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Aprobación de las “Disposiciones Administrativas de Carácter General para permitir a los prestadores de servicios de la industria de telecomunicaciones el acceso a instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional”.

El pleno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aprobó las Disposiciones Administrativas de Carácter General para permitir a los prestadores de servicios de la industria de telecomunicaciones el acceso a instalaciones y derechos de vía del Sistema Eléctrico Nacional (las “Disposiciones”).

Mediante la aprobación de las Disposiciones, se busca fomentar la competencia equitativa y transparente, permitiendo a los Prestadores de Servicios de Telecomunicaciones los (“PST”) el acceso a los más de 11 millones de postes de la Comisión Federal de Electricidad (“CFE”), lo cual en principio derivará en un aumento en la cobertura de los servicios de telecomunicaciones.

A diferencia de las condiciones de acceso que operan actualmente conforme a los lineamientos elaborados por la CFE en los cuales se considera como único criterio el número de cables que pueden ser desplegados, con las nuevas Disposiciones el acceso a los postes de la CFE se basa en criterios objetivos en función del peso y el espacio que ocupará la infraestructura instalada por los PST en ambas caras del poste, lo que permitirá la instalación de un mayor número de cables.

De igual manera, ahora las contribuciones que deberán pagar los PST por el uso de los postes, se basará en el peso de la infraestructura que se instale en los mismos.

Conforme a lo establecido en las Disposiciones, el área de distribución de la CFE deberá crear un sistema electrónico para atender las solicitudes de acceso a los postes de manera ágil y expedita, a través de procedimientos claros y tiempos definidos, lo cual facilitará los trámites para los PST y les brindará certeza en sus solicitudes.

Las Disposiciones buscan garantizar un mejor uso de la infraestructura, por lo cual se incluyeron disposiciones para prohibir prácticas que limiten la capacidad de acceso a los postes. Las Disposiciones entrarán en vigor el 1 de enero de 2019.

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Proyecto de Norma Mexicana sobre Comercio Electrónico

La Secretaría de Economía junto con la Procuraduría Federal del Consumidor presentaron el Proyecto de Norma Mexicana de autorregulación para aquellos comerciantes que ofrezcan bienes o servicios en medios electrónicos.

Este proyecto atiende a las necesidades del cambiante mundo digital y deriva de la independencia del mercado, así como de la realidad comercial de las transacciones electrónicas, con el propósito de fortalecer la competitividad del país.

El proyecto se enfoca en la importancia de proteger y brindar seguridad a los agentes económicos (productores y consumidores) y establece principalmente especificaciones, características y condiciones en relación con lo siguiente:

  • Seguridad de mecanismos de pago;
  • Confidencialidad de datos personales;
  • Seguimiento de las transacciones; y
  • Vías eficientes para presentar peticiones, quejas y reclamos.

En virtud de este proyecto, los consumidores podrán identificar comercios en línea en donde puedan realizar compras seguras.

Actualmente la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria se encuentra evaluando la viabilidad del proyecto, para que el mismo pueda ser sometido a consulta pública y se concrete un dictamen conforme a la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.

Finalmente, este proyecto al ser una norma de carácter voluntario impulsará la competitividad de las empresas y proveedores, y favorecerá la seguridad, confianza y servicio de calidad, en términos del marco jurídico vigente.

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Capítulo 27 o “Capítulo Anticorrupción” del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá

Una de las novedades del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (“AEUMC”) es la creación de un capítulo para la regulación de disposiciones en materia de anticorrupción; materia que el tratado anterior, es decir, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (“TLCAN”), no contemplaba.

En términos generales, con la inclusión de disposiciones anticorrupción en el AEUMC, los tres países que forman parte de dicho acuerdo buscan establecer medidas para prevenir y combatir la corrupción en sus inversiones y relaciones comerciales. Es importante apuntar que el alcance del Capítulo 27 se encuentra limitado a medidas para prevenir y combatir la corrupción, en relación con cualquier asunto previsto en el AEUMC.

