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SENER emite Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional

Autores: Rafael Tena y Rosario Melgar

El pasado 29 de abril de 2020, el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”), emitió el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (“Acuerdo”), con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-COv2 (COVID-19).

Como consecuencia de lo anterior, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”), mediante sesión de fecha 6 de mayo de 2020, emitió la opinión número OPN-006-2020, cuyo análisis y recomendaciones se dieron a conocer a través de este medio.

En seguimiento a lo anterior, se dio a conocer el Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, expedido por la Secretaría de Energía, el cual se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2020 (“Acuerdo SENER”).  De los considerandos, se resalta lo siguiente:

“Que la presente política contempla de manera más ordenada la penetración de Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, fotovoltaicas y eólicas, previendo que los Estados Operativos de Alerta y Emergencia se reduzcan a un mínimo de acuerdo a las experiencias internacionales, disminuyendo en lo posible las salidas forzadas asociadas a la generación particularmente peligrosas en las rampas de salida y puesta del sol, así como en las horas críticas del Sistema Eléctrico Nacional y que exponen a daños financieros al Sistema Eléctrico Nacional, así como a los Usuarios finales. Dicho fortalecimiento se realizará a través de la optimización de los elementos que conforman el Sistema Eléctrico -Nacional en su conjunto, y

El artículo Tercero Transitorio del Acuerdo SENER, por su parte, establece:

“Tercero.- Con arreglo en la presente política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional la Comisión Reguladora de Energía y el Centro Nacional de Control de Energía, en el ámbito de sus facultades y competencias, deberán llevar a cabo las adecuaciones correspondientes a las Reglas de Mercado y a las “Disposiciones Administrativas de Carácter General que contienen los Criterios de eficiencia, Calidad, Continuidad, seguridad y sustentabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional; Código Red, conforme lo dispone el artículo 12, fracción XXXVII de la Ley de la Industria Eléctrica” y las que resulten necesarias en materia de eficiencia, Calidad, Confiabilidad, seguridad y sustentabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

En tanto no se realicen las adecuaciones señaladas en el párrafo anterior para la aplicación de la Política de Confiablidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, serán aplicables las vigentes antes de la entrada en vigor del presente Acuerdo, en tanto no se opongan a lo previsto en la presente Política, quedando a cargo de la Secretaría de Energía resolver sobre cualquier duda respecto de la disposición aplicable que se suscite en caso de conflicto.”

Por su parte, el Capítulo V de Disposiciones Generales del Acuerdo SENER, en el rubro 2. Alcance, punto 2.2., establece lo siguiente:

“2.2 Las Bases del Mercado Eléctrico y Disposiciones Administrativas de Carácter General (DACG) y demás regulaciones emitidas por la CRE; las Disposiciones Operativas del Mercado que rigen al MEM que emite el CENACE; así como la regulación para la incorporación de la Generación Distribuida al SEN y las demás operaciones realizadas por los Transportistas o Distribuidores; que estén relacionadas con actividades que se deriven de esta Política, deberán cumplir con los principios, lineamientos y disposiciones de este instrumento.”

El capítulo VI de Dimensiones de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en Sistema Eléctrico Nacional, en el rubro 6 de Suficiencia, punto 6.2 Regulación Primaria, punto 6.2.3, indica:

“6.2.3. Todas las unidades de Centrales Eléctricas conectadas y entregando potencia activa al SEN deben operar participando en la Regulación Primaria (en modo libre). Las unidades de Centrales Eléctricas, participando en la Regulación primaria, deben ajustar su producción siguiendo los cambios de frecuencia del Sistema y en los tiempos de actuación establecidos por el CENACE. Para aquellas Centrales Eléctricas Eólicas, Fotovoltaicas y Cogeneración Eficiente con fecha de entrada en operación, que tengan contrato de Interconexión sin estar en operación y con estudio de Instalaciones entregado previo a la publicación del Código Red del 08 de abril de 2016 en el DOF, les aplicará después de 18 meses de publicada la presente Política.”

En el mismo Capítulo VI., rubro 7 de Seguridad de Despacho, punto 7.1.2, el Acuerdo SENER señala que el CENACE determinará los actos necesarios para mantener la Seguridad de Despacho en cumplimiento de los objetivos de Seguridad, Calidad y Continuidad de la Política y las disposiciones que en la materia emita la CRE, señalando al efecto algunas de ellas.

