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Posibles reformas a la ley de Pemex

El pasado 9 de enero de 2019, diputados del Grupo Parlamentario de Morena presentaron ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos (la “Iniciativa”).

El objetivo de la Iniciativa consiste en “establecer un marco jurídico que garantice al Ejecutivo federal, a través del Director General de Petróleos Mexicanos (el “Director”), operar de manera integral al ejecutar y cumplir con los objetivos de exploración, explotación y refinación.” (Gaceta Parlamentaria, 2019)

Los diputados propusieron, principalmente, limitar las facultades del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos (el “Consejo”), pues, mencionan que la regulación con la que hoy operan promueve la disgregación de responsabilidad al momento de tomar decisiones, puesto que la Ley de Petróleos Mexicanos reconoce al Consejo la toma de decisiones de naturaleza ejecutiva que, argumentado la postura respecto a que en cualquier empresa de estructura corporativa, dichas decisiones le corresponderían al Director de la misma. En virtud de lo anterior, propusieron ampliar y otorgar mayores atribuciones al Director para la conducción y dirección estratégica de Petróleos Mexicanos (“Pemex”) conforme a la política energética nacional instruida por el Ejecutivo federal.

Los diputados propusieron atender, entre otras, las siguientes premisas:

  • Establecer un marco jurídico que garantice y permita al Director operar Pemex y las diversas empresas que la componen de manera integral para ejecutar y cumplir con los objetivos de exploración, explotación y refinación;
  • Limitar las facultades del Consejo y darle mayores atribuciones al Director para conducir y establecer la dirección estratégica de la empresa;
  • Incorporar al Director al Consejo como invitado permanente con voz, pero sin voto, previéndose que dicho órgano de gobierno no podrá sesionar sin su presencia;
  • Una reducción del número de comités, a efecto de concentrar la atención de los asuntos en dos comités de apoyo a las funciones del Consejo. Subsistiendo el Comité de Auditoría y fusionándose dos para crear el Comité de Inversiones, Adquisiciones, Obras y Servicios, en este último se incluirían las funciones en materia de inversión, así como las de análisis y recomendaciones del Plan de Negocios; y
  • Transferir al Director el plan de negocios, la conducción central y estratégica de Pemex, sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, así como de cualquier empresa en donde Pemex tenga directa o indirectamente capital accionario, de igual manera, nombrar y remover a los directivos de Pemex que ocupen cargos en dos jerarquías inferiores al Director, así como funciones relacionadas con tabuladores y recursos humanos, funciones que actualmente corresponden al Consejo.

Respecto a la Iniciativa propuesta, varios medios se han pronunciado al respecto, señalando riesgos si se aprobase el texto tal y como se presentó, ya que promueve la centralización de la toma de decesiones en el Director General de Pemex, situación que es contraria a las mejores prácticas corporativas en el mercado, y que frena los esfuerzos que se han realizado en los últimos 12 años por la institucionalización de esta empresa productiva del Estado. (México Evalúa, 2019)

Fuentes consultadas:

Gaceta Parlamentaria, 2019. Que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Petróleos Mexicanos, suscrita por diputados del Grupo Parlamentario de Morena. Del sitio: http://gaceta.diputados.gob.mx

México Evalúa, 2019. Riesgo en reforma a Ley de Pemex: mayor interferencia política menores contrapesos y exclusión de la sociedad. Del sitio:

https://www.mexicoevalua.org/2019/01/15/riesgo-en-reforma-a-ley-pemex-mayor-interferencia-politica-menores-contrapesos-exclusion-la-sociedad/

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Eliminación de la compensación universal

Con fecha 28 de diciembre de 2018, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

En su artículo 25, fracción VI, incisos a) y b), se establece que los contribuyentes podrán optar por compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que estén obligadas a pagar por adeudo propio, siempre que ambas deriven de un mismo impuesto, incluyendo sus accesorios.

Los saldos a favor generados hasta 2018, en principio, sí podrán compensarse de forma universal. Se espera este criterio sea confirmado en los próximos días a través de la Resolución Miscelánea Fiscal.

La única opción que quedará al alcance de los contribuyentes será solicitar ante el Servicio de Administración Tributaria la devolución de los saldos a favor. Cuando se solicite la devolución deberá ser sobre el total del saldo a favor.