Si bien el proyecto del Capítulo 27 -al igual que del resto del contenido del AEUMC- se encuentra en proceso de discusión por parte de cada uno de los congresos de los países involucrados, la Secretaría de Economía ha dado a conocer que el contenido de dicho capítulo versará principalmente sobre los siguientes temas:

(i) Obligación de las partes para adoptar o mantener medidas que consideren necesarias para la protección de cualquier persona, que de buena fe y por motivos razonables, informe a las autoridades competentes de cualquier delito relacionado con los delitos de corrupción.

(ii) Obligación de las partes para incluir o mantener dentro de sus marcos jurídicos, leyes que penalicen el ofrecimiento o solicitud de ventajas indebidas a los funcionarios públicos. Dentro de dicho apartado se incluye la figura del llamado “peculado”.

(iii) Obligación de las partes para adoptar medidas para proveer de procesos adecuados para la capacitación y selección de funcionarios públicos en puestos que se consideren vulnerables a la corrupción, para promover la transparencia en la función pública, para la detección de conflictos de interés y para facilitar el reporte de actos corruptos por parte de los funcionarios públicos.

(iv) Compromiso de las partes para impulsar a las empresas para prohibir pagos de facilitación, así como para que adopten programas internos de cumplimiento.

(v)  Fortalecimiento para la cooperación entre sus respectivas autoridades y para facilitar el intercambio de experiencias en materia de combate a la corrupción.

Si bien, la normativa mexicana cuenta con un marco jurídico en materia de anticorrupción, aún no es del todo claro si el gobierno mexicano deberá realizar ciertas reformas para actualizar la legislación en dicha materia (una vez aprobado el AEUMC), pues, entre otras cuestiones, nuestra normativa no prevé la protección de denunciantes de delitos, como probablemente lo haga el AEUMC.

En cualquier caso el presente Capítulo representará un fortalecimiento a nuestro Sistema Nacional Anticorrupción.

En Acedo Santamarina estamos listos para asesorar a nuestros clientes en asuntos de compliance anticorrupción. Si tuviere alguna duda por favor contacte a Andrés Acedo en aacedo@acsan.mx o +52-55-5950-2222.

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Ratificación del Convenio 98 Sobre el Derecho de Sindicalización y Negociación Colectiva de la Organización Internacional del Trabajo por parte del Senado de la República

El pasado jueves 20 de septiembre el Senado de la República ratificó el Convenio Sobre el Derecho de Sindicación y de Negociación Colectiva de la Organización Internacional del Trabajo (la “OIT”), conocido también como el Convenio 98 de dicha Organización (el “Convenio”).

En virtud de la ratificación de dicho Convenio, las disposiciones contenidas en el mismo se considerarán como derecho vigente en México. Es así que se tomarán medidas para incrementar la protección a la libertad sindical de los trabajadores en lo relativo la libre sindicalización, es decir, los trabajadores tendrán una libertad sindical efectiva para elegir a qué sindicato quieren estar afiliados sin tener injerencia alguna del patrón en dicha decisión.

Es así que, para asegurar la efectiva libertad sindical de los trabajadores, se establecieron dos principales obligaciones a cargo de los patrones:

1) Prohibicion de sujetar el empleo de un trabajador a su afiliación sindical: El Convenio establece que los patrones no pueden condicionar el trabajo de una persona por su afiliación sindical, es decir, no puede sujetarse la permanencia o exlcusión del trabajador a si pertenece o no a un sindicato determinado.

2) Prohibición de despido por afiliaciones sindicales: El Convenio establece también una prohibición expresa a los patrones para despedir a sus trabajadores en virtud de sus afiliaciones sindicales o bien, de una participación de los trabajadores en un determinado sindicato.

Por otro lado, el Convenio, en su artículo 2 establece que todas las organizaciones de trabajadores y de patrones deberán gozar de una protección adecuada en contra de cualquier acto de injerencia de cualquiera de ellas en las otras en temas relativos a su constitución, funcionamiento o adminitración.