Por otra parte, el punto 8 del Acuerdo SENER, relativo a Nuevos Servicios Conexos, establece nuevos servicios vinculados a la operación del SEN, tales como la Cobertura de la Variabilidad de las Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente, fotovoltaica y eólicas y Centros de Carga Especiales.  Asimismo, indica que la CRE expedirá la regulación y tarifas aplicables a los Servicios Conexos.

El punto 10 del Acuerdo SENER, relativo a la Incorporación de Energías Limpias Intermitentes, señala:

“10.1 La integración de Capacidad Instalada de Centrales Eléctricas con Energía Limpia Intermitente en el SEN se mantendrá para todas las Centrales Eléctricas que hayan alcanzado el Contrato de Interconexión un día antes de la publicación de esta Política en el DOF. Si para alguna Central Eléctrica con Energía Limpia Intermitente, eólica o fotovoltaica, se cancela si Contrato de Interconexión o Permiso de Generación, el CENACE evaluará las solicitudes para que, en función de la posición de ingreso y avance en su plataforma denominada “SIASIC”, del punto de Interconexión de la Solicitud y de la capacidad de alojamiento regional de Generación Limpia Intermitente considerando la Confiabilidad del Sistema se determinará la viabilidad de aceptar la solicitud de Estudio y continuar el proceso de éste.

10.8 Respecto del Mercado en el Balance de Potencia, las Centrales con fuentes de Energía Limpia intermitente no proveen una cantidad firme Potencia, por tanto, no aportan a la Confiabilidad del Sistema Eléctrico.”

En el Capítulo VII, Disposiciones Finales del Acuerdo SENER, el punto 13.1, establece lo siguiente:

“13. La interpretación que el CENACE y la CRE realicen, en el ámbito de sus facultades y competencias, deberá efectuarse con arreglo a la presente Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional, por lo que, en caso de conflicto por las Reglas de Mercado y la presente Política, se deberá interpretar conforme a ésta última.”

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Primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal para 2020

Autores: Rafael Tena y Alfonso Pagaza.

Con fecha 12 de mayo de 2020 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.

La mayoría de las reglas no sufrieron modificaciones respecto a las que se dieron a conocer en versiones anticipadas publicadas en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria. Se resaltan las siguientes reglas:

Declaración anual de personas físicas

Como habíamos adelantado en comunicaciones previas, la regla 13.2. concede a los contribuyentes personas físicas la posibilidad de presentar la declaración anual del impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal de 2019, a más tardar el 30 de junio de 2020.

Para los contribuyentes que deban presentar declaración anual del impuesto sobre la renta y les resulte impuesto a cargo, la regla 3.17.4. establece que podrán efectuar el pago hasta en seis parcialidades , mensuales y sucesivas, siempre que dicha declaración se presente a más tardar el 30 de junio de 2020 y el pago de la primera parcialidad se realice dentro de dicho plazo.

Plataformas tecnológicas

La regla 12.2.6. establece que los contribuyentes obligados a retener y enterar el impuesto sobre la renta a contribuyentes que enajenen bienes o presten servicios a través de Internet, mediante plataformas tecnológicas, podrán optar por calcular las retenciones del impuesto sobre la renta de cada contribuyente por períodos diarios.

Por su parte, la regla 12.2.9. detalla la forma en que se cumplirá con ciertas obligaciones formales respecto a los contribuyentes que presten servicios digitales de intermediación entre terceros. Realizarán el entero de las retenciones del impuesto al valor agregado a través de la “Declaración de pago de las retenciones del IVA para plataformas tecnológicas”, a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquél en el que se hubiera efectuado la retención.

Suspensión de plazos y términos legales

Como hicimos de su conocimiento, la regla 13.3. suspende el cómputo de los plazos y términos legales de ciertos actos y procedimientos que deban realizarse por y ante el Servicio de Administración Tributaria. Remitimos al lector al comunicado que publicamos sobre el particular, a efecto de no caer en repeticiones.

El documento completo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación se puede encontrar utilizando la siguiente liga: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5593149&fecha=12/05/2020.

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CENACE emite el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional

Autores: Rafael Tena, Rosario Melgar y Alfonso Pagaza.

