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El Fideicomiso, medio ideal para una adecuada planeación sucesoria dentro de la empresa familiar

En la actualidad, es cada vez más común que aquellas personas que encabezan grupos empresariales de corte familiar detengan por un momento el intenso trabajo de cada día para reflexionar sobre la importancia de diseñar e implementar una adecuada planeación sucesoria que garantice, por una parte, la continuidad de su proyecto empresarial, y por la otra, la participación y el trabajo de las siguientes generaciones para lograr esa tan merecida continuidad.

Estas planeaciones involucran una gran cantidad de elementos que será importante conocer, valorar y entrelazar adecuadamente para una exitosa sucesión. Algunos de estos elementos son: el involucramiento o no de los miembros de la familia en la gestión de la empresa, la circunstancia personal y profesional de cada miembro de la familia, la edad, experiencia, escolaridad y desarrollo profesional de cada uno de ellos, la posibilidad de que la familia se extienda a parientes más allá de ascendientes o descendientes directos en línea recta, la preparación de los activos familiares o empresariales para una más eficiente distribución y gestión, la necesidad de un gobierno corporativo que incorpore las mejores prácticas con la participación de profesionales independientes, la distribución periódica de recursos a beneficiarios que sea consistente con la voluntad del fundador o fundadores, las fórmulas que fomenten y alienten el trabajo e involucramiento de las siguientes generaciones y eviten desinterés y conductas que puedan demeritar el valor de la empresa, los criterios para una prudente gestión de los negocios familiares, así como los mecanismos y estructuras legales que aseguren una mejor, rápida y eficiente distribución de activos y una mejor gestión de las empresas al fallecimiento de los fundadores y de las generaciones que los sucedan.

Con el apoyo de otros instrumentos legales como son testamentos, convenios familiares, convenios de accionistas, mandatos, poderes, donaciones, etc., el instrumento ideal para lograr integrar todos y cada uno de los elementos arriba mencionados, es el fideicomiso. El fideicomiso tiene la grandísima ventaja de ser un instrumento flexible que permite incorporar prácticamente todos los deseos del fundador o fundadores de una empresa familiar y facilita el poder regular con todo detalle cada una de muchísimas peculiaridades del grupo empresarial-familiar. Cada empresa y cada familia tienen sus características muy particulares que las hacen diferentes a todas las demás; por eso requieren de una figura legal, como es el fideicomiso, que pueda acomodarse a esas circunstancias, ajustarlas como “un traje a la medida”, y especialmente, dar la tranquilidad y seguridad al fundador o fundadores de que sus instrucciones serán ejecutadas por un tercero independiente para asegurar que sus deseos se cumplan de la mejor forma posible en beneficio de sus sucesores y del propio grupo empresarial.

En Acedo Santamarina contamos con probada experiencia en fideicomisos de planeación sucesoria para empresas familiares. También asesoramos a las familias en la planeación, documentación y ejecución de estructuras que aseguren el cumplimiento de los deseos de sus fundadores y el porvenir de las empresas, pero sobretodo, la protección de la familia y el cuidado de su futuro.

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Acedo Santamarina es reconocido por Chambers & Partners 2018

Chambers & Partners Latin America publicó la lista de las mejores firmas legales para 2019. Nuestro despacho ha sido reconocido de nuevo como firma líder Banda Uno en la práctica TMT (Telecoms, Media, Technology) en México. Asimismo, se ha reconocido a nuestro socio Andrés Acedo Moreno como abogado líder Banda Uno en la práctica TMT y abogado líder Banda Cuatro en la práctica Corporate/M&A.

Además, nuestro socio Rafael Tena Castro ha sido reconocido como abogado líder Banda Cuatro en la práctica Tax.

Algunos de los comentarios de la publicación son los siguientes:

• Estelar despacho boutique al frente del sector telecomunicaciones mexicano. Acreedor de fuerte reconocimiento por su papel como consejero de entes públicos, prestando asesoría en los proyectos de alto perfil del sector. También asiste a grandes clientes internacionales en asuntos relacionados con privacidad de datos, consistentemente logrando contratos con clientes notables dedicados al comercio electrónico. El equipo también ofrece consejos transaccionales a sus clientes del sector.

• Otros abogados los describen como “un despacho boutique muy importante enfocado en el sector TMT”, mientras que sus clientes afirman que son “una de las mejores firmas en el sector TMT en México”.

• En reconocido abogado Andrés Acedo es señalado por nuestras fuentes por su “profundo conocimiento en asuntos regulatorios en este sector”. Otros abogados confirman su posición de liderazgo al describirlo como “muy conocedor” y un “abogado extraordinario”, mientras que sus clientes resaltan especialmente su experiencia en asesorías para el gobierno. Asesora a clientes muy reconocidos en asuntos regulatorios, incluyendo compras gubernamentales, privacidad de datos y derechos de transmisión.

