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Posibles reformas relacionadas con servicios de streaming

El pasado 12 de septiembre del 2019, el senador Ricardo Monreal Ávila, miembro del grupo parlamentario de MORENA, presentó en el Senado una iniciativa de reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado y a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

En cuanto a la Ley del Impuesto al Valor Agregado, la iniciativa tiene por objeto gravar con Impuesto al Valor Agregado a los usuarios de plataformas de “streaming”.

En lo que respecta a la Ley Federal de Telecomunicaciones, la iniciativa tiene dos objetivos: i) incluir como requisito para la prestación de servicios de televisión y audio restringidos por Internet, desde el territorio nacional o desde el exterior (streaming), autorización por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones; y ii) que los servicios de “streaming” garanticen que cuando menos el 30% de su catálogo esté conformado con producción nacional.

El 18 de marzo de 2020, la iniciativa fue aprobada en las comisiones de Hacienda y Crédito Publico y Estudios Legislativos del Senado, y el día de ayer se listó para aprobación en el pleno. Sin embargo, los Senadores decidieron no votar la iniciativa durante la sesión, por lo que se pasará para discusión y aprobación en el mes de septiembre, cuando inicie un nuevo periodo ordinario de sesiones.

Continuaremos dando seguimiento al avance de esta iniciativa y les estaremos informando al respecto. En Acedo Santamarina contamos con una práctica consolidada en materia de telecomunicaciones y estamos listos para brindarle a nuestros clientes soluciones adecuadas a sus necesidades.

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Implicaciones de la crisis económica de 2020 para el mercado de operaciones de factoraje financiero

Como lo reconoció el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el país deberá hacer frente a una crisis económica inevitable que tendrá lugar este año debido, principalmente, al Covid-19, así como al desplome en el precio del petróleo, la caída de la bolsa, entre otros factores. Dicha crisis, como cualquier otra, genera incertidumbre acerca de las consecuencias que tendrá para las negociaciones de operaciones de crédito, entre ellas, las operaciones de factoraje financiero.

El factoraje financiero es una forma de obtener financiamiento; permite la transformación de activos no líquidos en recursos con disponibilidad inmediata al transmitir derechos de crédito de cuentas por cobrar.  A la vez, es benéfico para los corporativos, pues este tipo de operaciones refleja salud crediticia ya que no se expresa como un pasivo en los estados financieros de la sociedad que opta por este tipo de financiamiento. En este sentido, el factoraje financiero cuenta con dos opciones: a) factoraje con recurso, y b) factoraje sin recurso. A diferencia del factoraje sin recurso, el factoraje con recurso garantiza, en beneficio del factorante, obligatoriedad solidaria del factorado en el pago del derecho de crédito. Esto significa un menor riesgo, por lo que suele ser preferido frente al factoraje sin recurso.

Por la naturaleza de la operación, el factoraje implica incertidumbre respecto al pago, y en una crisis económica, la incertidumbre tiende a aumentar. La naturaleza de los derechos de crédito que se transmitan en una operación de factoraje permite identificar, en cierta medida, qué podría esperarse respecto de unas u otras operaciones de factoraje, justamente dependiendo de la naturaleza de los derechos de cobro. Al factor de la incertidumbre se une el aumento de riesgo de impago que genera una crisis económica.

Asimismo, aquellas instituciones que recurren al factoraje financiero, no para conseguir liquidez, sino para obtener una ganancia de la transacción, miden el riesgo de impago y lo reflejan en la disminución del precio que están dispuestos a pagar por los derechos de crédito, por lo que si aumenta el riesgo, aumentará el costo que asumirán aquellos que busquen financiarse por medio del pago anticipado de su cartera. Sin embargo, posiblemente, los derechos de crédito cuenten, por esa misma situación, con un interés muy alto, por lo que, de lograr cobrarlos, habría una ganancia alta para aquellos que obtuvieron los derechos de crédito por medio de factoraje financiero. La cuestión es, en un panorama de crisis, qué tan sostenible será cobrar los derechos de créditos, y más aún, cuál llegará a ser el costo de la falta de confianza por parte de los inversionistas en el pago de sus derechos, también es prudente cuestionar si la alta rentabilidad podrá subsanar dichos riesgos.