El pasado 29 de abril de 2020, el Centro Nacional de Control de Energía (“CENACE”), emitió el Acuerdo para garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (“Acuerdo”), con motivo del reconocimiento de la epidemia de enfermedad por el virus SARS-COv2 (COVID-19).

Los Considerandos del Anexo Técnico del Acuerdo establecen, entre otros, que la generación intermitente de las Centrales Eléctricas eólicas y fotovoltaicas afecta la confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional (“SEN”) en suficiencia, calidad y continuidad en el suministro eléctrico, así como que las mismas no contribuyen en la regulación primaria del control de la calidad de la frecuencia, privilegiando el despacho de energías provenientes de fuentes convencionales, sin el debido soporte técnico y legal.

En virtud de lo anterior, el Acuerdo -en principio- es discriminatorio y perjudica los intereses de los generadores de energías limpias de naturaleza eólica y fotovoltaica, en términos de lo dispuesto en el artículo 108, fracción IV de la Ley de la Industria Eléctrica, el cual textualmente señala:

“Art. 108.- El CENACE está facultado para:

IV. Operar el Mercado Eléctrico Mayorista en condiciones que promuevan la competencia, eficiencia y no indebida discriminación;
…”

Como consecuencia de lo anterior, el Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica (“COFECE”), mediante sesión de fecha 6 de mayo de 2020, emitió la Opinión No. OPN-006-2020, de cuyo análisis conviene resaltar los siguientes puntos:

1.- El Acuerdo no especifica las razones por las cuales la caída en el consumo de energía crea inestabilidad en el SEN, y tampoco especifica los criterios o parámetros bajo los cuales ya no sería necesario aplicar las medidas anunciadas.

2.- Los Considerandos del Anexo Técnico del Acuerdo detallan una serie de fallas en la red. Sin embargo, el Acuerdo no especifica de qué manera dichas fallas son resultado de la operación de las plantas de generación con base en fuentes renovables, por lo que no queda claro por qué para solucionar dichos problemas, es necesario adoptar medidas para el SEN en general y no acciones puntuales.

3.- El Acuerdo podría implicar el despacho de centrales convencionales que son principalmente propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”) sobre otras más eficientes, lo que podría abrir espacio para un trato discriminatorio.

4.- El Acuerdo no es claro en cuanto a cómo el CENACE aplicará las medidas en él contempladas, ni en cuanto al período de su aplicación.

5.- La generación y comercialización de energía eléctrica son servicios que se prestan en un régimen de libre competencia, por lo que el Acuerdo tiene dos (2) efectos contrarios a la competencia y a la libre concurrencia en el mercado de generación: (i) por una parte impide, por tiempo indefinido, la posibilidad de concurrir al mercado a través de nuevas centrales eólicas y fotovoltaicas, y (ii) por la otra, genera incertidumbre sobre las centrales de este tipo que ya operan en el mercado y habilita posibles medidas discriminatorias en contra de éstas.

6.- Cancelar la posibilidad de la entrada al mercado de nuevas Centrales Eléctricas, implica privar a los usuarios de contar con tarifas eléctricas más baratas en mediano plazo.

7.- El Acuerdo genera incertidumbre para futuras inversiones, desincentivando la creación de nuevos proyectos de generación, lo cual puede impactar negativamente en la capacidad de generación eléctrica del país.

8.- Las energías limpias representan una fuente de electricidad más barata y ecológica.

9.- La intermitencia de este tipo de fuentes se debe a su propia naturaleza, y debido a la limitada capacidad de almacenarse, su capacidad tiene que ser complementada con la de las plantas de generación convencionales.

10.- Quienes podrían beneficiarse de esta medida son aquellas empresas que cuentan con Centrales Eléctricas convencionales, que actualmente tienen capacidad disponible ociosa, como podría ser CFE.

Con base en lo anterior, la COFECE emitió las siguientes recomendaciones:

1.- Que las medidas que adopte el CENACE a propósito de las Centrales Eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en operación, estén basadas en estrictos criterios técnicos directamente vinculados a aspectos de confiabilidad, continuidad y estabilidad en el SEN, y que esos criterios se hagan del conocimiento público.

2.- No otorgar un trato discriminatorio a ciertas Centrales Eléctricas y garantizar, conforme al marco jurídico aplicable, el despacho económico de las plantas conforme a sus costos, de menor a mayor, sin comprometer la estabilidad del SEN.