Adicionalmente, se establece que las cuotas sindicales únicamente podrán ser cubiertas a los sindicatos de trabajadores por los mismos trabajadores, y es esencial que el patrón cuente con el consentimiento del trabajador para poder descontar y trasladar dichas cuotas de los salarios y percepciones de los trabajadores sindicalizados. En otras palabras, el pago de dichas cuotas deberá ser voluntario.

Finalmente, es importante mencionar que en virtud del Convenio, todas las disposiciones legales mexicanas que sean opuestas a dicho Convenio dejarán de tener vigencia y deberán ser inaplicables. Sirve como ejemplo de lo anterior lo dispuesto en el artículo 395 de la Ley Federal del Trabajo, mismo que contradice lo dispuesto en el Convenio. Dicho artículo establece que: “en el Contrato Colectivo se podrá establecer que el patrón admitirá exlusivamente como trabajadores a quienes sean miembros del sindicato contratante (…)”, lo cual se conoce como la “Cláusula de Exclusión” de los Contratos Colectivos de Trabajo.

En virtud de lo anterior, se espera que distintas dispociones legales sean reformadas a efecto de homologar lo establecido en el Convenio con la legislación aplicable en México, particularmente la Ley Federal del Trabajo.

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Nuevo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá.

El pasado 1 de octubre del presente año, se anunció un acuerdo entre los gobiernos de México, Canadá y los Estados Unidos de América para reemplazar al Tratado de Libre Comercio para América del Norte (“TLCAN”). El nombre de este nuevo acuerdo será AEUMC, o “USMCA”, que proviene de las siglas en inglés de cada uno de los países que son parte de este tratado.

El proyecto de acuerdo que está ahora en discusión de los congresos de cada uno de los países contempla 34 capítulos, que listamos a continuación:

1. Disposiciones Iniciales y Definiciones Generales

2. Trato Nacional y Acceso de Bienes al Mercado

3. Agricultura

4. Reglas de Origen, con Reglas Específicas de Productos

5. Procedimientos de Origen

6. Textiles y Prendas de Vestir

7. Administración Aduanera y Facilitación del Comercio

8. Reconocimiento de la propiedad directa, inalienable e imprescriptible de hidrocarburos del Estado Mexicano

9. Medidas Sanitarias y Fitosanitarias

10. Remedios Comerciales

11. Obstáculos Técnicos al Comercio

12. Anexos Sectoriales

13. Compras del Sector Público

14. Inversión

15. Comercio Transfronterizo de Servicios

16. Entrada Temporal

17. Servicios Financieros

18. Telecomunicaciones

19. Comercio Digital

20. Propiedad Intelectual

21. Política de Competencia

22. Empresas Propiedad del Estado

23. Laboral

24. Medio Ambiente

25. Pequeñas y Medianas Empresas

26. Competitividad

27. Anticorrupción

28. Buenas Prácticas Regulatorias

29. Publicación y Administración

30. Disposiciones Administrativas e Institucionales

31. Solución de controversias

32. Excepciones y Disposiciones Generales

33. Políticas Macroeconómicas y Cuestiones de Tipo de Cambio

34. Disposiciones Finales.

Como siguientes pasos a seguir, cada uno de los países deberá enviar el proyecto de acuerdo para revisión y aprobación de sus respectivos congresos, con el objetivo de firmar el acuerdo a más tardar el último día de noviembre de 2018. En el caso de México, el acuerdo deberá ser ratificado por el Senado, razón por la cual el Ejecutivo envió a las comisiones del Senado correspondientes, el proyecto para su análisis.

Esta noticia es favorable para nuestro país ya que concluye una etapa de incertidumbre para los mercados, lo que generaba un freno para la inversión extranjera en nuestro país.

México es el país con más tratados de libre comercio en el mundo y esto permite un acceso a millones de consumidores, sin embargo, el TLCAN ha sido el más importante hasta ahora por su volumen de negocio. El TLCAN se firmó originalmente en el año 1992 y entró en vigor en los tres países en 1994.

Este tratado ha permitido a México complementar su economía con los procesos productivos de Canadá y Estados Unidos y ha facilitado el intercambio de bienes y servicios lo cual ha llevado a la captación de inversiones productivas.