Como es razonable, la calidad de los derechos de crédito es directamente proporcional a la calificación crediticia de quiénes los emiten, dicha calificación es un factor que, naturalmente, será importante tener en cuenta, y que, posiblemente, a lo largo de este año en el que se avecina el inicio de una crisis financiera, sufrirá ciertos cambios.

En cuanto al mercado internacional se ha optado por flexibilizar la política monetaria, por lo pronto, en EE. UU., la Reserva Federal (Fed) recurrió a una disminución de la tasa para estimular el crecimiento económico, así como el Banco Central Europeo, el Banco Popular de China y el Banco de Inglaterra, entre otros, incluyendo el Banco de México. Sin embargo, el cierre de fronteras y la cuarentena obligatoria en algunos países, será un factor determinante en la precariedad de la economía mundial.

En suma, es verdad que los inversionistas optarán por realizar operaciones de factoraje financiero, en parte, dependiendo de los factores tradicionales, tales como la naturaleza del derecho de cobro, la calificación de quiénes los emiten, etc., pero también es verdad que esta nueva crisis ha afectado y continuará afectando los mercados financieros, aumentando el riesgo y su correspondiente aversión, por lo que es altamente probable que las operaciones de factoraje financiero sean parte del daño colateral, aunado a que aumentará el costo que asumirán aquellos que busquen financiarse por este medio.

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Suspensión de actividades jurisdiccionales

SCJN SUSPENDE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES

Autores: Roberto Altamirano Fuentes y Eduardo Reyes.

Con sustento en lo dispuesto por los artículos 1º, párrafo tercero, y 4º, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los cuales vinculan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a adoptar las medidas que resulten necesarias para proteger la salud de todas las personas, y considerando el riesgo que implica la contingencia sanitaria derivada del virus CODVID-19, el Pleno de la SCJN, por medio del Acuerdo General 3/2020, de fecha 17 de marzo de 2020, ordenó suspender las actividades jurisdiccionales, de conformidad con lo siguiente: (i) declaró inhábiles los días comprendidos del 18 de marzo al 19 de abril de 2020, en la inteligencia de que durante dicho periodo no correrán términos procesales, y (ii) habilitó los días y horas que resultaren necesarios para proveer sobre la admisión de controversias constitucionales urgentes en las que se haya solicitado la suspensión, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles.

SUSPENSIÓN DE FUNCIONES JURISDICCIONALES A NIVEL LOCAL Y FEDERAL

Con la finalidad de prevenir la propagación del virus COVID-19, y en seguimiento a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), a través del Acuerdo 4/2020, de fecha 17 de marzo de 2020, determinó suspender las funciones jurisdiccionales en los órganos del Poder Judicial de la Federación (PJF), a partir del 18 de marzo y hasta el 19 de abril de 2020. Lo anterior implica esencialmente que: (i) se suspenden las labores de los órganos jurisdiccionales del PJF, (ii) no corran los plazos y términos procesales, (iii) no se celebren audiencias, ni sesiones de los Plenos de Circuito, y (iii) se exceptúan de esta medida, los órganos jurisdiccionales que se encuentren de guardia únicamente para la atención de asuntos urgentes, mismos que se encontrarán laborando en un horario de las 9:00 a las 15:00 horas, adoptando medidas precautorias como el trabajo a distancia y el uso de las herramientas tecnológicas que sean necesarias.

En cuanto a los Centros de Justicia Penal Federal, el CJF acordó suspender los términos procesales distintos a los constitucionales, en el entendido que las audiencias de trámite que no sean urgentes se reprogramaran a partir del 30 de abril de 2020. Son impostergables las determinaciones de carácter urgente tales como:

  1. Calificación de detenciones.
  2. Vinculaciones a proceso.
  3. La implementación y modificación de medidas cautelares relacionadas con prisión preventiva.
  4. Determinaciones sobre extradición.