3.- Definir y hacer públicos los criterios bajo los cuales se suspenderá la implementación de las medidas tomadas en el Acuerdo, por medio de parámetros claros, transparentes y medibles por terceros, sobre todo para la reanudación de las pruebas preoperativas para las centrales eólicas y fotovoltaicas.

4.- Aplicar las intervenciones tomadas en el Acuerdo, únicamente en la medida que sean estrictamente necesarias para asegurar la estabilidad del SEN, con motivo de la epidemia COVID-19, siempre y cuando no existan alternativas que resulten menos restrictivas a la competencia.

5.- Emprender el análisis de las acciones o regulaciones requeridas, en conjunto con todos los jugadores del sector, para en el corto plazo atender las afectaciones identificadas en el SEN y en la operación de CFE como generador de electricidad para el servicio básico, y de “última instancia”; y para crear en el mediano plazo un sistema estable y coherente con las necesidades energéticas y la capacidad productiva del país, de manera que se reduzcan los costos sociales de la generación de electricidad.

Convienen aclarar que la opinión de la COFECE arriba mencionada tiene el carácter de no vinculante en términos del artículo 12, fracción XII de la Ley Federal de Competencia Económica, por lo que habrá que esperar la respuesta por parte del CENACE a dicha opinión. Lo anterior, sin perjuicio de que la COFECE pudiera iniciar una investigación de oficio sobre este tema, y también los competidores afectados pudieran acudir ante la misma a presentar, en su caso, la denuncia correspondiente.

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Competencia por cuantía de los Juzgados de la Ciudad de México, en controversias mercantiles

Autores: Roberto Altamirano y Eduardo Reyes

Los artículos 59, 104 y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México contienen las disposiciones que determinan la competencia de los órganos jurisdiccionales de dicha entidad federativa –Juzgados de lo Civil de Proceso Escrito, de lo Civil de Proceso Oral y de lo Civil de Cuantía Menor–, para conocer de asuntos de naturaleza civil y mercantil. Sobre ese particular, en la sesión ordinaria celebrada el 18 de febrero de 2020, el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México emitió el Acuerdo 40-09/2020, en el que se precisa que a partir del 26 de enero de 2020, la competencia por cuantía en controversias mercantiles, se deberá regir de conformidad con lo siguiente:

1. Los Juzgados de lo Civil de Proceso Escrito conocen de: (i) los juicios ejecutivos mercantiles en que la suerte principal demandada sea superior a la cantidad de $4’000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.), sin considerar intereses y demás accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda, y (ii) los negocios de jurisdicción concurrente que no sea posible cuantificar económicamente al momento de presentarse la demanda ni con posterioridad, cuya competencia no se encuentre asignada expresamente a los Juzgados de lo Civil de Proceso Oral.

2. Los jueces de lo Civil de Proceso Oral conocen de: (i) los juicios ejecutivos mercantiles cuyo monto reclamado sea inferior a la cantidad de $4’000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100M.N), e igual o superior a la cantidad de $682,546.89 (Seiscientos ochenta y dos mil quinientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.), sin tomar en cuenta los accesorios demandados a la fecha de presentación de la demanda, y (ii) los negocios de jurisdicción concurrente que deban tramitarse en la vía oral mercantil, sin límite de cuantía.

3. Los Juzgados de lo Civil de Cuantía Menor conocen de los juicios ejecutivos mercantiles en que la suerte principal demandada sea inferior a la suma de $682,546.89 (Seisicientos ochenta y dos mil quinientos cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.), referida en los artículos 1339 y 1340 del Código de Comercio, misma que fue actualizada de conformidad con el Acuerdo de la Secretaría de Economía publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 30 de diciembre de 2019, y el Acuerdo 36-47/2019 del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México, sin tomar en cuenta los accesorios reclamados a la fecha de presentación de la demanda.

De esta manera, el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México aclaró cuál es la competencia de los órganos judiciales tratándose de asuntos de naturaleza mercantil, en función de su cuantía.