• Rafael Tena Castro, socio de Acedo Santamarina, S.C. se encuentra activo en litigio fiscal. De acuerdo con una fuente, él es un “abogado de alta calidad, con mucha experiencia”. Otra fuente afirma “él es un abogado muy capaz, que puede comprender asuntos complejos muy rápido y provee inmediatamente alternativas de solución para los problemas”.

En Acedo Santamarina nos sentimos muy honrados por este reconocimiento y reiteramos nuestro compromiso de brindar a nuestros clientes servicios jurídicos de excelencia.

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Compliance anticorrupción un tema conocido por todos

Es por todos conocido que la corrupción es un tema apremiante en México, ya que constantemente escuchamos hablar de los altos índices de corrupción que hay en el país. En términos más objetivos, y de acuerdo con las estadísticas más recientes, la organización Transparencia Mexicana dio a conocer que México nuevamente cayó en el Índice de Percepción de Corrupción, al pasar de la posición 123 que obtuvo en el 2016, a la 135 de 180 países que se califican en el ranking.

Como respuesta a esta compleja situación, en 2015 y a raíz de una iniciativa ciudadana, se logró una reforma constitucional, buscando así establecer las bases de un sistema que lograra atacar la corrupción en todos los niveles, de manera efectiva. La creación del Sistema Nacional Anticorrupción representa el esfuerzo más grande que se ha realizado en el país en materia de anti-corrupción. Conjuntamente con la reforma constitucional, la creación del Sistema Nacional Anticorrupción implicó también la creación de nuevas leyes y la reforma de algunas otras.

De entre las nuevas leyes creadas, destaca la llamada “Ley 3 de 3”, la cual se creo por iniciativa ciudadana, y es muy conocida por que entre otras cosas, establece la obligación para los funcionarios públicos de presentar tres declaraciones: la fiscal, la patrimonial y la de intereses. Esta ley denominada Ley General de Responsabilidad Administrativa establece cambios importantes en la materia, siendo uno de los principales que dentro de su ámbito de aplicación se incluyeron no solo a los funcionarios públicos, sino también a los particulares que cometan faltas administrativas graves. La nueva Ley establece sanciones tanto para personas físicas como para personas morales, lo cual es una innovación, puesto que las anteriores legislaciones en la materia no trataban de manera clara la parte de los particulares.

La nueva ley prevé sanciones que son aplicables no solo a las personas físicas que intervengan en infracciones graves a la ley, sino también sanciones para personas morales, las cuales pueden ser disueltas, clausuradas temporalmente o intervenidas en su administración, sujetas a la imposición de multas, o inhabilitadas para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Es importante señalar que la nueva ley contempla también atenuantes y agravantes para efecto de la imposición de sanciones, destacando el contenido en el artículo 25 de dicho ordenamiento el cual establece que en la determinación de la responsabilidad de las personas morales, se valorará si cuentan con una política de integridad. Dicho artículo detalla también los elementos mínimos que debe contemplar una política de integridad para ser considerada como tal, a saber: i) un manual de organización y procedimientos; ii) un código de conducta; iii) normas y procedimientos de control, vigilancia y auditoría; iv) un sistema interno de denuncias, investigación y sanción de actos de corrupción; v) programas permanentes de capacitación e información sobre la política de integridad, la agenda de riesgos y las medidas internas de prevención y mitigación de responsabilidades; vi) políticas objetivas, estables y evaluables de recursos humanos para prevenir la incorporación de personas de riesgo para la integridad de la corporación; y vii) mecanismos internos y externos que aseguren la transparencia y publicidad de sus intereses.

Por lo anterior, resulta importante para los administradores, accionistas y en general, para las personas relacionadas con el ámbito empresarial, revisar si sus empresas cuentan ya con dicha política de integridad. Lo anterior no es tarea menor, pues aunque en el ámbito empresarial se suelen conocer políticas anticorrupción por cumplimiento con normas extranjeras, como el Foreign Corrupt Practicec Act (FCPA) de E.E.U.U. o el UK Bribery Act de Reino Unido, la revisión que se debe realizar con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley General de Responsabilidad Administrativa, implica la preparación de ciertos documentos (códigos de conducta, manuales, políticas, etc.), así como la realización de ciertas actividades para su implementación, por ejemplo, la preparación de programas para la capacitación del personal y la inclusión de cláusulas anti-corrupción en los contratos que celebre la empresa.

La implementación de un programa de integridad empresarial es de suma importancia en la prevención de faltas administrativas graves, es por ello que resulta fundamental tener en cuenta este tema al revisar el cumplimiento de una sociedad, en materia anti-corrupción.

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