En el mismo sentido, el Pleno del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, determinó en el Acuerdo 39-14/2020 -adoptado en sesión ordinaria con fecha de 17 de marzo de 2020-, autorizar el “Plan de Contingencia para el Poder Judicial de la Ciudad de México”, lo que conlleva suspender de igual manera las labores y los términos procesales a partir del 18 de marzo  hasta el 20 de abril de 2020. Se exceptuaron de dicha suspensión los órganos jurisdiccionales en materia Penal y Jueces y Juezas del Sistema Procesal Penal Acusatorio, incluyendo Justicia para Adolescentes, así como  la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares, Suspensión Condicional del Proceso, Unidades de Gestión Judicial y Unidades de Gestión Judicial Especializadas.

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA SUSPENDE ACTIVIDADES JURISDICCIONALES

Con motivo del Acuerdo General Plenario 3/2020 de la SCJN y en términos de lo establecido por el artículo 65, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), el Pleno General de la Sala Superior de dicho órgano jurisdiccional, también determinó suspender actividades jurisdiccionales del 18 de marzo al 19 de abril de 2020, en el entendido que durante estos días no correrán términos procesales.

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Se Instala Formalmente el Consejo de Salubridad General

A consecuencia de la pandemia que se vive al día causada por el COVID-19, tal y como lo señaló la Organización Mundial de la Salud el pasado 11 de marzo, en México aún no existía una declaratoria formal de emergencia sanitaria, hasta el día de ayer, a pesar de que la Constitución Mexicana expresamente señala que en caso de epidemias de carácter grave el Consejo de Salubridad General (el “Consejo”), como autoridad sanitaria, tendrá la obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables para éstas. Lo anterior ha conllevado a que en las últimas semanas exista una descoordinación entre los tres niveles de gobierno y las personas físicas o morales de los sectores social y privado, que presten servicios de salud y, por lo tanto, el propósito del Sistema Nacional de Salud resulte ineficaz y no se pueda actuar congruentemente frente al COVID-19.

El Consejo es un órgano colegiado dependiente del Presidente de la República en términos del artículo 73, fracción XVI, base 1a. de la Constitución Mexicana, y tiene el carácter de autoridad sanitaria, con funciones normativas, consultivas y ejecutivas. Las disposiciones emitidas por el Consejo serán de carácter general y obligatorias en el país.

El Constituyente al incorporar las bases que dieron creación al Consejo y al entonces denominado Departamento de Salubridad, tomaron en consideración, entre otras cuestiones: (i) la necesidad de contar con órganos capaces de reaccionar de manera pronta y eficaz ante las diversas contingencias que se pudieren originar en materia de salud; (ii) que dichos órganos tuvieran los recursos necesarios para reaccionar; y (iii) que contaran con la facultad de emitir disposiciones de carácter obligatorio para toda la nación sin que intervinieran autoridades administrativas.

El día de ayer, 19 de marzo del 2020, el Consejo sesionó de manera extraordinaria, con la finalidad de adoptar medidas y planes de protección a la salud frente al COVID-19, y con el propósito de que se garantice el cumplimiento de los objetivos de creación del Consejo, pues debe entenderse que cuenta con la facultad constitucional para reglamentar, en el ámbito de sus competencias constitucionales, las áreas que la Ley General de Salud define como materia de salubridad general para que el Estado mexicano, de manera coordinada, atienda de manera eficaz y oportuna las necesidades de la población a través de un órgano de alta especialidad técnica y científica.

Entre los acuerdos adoptados el día de ayer en la sesión extraordinaria del Consejo el día destacan los siguientes: (i) El pleno del Consejo reconoció a la epidemia ocasionada por el COVID-19 en México como una enfermedad grave de atención prioritaria; (ii) la Secretaría de Salud establecerá las medidas necesarias para la prevención y control de la epidemia de COVID-19, en consenso con los integrantes del Sistema Nacional de Salud; y (ii) se exhortó definir planes de reconversión hospitalaria y expansión inmediata de capacidad para garantizar atención oportuna a los casos de COVID-19.

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