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Amparo personal médico del Centro Médico Nacional La Raza del IMSS

Con fecha 4 de mayo de 2020 Acedo Santamarina, S.C., en colaboración con Fundación Barra Mexicana, A.C., promovió juicio de amparo en representación de treinta y tres médicos especialistas y residentes en el área de oftalmología adscritos a la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General “Dr. Gaudencio González Garza” del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Se reclamó de distintas autoridades, como el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social, la omisión de dotar al personal médico que atiende pacientes infectados de COVID-19 de equipo de seguridad sanitaria adecuado para evitar contagio, así como la omisión de prestar la capacitación profesional y técnica necesaria para la atención de pacientes con COVID-19.

Mediante acuerdo de fecha 4 de mayo de 2020 el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México concedió la suspensión de plano para el efecto de que proveer a los quejosos los insumos médicos y el equipo de protección personal que resulte racional y apropiado para prevenir riesgos de contagio, así como para que se les capacite de manera adecuada a fin de protegerlos eficazmente.

Se especificó que “mientras no se les proporcionen los insumos referidos, las autoridades responsables deberán abstenerse de obligar a los quejosos a desempeñar actividades de atención sanitaria al público, ni habrán de aplicar sanciones administrativas o de índole laboral por la falta de tales servicios”.

Con el otorgamiento de esta medida cautelar se protege el derecho humano a la salud reconocido en el cuarto párrafo del artículo 4o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tanto de los médicos especialistas y residentes como de los pacientes infectados con COVID-19.

El juicio de amparo y el trabajo pro bono se presentan como herramientas eficaces contra las omisiones de nuestras autoridades, obligándolos a través de la vía judicial a que suministren al personal médico del equipo y capacitación adecuada. Es una forma de asegurarnos que se cumpla la ley y, en consecuencia, se salven vidas.

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SAT suspende plazos y términos legales

El 4 de mayo de 2020 se publicó en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria (“SAT”) la sexta versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para 2020.

Se adicionaron diversas reglas, entre ellas, la 13.3. en la que se contempla la suspensión de plazos y términos legales de actos y procedimientos que deban realizarse por y ante el SAT, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2.

Indica que se suspenderá el cómputo de plazos y términos legales que deban realizarse por y ante el SAT, incluyendo las autoridades fiscales de las entidades federativas en términos de los convenios de colaboración. Sin embargo, la referida suspensión se encuentra limitada a que dichos actos o procedimientos no se puedan desarrollar por medios electrónicos, destacando los siguientes:

I. Presentación y resolución del recurso de revocación o de inconformidad.

II. Desahogo y conclusión de ciertos procedimientos a los que se refiere la Ley Aduanera.

III. Inicio o conclusión del ejercicio de las facultades de comprobación, actos de verificación, así como el levantamiento de las actas que deban emitirse dentro de los mismos.

IV. Presentación o resolución de solicitudes de permiso, autorización, concesión, inscripción o registro; así como el inicio o resolución de los procedimientos de suspensión, cancelación o revocación de los mismos.

Es importante destacar que la referida regla señala que no se encuentran suspendidos, al ser una actividad esencial del Estado, entre otros, los siguientes actos y procedimientos:

I. La presentación de declaraciones, avisos e informes.

II. El pago de contribuciones, productos o aprovechamientos.

III. La devolución de contribuciones.

IV. Los actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución.

V. Los actos relativos a la importación y exportación de mercancías, así como de los medios en que se transportan o conducen, incluyendo las referentes al cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias.

La suspensión a que se refiere la presente regla comprenderá del 4 al 29 de mayo de 2020. Tratándose de los plazos que se computen en meses o en años, al cómputo de los mismos se adicionarán 26 días naturales, al término de los cuales vencerá el plazo de que se trate.

En caso de que alguno de los actos o procedimientos cuyo plazo se suspende conforme a la presente regla se realice durante el período de suspensión previsto en la misma, dicho acto se entenderá efectuado el primer día hábil del mes de junio de 2020.

Se resalta que estas modificaciones siguen pendientes de publicarse en el Diario Oficial de la Federación. El texto completo que publicó el SAT puede encontrarse en la siguiente liga: https://www.sat.gob.mx/normatividad/58905/versiones-anticipadas-de-las-rmf

El análisis que se haga para determinar si el cómputo de los plazos y términos legales de un determinado acto o procedimiento que deba realizarse por y ante el SAT, desde nuestro punto de vista, debe ser a profundidad y atendiendo al caso concreto.

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