o regulaciones requeridas, en conjunto con todos los jugadores del sector, para en el corto plazo atender las afectaciones identificadas en el SEN y en la operación de CFE como generador de electricidad para el servicio básico, y de “última instancia”; y para crear en el mediano plazo un sistema estable y coherente con las necesidades energéticas y la capacidad productiva del país, de manera que se reduzcan los costos sociales de la generación de electricidad.

Convienen aclarar que la opinión de la COFECE arriba mencionada tiene el carácter de no vinculante en términos del artículo 12, fracción XII de la Ley Federal de Competencia Económica, por lo que habrá que esperar la respuesta por parte del CENACE a dicha opinión. Lo anterior, sin perjuicio de que la COFECE pudiera iniciar una investigación de oficio sobre este tema, y también los competidores afectados pudieran acudir ante la misma a presentar, en su caso, la denuncia correspondiente.

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Posibilidad de no pagar multas derivadas de la declaración de nulidad lisa y llana o revocación del acto administrativo

El Servicio de Administración Tributaria publicó el pasado 30 de abril de 2019, el Anexo 7 de la Resolución Miscelánea Fiscal, en el cual se contiene el criterio normativo 17/CFF/N de rubro: “Declaración de nulidad lisa y llana o la revocación de la resolución correspondiente no desvirtúa el cumplimiento espontaneo.”

Por su parte, el articulo 73, fracción II del Código Fiscal de la Federación establece que el cumplimiento de las obligaciones fiscales no se considera realizado de manera espontánea cuando la omisión haya sido corregida por el contribuyente después de que las autoridades fiscales hubieran notificado una orden de visita domiciliaria o, bien, haya mediado requerimiento o cualquier otra gestión notificada por las mismas, tendientes a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Bajo este orden de ideas, el criterio establece que si derivado de la revocación o declaración de nulidad lisa y llana de la gestión de cobro el contribuyente opta por autocorregir su situación fiscal, dicho acto se considerará de manera espontánea por lo que no resultará procedente la imposición de multas.

Es importante destacar que dicha revocación o declaración de nulidad lisa y llana debe de tener como consecuencia que la gestión de cobro o la orden de visita se declaren nulos por sí mismos pues, en caso contrario, resultará procedente la imposición de multas por parte de la autoridad fiscal.

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