Se puede analizar si las anteriores disposiciones resultan violatorias de los derechos fundamentales y sus garantías reconocidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, buscando recuperar el derecho a compensar de forma universal.

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El nuevo Convenio de Colaboración entre la UIF y la Secretaría de la Función Pública

Dentro del marco de las acciones que está llevando a cabo el poder ejecutivo para atacar el problema de la corrupción en nuestro país, el pasado 3 de enero del año en curso, la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, firmaron un convenio marco de colaboración a efecto de establecer las bases y mecanismos de colaboración y coordinación conjunta en materia de combate a la corrupción.

Mediante dicho convenio se busca establecer un esquema para el intercambio de información que ayude a investigar posibles violaciones a la Ley General de Responsabilidad Administrativa, por actos indebidos de los servidores públicos, regulados en dicha ley.

Sin embargo, lo anterior tiene como antecedente directo el resultado que México obtuvo en el Informe de Evaluación Mutua de Enero de 2018 del  Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (“GAFI”), del cual México forma parte, y en el cual se señala como uno de sus hallazgos que, “la cantidad de acciones penales y condenas por casos de Lavado de Activos es muy baja”. Según el informe, “Se detectaron deficiencias significativas en el modo en que se investigan los casos de Lavado de Activos. Específicamente, solo muy raramente se realizan investigaciones financieras paralelas y el Lavado de Activos rara vez es perseguido penalmente como un delito autónomo. El nivel de corrupción que afecta a las autoridades de orden público, en particular en el ámbito de los estados, socava su capacidad para investigar y perseguir penalmente los delitos graves.”

Asimismo, otra parte del reporte también señala que, “sobre la base de la información provista en la Evaluación Nacional de Riesgo de México, de junio 2016, realizada en el marco del GAFI  y otros documentos de fuentes públicas, el monto del producto generado por los delitos determinantes cometidos en y fuera de México es alto. Los principales delitos nacionales generadores de fondos se pueden dividir en tres niveles de magnitud: (i) delincuencia organizada nacional, que incluye tráfico de drogas y de personas; (ii) corrupción, y (iii) evasión fiscal.

Como se puede colegir de los resultados del informe de Evaluación Mutua del GAFI, la corrupción sigue siendo un tema pendiente en nuestro país, por lo que, además de perseguir directamente los delitos vinculados con actos indebidos de servidores públicos (como puede ser el cohecho, el tráfico de influencias o el desvío de recursos públicos), también es de suma importancia que se comience a utilizar la inteligencia financiera y se fortalezca la investigación y persecución de los delitos financieros y en particular, del delito de lavado de dinero para coadyuvar en la percusión de dichos delitos cometidos por servidores públicos. A su vez, el combate a la corrupción también ayudará a fortalecer la capacidad de las autoridades de perseguir penalmente el lavado de dinero, pues como se puede observar, lavado de dinero y corrupción, son dos problemas que se encuentran estrechamente vinculados, y cuyo combate requiere una estrategia integral.

Por lo anterior, el nuevo gobierno también ha anunciado que se propondrán nuevos cambios a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a efecto de ampliar su alcance, e incluir a los partidos políticos y a los sindicatos como entidades sujetas a la obligaciones establecidas en dicha ley, y por lo tanto, objeto de supervisión por parte de las autoridades en la materia.

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La grave omisión legislativa en materia de Justicia Cotidiana

El 15 de septiembre de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron y adicionaron los artículos 16, 17 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Justicia Cotidiana. En esencia, dicha reforma constitucional consistió en: (i) establecer la obligación de las autoridades de resolver las controversias sometidas a su consideración, evitando que los formalismos procedimentales impidan que se emita un enjuiciamiento de fondo (artículos 16 y 17), y (ii) fijar la competencia del Congreso de la Unión para expedir una legislación única en materia procesal civil y familiar (artículo 73).

En los artículos transitorios de dicha reforma constitucional se dispone que el Congreso de la Unión debe expedir la citada ley, dentro de un plazo máximo de ciento ochenta días contados a partir del día siguiente al en que fue publicado el citado decreto, y que en igual plazo, se realicen las reformas a las leyes generales, federales y locales que resulten necesarias para incorporar las modificaciones a los artículos 16 y 17 constitucionales.