De acuerdo con datos de la American Chamber of Commerce, México intercambia con Estados Unidos cerca de $2,600,000,000 millones de dólares en productos al día. Por lo mismo, era muy importante para la economía de México continuar siendo parte de este tratado con los países del norte.

La firma de este nuevo acuerdo asegura la permanencia e incremento de la inversión extranjera en México. Sin embargo, presenta nuevos retos para el país, pues el acuerdo impone ciertos compromisos a México para continuar legislando con el fin de impulsar ciertos sectores. Estaremos informando sobre el avance en la revisión de este nuevo acuerdo y el impacto que tendrá en cada sector.

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Legislación secundaria a la Ley para Regular Instituciones de Tecnología Financiera (Ley Fintech).

Conforme a los plazos señalados para tal efecto en la Ley para regular las Instituciones de Tecnología Financiera (“Ley Fintech”), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de marzo del año en curso, el pasado 10 de septiembre fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las Disposiciones de carácter general aplicables a las Instituciones de Tecnología Financiera y las Disposiciones de carácter general a que se refiere el Artículo 58 de la Ley para Regular Instituciones de Tecnología Financiera (las “Disposiciones”), así como la Circular 12/2018 dirigida a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, relativa a las Disposiciones de carácter general aplicables a las operaciones de las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (la “Circular”).

Las Disposiciones buscan establecer un marco normativo aplicable a la organización de las Instituciones de Tecnología Financiera (las “ITF”), así como a la operación de las instituciones de financiamiento colectivo (mejor conocidas como “Crowd funds”), en aras de brindar certeza jurídica y protección a la estabilidad financiera de los usuarios participantes en ellas.

En tal sentido, las Disposiciones regulan temas aplicables a las ITFs, tales como: (i) requisitos para solicitar su autorización; (ii) el capital mínimo que deben tener; (iii) los límites para la recepción de recursos en efectivo y transferencia de fondos; y (iv) temas relativos a su contabilidad.

Por otro lado, se regulan ciertos aspectos relativos a las instituciones de financiamiento colectivo, tales como: (i) temas relativos a la constancia electrónica sobre riesgos; (ii) la metodología de evaluación, selección y calificación de solicitantes y proyectos; (iii) los límites de recursos que éstas pueden mantener a nombre de sus clientes; (iv) los mandatos y comisiones que celebren; y (v) aspectos relativos a su Plan de Continuidad de Negocio, según dicho término se define en las Disposiciones.

Adicionalmente, las Disposiciones establecen normas que deben observar las ITFs en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, partiendo de la idea de que hoy en día se prestan servicios financieros basados en innovaciones tecnológicas que podrían facilitar las operaciones con recursos de procedencia ilícita.  Para tal efecto, las disposiciones establecen obligaciones a cargo de las ITFs dentro de las cuales se encuentran: (i) diseñar e implementar metodologías para evaluar los riesgos derivados de los servicios que prestan; (ii) metodologías efectivas para identificar a sus clientes y clasificar el grado de riesgo de cada uno de ellos; así como (iii) modificar su estructura interna a efecto de contar con un “Oficial de Cumplimiento” y un “Comité de Comunicación y Control”, especializado en temas de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

Finalmente, la Circular tiene como finalidad asegurar el buen funcionamiento de los sistemas de pagos y el sano desarrollo del sistema financiero, así como proteger los intereses del público en general, de tal forma que dicha Circular establece un marco regulatorio con la finalidad de que se aprovechen los beneficios de la eficiencia que las instituciones de fondos de pago electrónico pueden aportar.  Por esta razón, la Circular establece requerimientos que estas instituciones deben observar, específicamente en temas relacionados con la emisión y administración de estas instituciones.

En Acedo Santamarina contamos con una práctica sólida en materia regulatoria y estamos listos para asesorar a nuestros clientes por lo que hace a la operación de las ITFs y la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Para mayores informes contacte a Andrés Acedo en aacedo@acsan.mx o Laura Gabriela Castillo en gcastillo@acsan.mx.

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