No obstante que el plazo de ciento ochenta días previsto en el decreto ya transcurrió en exceso, ni el Congreso de la Unión ni las legislaturas locales han cumplido con el mandato constitucional.

La omisión en que han incurrido los órganos legislativos federales y locales del Estado mexicano, viola el derecho fundamental de los particulares a una tutela judicial efectiva, además de permitir injustificadamente  que continúe el rezago judicial actualmente existente en los tribunales, perpetuando así el sentido de impunidad percibido en la mayor parte del territorio nacional.

El incumplimiento a la reforma constitucional es grave si se considera que de acuerdo a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), más de dos terceras partes de los litigios judiciales son precisamente de carácter familiar y civil

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El REDECO (Registro de Despachos de Cobranza) y la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre de 2018.

El REDECO “Registro de Despachos de Cobranza”, es una herramienta de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (“CONDUSEF”), el cual es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios, sectorizado en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se encuentra regulado en la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y en diversas disposiciones de carácter general.

La presente nota busca abundar en el funcionamiento del REDECO y las Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras en materia de Despachos de Cobranza (las “Disposiciones”).

Las Disposiciones regulan la naturaleza y funcionamiento del REDECO, el cual es una herramienta a disposición de los usuarios de servicios financieros (los “Usuarios”) creada para: (i) identificar qué despachos de cobranza son utilizados por las entidades financieras para lograr el cobro de sus créditos, y (ii) presentar las quejas derivadas de la actuación de dichos intermediarios al cobrar los créditos, préstamos o financiamientos otorgados por las entidades financieras a los usuarios.

De acuerdo con la definición proporcionada por las Disposiciones, los despachos de cobranza son: “(…) persona física o moral que actúa como prestador de servicios de la Entidad Financiera, con el propósito de requerir extrajudicialmente el pago de la deuda, así como, negociar y reestructurar los créditos, préstamos o financiamientos, que éstas hubieren otorgado a sus clientes”. A partir de su uso por las instituciones de crédito, los Despachos de Cobranza comenzaron a incurrir en ciertas conductas ilícitas en perjuicio de los Usuarios y de terceros, tales como intimidación y amenazas de cárcel, requerimientos a personas ajenas a la deuda, llamadas telefónicas desde números no identificables, requerimientos de pago en días y horas no hábiles, envío de documentos con apariencia de mandamientos judiciales, etc.

Para detener y prevenir estas malas prácticas, se creó el REDECO, y en diciembre de 2018 se reformaron las disposiciones que lo regulan. El REDECO lleva un registro de todos los despachos de cobranza, les exige a estos identificarse debidamente (nombre, domicilio, número telefónico, entidad financiera que otorgó el crédito, etc.), y no hacer las prácticas mencionadas anteriormente, ya que los ciudadanos pueden presentar una queja ante la CONDUSEF y esta puede sancionar a las entidades financieras con multas que pueden ser desde 13 mil 458 pesos hasta 134 mil 580 pesos por cada incumplimiento que se detecte. Por otro lado, el Código Penal Federal establece sanciones de uno a cuatro años de prisión y multa de 50 mil a 300 mil pesos a quien lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial ilegal. En el 2016, el REDECO recibió 28,220 quejas y en el 2017 recibió 28,652 quejas de usuarios, de éstas 28,220 quejas del 2016, 7,524 correspondieron a las cuatro causas tipificadas como delito.

Con fecha 11 de diciembre de 2018 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas a las disposiciones referidas anteriormente, entre las que se encuentran las siguientes: a) Disposiciones de Carácter General para el Registro de Prestadores de Servicios Financieros; b) Disposiciones de Carácter General para la Organización y Funcionamiento del Buró de Entidades Financieras; c) Disposiciones de Carácter General en Materia de Cláusulas Abusivas contenidas en los Contratos de Adhesión; d) Disposiciones de Carácter General que regulan los Programas de Autocorrección de la CONDUSEF; y e) Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras en materia de Despachos de Cobranza.

Referencias:

  • http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5546191&fecha=11/12/2018
  • Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros
  • Anuario Estadístico de la CONDUSEF 2017
  • Manual de Organización General de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros
  • Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras en materia de Despachos de Cobranza
  • https://www.condusef.gob.mx/Revista/index.php/usuario-inteligente/servicios-financieros/477-ya-conoces-el-redeco
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